Situación con el tipo de cambio en la actualidad

La modificación del tipo de cambio: sus causas y consecuencias.
 Siempre que se habla de economía –en cualquiera de sus variables- hay que tener presente que detrás de cada idea, de cada intervención, de cada medida de política económica, hay intereses concretos. Las cuestiones técnicas son siempre subordinadas a la política, que es la que define el rumbo y, por lo tanto, el sector social que se busca beneficiar. “No tenemos un modelo económico, tenemos un proyecto político” dijo CFK hace unos meses. Recientemente ha retomado el centro de la escena el tema del tipo de cambio. Esta es una variable central para una economía en desarrollo como la nuestra, pero las fuertes fluctuaciones que se observaron tienen que llevarnos a la prudencia acerca de las hipótesis a desarrollar. En los últimos años se observó un incremento de precios y salarios muy por encima de la devaluación de la moneda. La consecuencia de ello es el abaratamiento de los productos valuados en dólares (importaciones, turismo) y la mejora del salario medido en esa misma moneda (o, desde la mirada empresaria, el aumento del costo de la mano de obra en términos internacionales). O sea, hubo un incremento del salario real, aumentó el poder de compra. Esto afecta a sectores industriales que compiten con producción importada y que no han logrado el suficiente desarrollo como para que esa competencia no sea un escollo para producir. Para ellos, el tipo de cambio elevado es una barrera (cambiaria) que los ayuda en esa competencia. Sin embargo, para sectores industriales ya desarrollados o para el sector agropecuario, el tipo de cambio elevado significa, lisa y llanamente, un incremento de su renta. En este contexto es que se dio el fenómeno de la caída de reservas del BCRA que se observa desde principios de 2011, cuando llegamos a tener algo más de U$S 52.000 millones. Desde ese momento, se fueron reduciendo las divisas por una variedad importante de razones: incremento de la importaciones (se achicó el superávit comercial), pérdida de la soberanía energética, incremento del turismo en el exterior, abultados pagos de deuda contraída por anteriores gestiones, y fuga de capitales (entre otras). El último punto jugó un rol central en la historia económica y (principalmente) política de nuestro país. Era una herramienta de presión de los sectores dominantes, lo que les otorgaba un poder de veto sobre las políticas públicas. Hasta finales de 2011 la adquisición de divisas era libre y cualquier que quisiera comprar podía hacerlo sin necesidad (previa) de justificar el origen de esos fondos. Así, quien tuviera la capacidad de coordinar con los empresarios más grandes (en términos económicos) del país, podía generar una corrida afectando seriamente la estabilidad cambiaria. Esto ocurrió en el 2008 (año de la crisis política originada alrededor de la disputa por la renta agraria que suponía la resolución 125), en el 2009 (año de disputa electoral) y en el 2011 (año de renovación presidencial). En esos años hubo un marcado incremento de la formación de activos externos (fuga de capitales). Esta dinámica logró revertirse mediante la limitación impuesta a la compra de divisas (lo que Clarín llama cepo). La fuga de capitales logró detenerse de manera considerable (llegó a superar los U$S 23.000 millones en 2008, los U$S 14.000 millones en 2009 y los U$S 21.500 millones en 2011). El éxito de las limitaciones se observa en que menguaron y se revirtieron las corridas cambiarias a partir de su implementación a fines de 2011: en 2012 la formación de activos externos (fuga de capitales) fue de U$S 3404 millones y en los primeros 9 meses de 2013 (último dato publicado), fue de U$S -356 millones. O sea, reingresaron al país esos dólares fugados previamente. En este contexto el gobierno nacional decide modificar el tipo de cambio. Aquí es importante volver a señalar que esto no se debió a que debe haber una paridad entre los pesos circulantes (base monetaria) y los dólares de las reservas (mediado por el tipo de cambio). Esa paridad sólo se debe dar en un régimen que lo explicite, como lo fue la convertibilidad (aún así no se cumplía). Es por esta razón que una parte del endeudamiento público externo, durante los 90, fue a parar a las reservas: para sostener la paridad entre el peso y el dólar. Las reservas son un medio de cambio que nos sirven para importar lo que no producimos y para pagar la deuda que contrajeron otras gestiones. También han servido para evitar corridas cambiarias como las de los últimos días. Pero no hay ninguna razón económica para que deban coincidir con la base monetaria. En los últimos meses presenciamos una aceleración del gradualismo con el que se venía devaluando la moneda nacional. Las “espaladas anchas” que otorgó la política de acumulación de reservas, permitió la administración del tipo de cambio –mediante la mayor o menor intervención del BCRA en el mercado cambiario (conocida como “flotación sucia”)- y en los últimos meses se había llegado a devaluar al 40/45% anual. El gradualismo de la política permitía morigerar el impacto de la medida en lo que respecta a la inflación (todos los costos de reposición de los productos importados acompañan esta variable, y los que tienen componentes producidos en el extranjero lo hacen proporcionalmente). A su vez, daba cuenta de la fortaleza del Estado para contener cualquier intento de generar caos alrededor del tipo de cambio. Sin embargo, la devaluación pequeña y gradual tenía dos efectos negativos vinculados al comercio exterior. En primer lugar, los importadores tenían fuertes incentivos a adelantar pagos, mientras que por otro lado, los exportadores los tenían para retrasar cobros. Los primeros porque, devaluando 3 centavos por día, el precio en pesos de sus importaciones aumentaría a ese ritmo, mientras que para los segundos sucedía lo contrario con sus cobros. Ambas situaciones afectaban en el corto plazo a las reservas del BCRA, porque las que se requerían para importaciones se adelantaban y las que debían entrar por exportaciones, se retrasaban.

 Llegado a este estado de situación, cabría suponer que el gobierno decidió reacomodar el precio del dólar y que por un tiempo prolongado se mantendrá estable. Así, el miércoles 22 de enero se registró una fuerte suba de la divisa como consecuencia del retiro voluntario del BCRA del mercado (alrededor de 25 centavos en el día) pero sin mayores repercusiones. Sin embargo, al día siguiente, se llegaron a realizar operaciones con más de un peso de devaluación, pudiendo contener la escalada con la simple pero sólida intervención del BCRA. En este punto cabría resaltar que el salto de más de un peso en la cotización del dólar estuvo vinculado con una operación (desestabilizadora) que realizó la petrolera Shell (pagó voluntariamente $8,4 cuando cotizaba $7,3). De esta forma, se disparó el precio de referencia (buscando generar un desmadre) que luego fue reduciéndose con la intervención señalada. No hay explicación sustentada en una racionalidad económica para que una empresa decida pagar a $8,4 algo que el mercado se lo ofrece a $7,3 (y deberá responder ante sus accionistas). Por esta misma razón es que cabría poner en duda la efectividad potencial del reacomodamiento del tipo de cambio como camino a inducir la liquidación de exportaciones y eliminación de adelantos de importaciones. En la entrevista resaltada en el cuadro, el ministro desliza esa posibilidad: serían las decisiones acertadas si el parámetro es económico. Lo mismo que pagar por algo $7,3 en lugar de $8,4. Sin embargo, hay motivos de sobra (como la operación de Shell) para sospechar que el stablishment no está teniendo una racionalidad económica, sino política. Ya no ponen en cuestión algunos puntos de rentabilidad. Cuestionan la continuidad de un proyecto político que no consulta y acuerda con ellos todas las decisiones trascendentes. Es por esto que, unidos y organizados, es muy probable que sigan sin liquidar la cosecha y adelanten importaciones, siempre y cuando se le siga permitiendo estas operatorias. Cuanto más esmerilen las reservas, más probabilidad de obtener el resultado que buscan con las corridas cambiarias: el caos y el cambio de gobierno. Sin embargo, no tienen las condiciones para satisfacer sus deseos. El gobierno salió a demostrar su fortaleza y logró contener el intento de golpe de mercado (bajando la cotización a $7,75) y al día siguiente redobla la apuesta liberando la adquisición de divisas para atesoramiento, dando una señal de holgura en este sentido. Sobre este asunto es importante remarcar dos cosas. En primer lugar, no es que se vuelva a la situación original donde cualquiera puede comprar la cantidad de dólares que desee sin justificar el origen de los pesos con los que los adquiere, sino que dependerá del “flujo de ingresos” que tenga declarado. Esto son los ingresos mensuales del comprador. Por otro lado, solo podrán adquirir divisas para atesoramiento las personas físicas y no las jurídicas (estas son empresas, que pueden acceder a divisas pero no para atesorar sino para importar o girar dividendos en el caso de las extranjeras). Por último, es importante señalar que, si bien va a seguir existiendo un mercado paralelo e ilegal, la posibilidad de adquisición para quienes tengan sus ingresos declarados (y tributen sobre ellos), tendrá un efecto sobre el mercado paralelo (de hecho, había superado los $13 y cerró la semana en $12) reduciendo las expectativas devaluatorias y todo lo que ello conlleva (principalmente, inflación). Creemos que este mecanismo funcionará como limitante para el mercado ilegal del dólar (muy a pesar del deseo de algunos) porque se generará un precio de referencia al cual se puede acceder, limitadamente por el flujo de ingresos, pero que dejaría de hacer rentable no declarar ingresos. Si un agente económico, por ejemplo, un comerciante, un arquitecto, un psicólogo o el titular de cualquier profesión liberal que no declara sus ventas evadiendo el pago de IVA o no factura sus servicios carece de posibilidades de acceder al mercado legal de cambios. La diferencia entre los costos de declarar sus ventas y la diferencia que podría llegar a generarse accediendo al dólar oficial, daría cuenta de un techo, un disciplinamiento virtuoso (que excluye a los evasores incentivando la regularización fiscal, y disminuye las tensiones cambiarias). Desde ya que el mercado ilegal podría seguir consiguiendo abastecimiento, por medio de actividades inconfesables, reñidas con la ley y que requerían de ingenierías más complejas que no serían simplemente declarar ingresos sino blanquear capitales. Otro mecanismo virtuoso que se podría estimular es el de blanqueo de sueldos. Muchos empleados en relación de dependencia cobran una porción de su salario de manera informal. Esta situación puede llegar a excluirlos del mercado de cambios o disminuir su capacidad de compra de divisas. Así se generaría un incentivo para que los empleados presionen a empleadores en este sentido, principalmente en un contexto como el actual, donde los trabajadores adquirieron capacidad de negociación. De todas formas, siendo un mercado ilegal, opaco y pequeño, pueden generarse fuertes fluctuaciones en períodos breves. Pero si quienes lo desean, logran desmadrar ese mercado, el efecto manada se vería extremadamente limitado. Se podría concluir, utilizando un lenguaje poco apropiado (por neoclásico o neoliberal), que el costo marginal del blanquear ingresos funcionaría como disciplinador de la “brecha” entre el tipo de cambia oficial y el ilegal.

La Cámpora Secretaria Nacional de Formación