Los puntos fundamentales de la gestión de gobierno del período 2003-2013 en materia de
administración de justicia y sistema penal:
1) Renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Néstor Kirchner pidió el 4 de Junio de 2003, al Congreso Nacional, que pusiera en marcha el juicio
político contra algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrantes de la
triste y célebre mayoría automática.
El Congreso avanzó con el juicio político contra el juez Julio Nazareno, quien renunció a su cargo
frente a la inminente aprobación de su acusación en el recinto de la Cámara de Diputados. También
Eduardo Moliné O`Connor, fue destituido por mal desempeño en sus funciones, el 3 de Diciembre
de 2003. Antonio Boggiano fue destituido en el 2005 por el Congreso, mientras que Adolfo Vázquez
y Guillermo López renunciaron a sus cargos cuando vieron que los procesos en su contra tenían un
final inevitable.
Discurso de Néstor: http://www.youtube.com/watch?v=TGlQUHn8ZBc
2) Sanción de los Decretos 222/03 y 588/03.
A través de ambos Decretos, Néstor Kirchner fijó autolimitaciones a la atribución del Poder
Ejecutivo para designar jueces, fiscales y defensores, ordenando la publicidad de sus antecedentes
e instaurando la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones a la propuesta,
disponiendo la realización de audiencias públicas para responder preguntas.
Ello garantizó la participación ciudadana en el procedimiento de nombramiento de jueces y por este
mecanismo fueron designados los jueces de la CSJN, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de
Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti.
El sistema continúa vigente y se encuentra previsto para la designación de todos los jueces, fiscales
y defensores nacionales y federales.
3) En Agosto de 2003 se sancionó la ley 25.779 que declara insanablemente nulas las leyes
23.492 y 23.521 de Punto Final y Obediencia Debida.
Esas leyes impedían al Estado perseguir penalmente los hechos ocurridos durante el período 1976-
1983. Desde allí, comenzaron a juzgarse y condenarse a los genocidas y a instalarse la verdad de
los hechos ocurridos en el terrorismo de Estado. La persecución penal y aplicación del castigo a los
responsables de las atrocidades de la última dictadura cívico-militar, junto a la restitución de la
identidad de 109 nietos, se enmarca en una política de Estado basada en los pilares históricos del
movimiento de Derechos Humanos en la Argentina: Memoria, Verdad y Justicia.
Consultar: http://www.youtube.com/watch?v=OPTk3WyDIpM
4) Derogación delito de calumnias e injurias del Código Penal.
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, promueve la derogación del delito de calumnias e
injurias, previsto en el Código Penal, luego de lo cual, se produjo la sanción de la ley 26.551, que
establece que en ningún caso configurarán delito de calumnia o injurias, las expresiones referidas a
asuntos de interés público.
Ello ocurrió en el marco del homenaje al periodista Eduardo Kimel, autor de la obra "La masacre de
San Patricio", en la que denunció el asesinato de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo
Leaden y Pedro Duffau, y de los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, durante la última
dictadura cívico-militar. Por esa obra, Eduardo Kimel fue perseguido por un juez, con apoyo de la
corporación judicial, durante los años '90. Se lo condenó a pena de prisión en suspenso y a pagar
una abultada indemnización y esta sentencia fue más tarde, ratificada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), falló a favor de
Eduardo Kimel, reconociendo la violación del derecho a la libertad de expresión de Kimel. Cristina
señaló que la modificación del Código Penal respecto de las calumnias e injurias ha sido un “muy
buen paso para la democracia y para la defensa de las ideas”.
Consultar: http://www.youtube.com/watch?v=8JRy-e3R6fs
5) Digesto Jurídico Argentino. El 12 de Julio de 2011 la Presidenta de la Nación envía al Senado el
Digesto Jurídico Argentino. Se trata de una obra que simplifica y determina cuáles son las normas
que se encuentran vigentes, lo que significa consagrar la posibilidad de acceder al conocimiento
real del sistema jurídico argentino y con ello, la democratización del acceso a la justicia pues de las
32.000 normas existentes solo 3.200 permanecen vigentes.
6) Reforma Código Civil: 27/3/12. Por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, el 8 de junio de 2012
ingresa a la Cámara de Senadores el Proyecto de Reforma y unificación de los Códigos Civil y
Comercial de la Nación. Es un Código basado en un paradigma no discriminatorio, que concibe al
hombre en términos igualitarios, sin distinciones basadas en el sexo, la religión, el origen o su
riqueza; con identidad cultural latinoamericana, destinado a integrar el bloque cultural
latinoamericano. Es un código de los derechos individuales pero también de los colectivos al regular
los derechos de incidencia colectiva, en consonancia con la Constitución Nacional. Se trata de un
Código para una sociedad multicultural, que brinda un marco regulatorio a una serie de conductas
sociales que no pueden ignorarse. Es finalmente un Código que aspira a brindar seguridad jurídica
en las transacciones comerciales y que se enmarca en el objetivo de garantizar la democratización
del acceso a la justicia.
http://www.youtube.com/watch?v=YxfQw001c8w
7) Proyecto de reforma Código Penal.
Mediante el Decreto N° 678 del 7 de mayo de 2012 el Poder Ejecutivo de la Nación crea la
Comisión para la elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del
Código Penal de la Nación, integrada con una representación mayoritaria de la oposición. El
objetivo es ajustar el Código Penal a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, incluir
en su texto todas las leyes especiales que hoy están dispersas y lograr que el Código recupere la
coherencia interna que perdió tras las múltiples reformas aisladas desde su sanción, en 1922.
http://www.youtube.com/watch?v=ojGvWVB7elw
8) Centros de Acceso a la Justicia.
Para promover el acceso de todos los ciudadanos a garantizar el ejercicio de sus derechos, se
instalan más de 50 Centros de Acceso a la Justicia en zonas de alta vulnerabilidad de todo el país
atendiendo consultas jurídicas, realizando mediaciones comunitarias y facilitando trámites de
distintas áreas del Estado.
9) Editorial Jurídica Infojus.
Con el fin de democratizar el acceso a la información jurídica se crea la Editorial Jurídica del
Estado, INFOJUS, con una extensa biblioteca digital que es constantemente actualizada que tiene
normativa, jurisprudencia y doctrina, a las que se puede acceder de forma gratuita.
10) Democratización de la justicia.
El Poder Ejecutivo envía al Congreso en Abril de 2013 para su tratamiento, 6 (seis) proyectos de ley
que irían a cambiar la estructura del Poder Judicial dotándolo de base democrática.
Se propone un sistema de ingreso democrático al Poder Judicial, la publicidad de las condiciones
patrimoniales de sus máximos funcionarios y la necesidad de publicar la totalidad de los actos
jurisdiccionales en un Registro. Es decir que se pretende transparentar qué sentencias se dictan,
quienes las realizan, y cómo se ingresa al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación, por
vía de rendir un examen, y una vez aprobado, se elabora una lista para realizar un sorteo público
por la Lotería Nacional.
Además se configuran nuevos tribunales haciendo el sistema más ágil, se otorga sentido a la
medidas cautelares contra el Estado, y se otorga base democrática y legitimidad al órgano político
de selección y remoción de magistrados, el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Las 6 leyes son las siguientes:
1. Ley de MODIFICACIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION;
2. Ley de CREACIÓN DE TRES CÁMARAS DE CASACIÓN CON SEDE EN LA CAPITAL
FEDERAL.
3. Ley de REGULACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN LOS PROCESOS EN
LOS QUE EL ESTADO NACIONAL SEA PARTE;
4. Ley de INGRESO DEMOCRATICO E IGUALITARIO DE PERSONAL AL PODER JUDICIAL DE
LA NACION y AL MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION;
5. Ley de PUBLICIDAD de las DECISIONES JUDICIALES.
6. Ley de LIBRE ACCESIBILIDAD de DECLARACIONES JURADAS DE LOS FUNCIONARIOS DE
LOS TRES PODERES DEL ESTADO.
01/03/13 Anuncio en apertura de Sesiones del Congreso
http://www.youtube.com/watch?v=cVOIzmmW614
8/4/13 Discurso en Museo Bicentenario:
http://www.youtube.com/watch?v=3kjAdS12jE0
Más allá que algunos de estos proyectos, fueron declarados inconstitucionales por parte de
magistrados de las diversas instancias y aún por parte de la CSJN, resulta evidente la
trascendencia histórica de los mismos, como puntapié hacia una verdadera democratización del
sistema de justicia.
viernes, 29 de mayo de 2015
DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA
DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA.
Los seis proyectos de ley enviados al Congreso de la Nación.
La reforma judicial que impulsa nuestro Gobierno Nacional se inspira en un profundo sentido democrático que tiene como eje central garantizar en los tres poderes del Estado, no tan sólo en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo sino que también en el Poder Judicial, el principio de la soberanía popular1, que en nuestro sistema se ejerce por vía del sufragio universal. Repasemos cada uno de los proyectos de ley que integran la reforma, para ver cómo y por qué, esto es así. Es necesario hablar de estos temas, explicarlos con la mayor claridad posible, y comprenderlos, porque se trata de un ámbito en el que en general no participamos todos, sino solo quienes estudian o trabajan con estas cuestiones. Entonces, la población en su conjunto, se encuentra ajena a lo que en esencia se debate. Los proyectos de ley que la Presidenta de la Nación envió al Congreso el 8 de Abril de 2013 para su tratamiento, según había anunciado el 1° de Marzo de 2013 en el Discurso de Apertura de las Sesiones Parlamentarias, son los siguientes:
1. Ley de MODIFICACIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION;
2. Ley de CREACIÓN DE TRES CÁMARAS DE CASACIÓN CON SEDE EN LA CAPITAL FEDERAL.
3. Ley de REGULACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN LOS PROCESOS EN LOS QUE EL ESTADO NACIONAL SEA PARTE;
4. Ley de INGRESO DEMOCRATICO E IGUALITARIO DE PERSONAL AL PODER JUDICIAL DE LA NACION y AL MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION;
5. Ley de PUBLICIDAD de las DECISIONES JUDICIALES.
6. Ley de LIBRE ACCESIBILIDAD de DECLARACIONES JURADAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO.
Vayamos analizando uno por uno cada uno de los proyectos de ley. Al final veremos que los seis proyectos en su conjunto, constituyen un programa ideal para comenzar a garantizar verdadera apertura al conocimiento y a la participación de la comunidad en las cuestiones propias la administración de justicia, que por el momento están reservadas a un ámbito reducido de personas, a la par que generará transparencia y posibilidad de control por parte de la comunidad. 1. Ley de MODIFICACIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION;
El CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION es un órgano del Poder Judicial de la Nación, que según la Constitución Nacional2, tiene a su cargo elaborar ternas de candidatos para cubrir cargos de jueces nacionales y federales y de jueces federales del interior del país. Esas ternas luego serán remitidas al Poder Ejecutivo de la Nación, para que elija uno de los tres candidatos propuestos y, con acuerdo del Senado, se designe al juez para cada cargo. Además el Consejo formula acusación
1 Artículo 22 de la Constitución Nacional: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”. Artículo 33 de la Constitución Nacional: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”. Artículo 37 de la Constitución Nacional: “Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”. 2 Artículo 114 de la Constitución Nacional: “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.
de los jueces por mal desempeño ante un Jurado de Enjuiciamiento. Y también la Constitución prevé que el Consejo administra el Poder Judicial. En la actualidad, el Consejo está integrado por 13 miembros: 6 legisladores, 3 senadores y 3 diputados, 4 por la mayoría y 2 por la minoría; 3 jueces que son elegidos por los jueces asociados a la Asociación de Magistrados; 2 abogados que son elegidos 1 por los abogados de la Capital Federal y 1 por los abogados del interior del país; 1 representante del ámbito académico y científico que lo elige el Consejo Interuniversitario Nacional y 1 representante del Poder Ejecutivo, que lo designa el Presidente de la Nación. La ley de reforma del Consejo proyecta ampliar la cantidad de miembros a un total de 19 y elegir a todos los miembros por vía del sufragio universal conforme al sistema de las P.A.S.O., respetando el artículo 38 de la Constitución Nacional y garantizando la igualdad en la composición de cada uno de los estamentos: seis representantes del Poder Legislativo (3 diputados y 3 senadores, 4 por la mayoría y 2 por la minoría); 6 profesionales del derecho (3 abogados y 3 jueces, representando los dos lados del mostrador de los tribunales, 4 por la mayoría y 2 por la minoría) y 6 ciudadanos del ámbito académico y científico (4 por la mayoría, 2 por la minoría) y 1 representante del P.E.N.. Esto es muy importante, porque se legisla en el marco democrático y de acuerdo a la interpretación del artículo 114 de la Constitución Nacional que más derechos acuerda a los ciudadanos, se legisla en clave de participación popular. Esto constituye una decisión política que se inscribe en un modelo económico y político que concibe a la participación ciudadana y la inclusión social, como ejes estructurales del programa y la acción de gobierno. Entonces los abogados, los jueces y los académicos y científicos, en lugar de ser elegidos por sus colegas, serán elegidos por la totalidad del Pueblo de la Nación Argentina, en elecciones nacionales y por la vía de los partidos políticos. Además se elimina la exigencia para los senadores y diputados de ser abogados e impide que se puedan presentar a concurso quienes hayan desempeñado cargo o función pública durante la última dictadura cívico militar.
Está claro entonces, que la reforma instala una reflexión profunda acerca del poder judicial y del sistema de administración de justicia en su conjunto, porque permite garantizar la participación popular para elegir a los representantes que van elegir jueces y acusarlos por mal desempeño a la par que administrar el Poder Judicial, más allá que esto último haya sido siempre cuestión de disputa entre la Corte y el Consejo, desde que fue creado por la Ley 24.937, en el año 1998. Frente a ello, vemos con claridad, que aquellos que se rasgan las vestiduras diciendo “que se atenta contra la República”, en realidad se oponen a que se proponga la oxigenación del Poder Judicial por vía de garantizar la participación popular en la elección de los consejeros y pretenden que sigan siendo los grupúsculos de asociaciones de magistrados, colegios de abogados y grupos de decanos de las universidades, los que continúen eligiendo a los representantes. Quienes se oponen a la aprobación de esta ley en verdad se oponen a que el Pueblo participe en las cuestiones de la administración de justicia, se oponen a que el Pueblo vote. Entonces retrotraen la situación de la República, a unos más de cien años hacia atrás, cuando en nuestro país se instaló la necesidad de considerar a los nuevos actores sociales y en función de ello, se aprobó la denominada Ley Sáenz Peña, en la que se estableció el voto secreto y universal y se inició entonces, el camino para garantizar la definitiva participación popular que se coronaría con el voto femenino que tendría lugar en el año 1947, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Desde allí, se dejó definitivamente de lado el “voto calificado” o “restringido” según el cual, el sufragio se condiciona a una determinada posición social, económica o de instrucción. Por lo demás, debe tenerse en cuenta que siempre la Constitución previó que a los jueces los elige el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Y que el Consejo de la Magistratura es un órgano que se incorpora con la reforma de la Constitución en 1994, para garantizar la idoneidad de los postulantes a la par que la participación de los tres poderes del Estado y de las personas especializadas, en la elección de los jueces. Ese mecanismo no se pone en crisis con esta reforma. Todo lo contrario. Se profundiza la participación popular en esa instancia, de modo tal que el proceso de selección de jueces, cuenta con un mayor control de la comunidad, superior al que hasta ahora tenía. La totalidad de los proyectos deben ser analizados con este espíritu democrático que los inspira.
Sigamos. 2. La Ley de CREACIÓN DE TRES CÁMARAS DE CASACIÓN CON SEDE EN LA CAPITAL FEDERAL. Para comprender esta ley, debemos imaginar la organización del poder judicial como una pirámide, en cuya base se ubican los juzgados de primera instancia, por sobre ellos las Cámaras de Apelaciones y por sobre ellas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La organización determina el funcionamiento del poder judicial. Cuando un juez de primera instancia dicta una sentencia, las personas que son parte del juicio pueden apelar la sentencia. Entonces intervienen las Cámaras de Apelaciones y dictan una nueva sentencia, confirmando o modificando la resolución de primera instancia. Las sentencias de las Cámaras de Apelaciones también pueden ser cuestionadas, si existen temas constitucionales en juego, y ello se realiza mediante el planteo de un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el fuero penal en cambio, entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte, existe la Cámara Nacional de Casación Penal, que es considerada el superior tribunal y debe entender en las causas, como previo a que intervenga la Corte. Además, el fuero penal cuenta con Tribunales Orales, que se encargan de realizar los juicios orales y públicos, y que se ubican en la pirámide, a la altura de las Cámaras de Apelaciones. Así, cualquier sentencia de los tribunales orales puede ser recurrida con un recurso que resuelve la Cámara Nacional de Casación Penal. Frente a este cuadro, el proyecto de ley propone la regulación del recurso de casación en todos los fueros, para lo cual crea Cámaras de Casación para los fueros Contencioso Administrativo Federal, del Trabajo y la Seguridad Social y Civil y Comercial. Y propone también la creación de los recursos de inconstitucionalidad y de revisión. Con ello se busca unificar el criterio de los jueces para resolver los casos a nivel nacional y federal, lo que se denomina “unificar la jurisprudencia” (la jurisprudencia es la totalidad de las sentencias que se fueron dictando durante los años anteriores) y descomprimir la tramitación de los juicios ante la Corte. Es importante tener en cuenta además, que en la ley se impone un plazo determinado de 80 días para que la Cámara de Casación resuelva un recurso. Esto, para quienes critican la ley y dicen que, en realidad, se crea una instancia más y esto alarga el proceso. ¿Sabemos cuánto tarda un recurso en resolverse una vez que ingresa en la Corte? ¿No lo sabemos? Natural. Nadie lo sabe. Hay recursos que una vez ingresados en la Corte, están por años esperando sentencia definitiva. Por fin, con la creación de las Cámaras de Casación se reorganiza todo el Poder Judicial y se equipara con la existencia de esa instancia para todos los fueros de la organización judicial. 3. Ley de REGULACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN LOS PROCESOS EN LOS QUE EL ESTADO NACIONAL SEA PARTE Las medidas cautelares son decisiones de los jueces que se adoptan en el marco de un proceso judicial, como previo a dictarse la sentencia definitiva, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de una de las partes en el juicio. En la actualidad, cuando el Estado Nacional es parte en el juicio, las medidas cautelares se adoptan sin avisarle al Estado que hay una acción judicial en su contra y duran de manera indefinida, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. En ocasiones, las medidas cautelares tienen como consecuencia que se suspenda una ley o actos de la administración pública, con lo cual se suspende la satisfacción del interés general que esa ley o acto administrativo busca consagrar o proteger. La reforma propone regular las medidas cautelares, obligando a notificar al Estado Nacional de la acción judicial iniciada, para que elabore un informe previo que dé cuenta del interés público comprometido. Por lo demás, las medidas cautelares podrán dictarse por un plazo no mayor a seis meses. Y se habilita una prórroga si ello es indispensable.
Es importante destacar que la ley prevé que aquellas medidas cautelares que sean dictadas en contra del Estado Nacional pero a favor de sectores socialmente vulnerables o cuando se encuentre comprometida la vida digna de cualquier ciudadano o un derecho de naturaleza alimentaria o un derecho de naturaleza ambiental, tendrán eficacia sin el informe previo del Estado Nacional.
4. Ley de INGRESO DEMOCRATICO E IGUALITARIO DE PERSONAL AL PJN y AL MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION El proyecto de ley regula el ingreso al Poder Judicial y al Ministerio Público – Fiscalías y Defensorías – desde los cargos de los empleados y en los cargos en los que se requiera título de abogado, de manera igualitaria y democrática. En la actualidad el ingreso no se encuentra regulado y quienes acceden a los cargos, lo hacen por recomendación de familiares, amigos o conocidos de los jueces, fiscales y defensores; es muy popular la frase que dice que “si no tenés un conocido, no entrás a tribunales”. Entonces se regulará el ingreso de: 1. Empleados y Personal de maestranza en el cargo jerárquico inferior. Los aspirantes deberán rendir un examen y aprobarlo. Luego pasarán a integrar una lista de la que resultarán sorteados mediante sorteo público que se realizará a través de Lotería Nacional, para ocupar las vacantes conforme se vayan produciendo; 2. Funcionarios en los cargos letrados. Se administrarán concursos de oposición y antecedentes. Luego de la evaluación, se elaborará el orden de mérito correspondiente. Producidas las vacantes, se seleccionará a los postulantes de acuerdo al orden de mérito establecido. Todos los concursos realizados tendrán una vigencia de dos años, transcurridos los cuales deberá sustanciarse un nuevo concurso. Este proyecto permitirá el ingreso de todos los argentinos, en igualdad de condiciones, al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación. De esta manera se terminará con el acomodo y los privilegios de la popularmente llamada “familia judicial”, a la par que se permitirá una adecuada oxigenación de los cuadros de los que se nutren tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público de la Nación. La aplicación de la ley no afectará las categorías y derechos del personal contratado, que podrán renovar sus contratos o solicitar su pase a planta de acuerdo a la normativa vigente. 5. Ley de PUBLICIDAD de las DECISIONES JUDICIALES Al amparo del principio de la publicidad de los actos de gobierno, se impulsa un Proyecto de Ley que establece como objeto principal la publicación de: 1. Todas las acordadas y resoluciones que dicten la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los Tribunales de Segunda Instancia en lo Federal de todo el país incluida la Capital Federal, y las Cámaras de Apelaciones de la Capital Federal, en el día de su dictado. 2. Las sentencias de los tribunales antes referidos deberán ser publicadas una vez notificadas a todas las partes; Asimismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tribunales inferiores que integran el Poder Judicial de la Nación deberán publicar una lista con la totalidad de las causas en trámite, indicándose, número de expediente, carátulas, objeto del pleito, fuero de origen, fecha de inicio, estado procesal y fecha de ingreso al tribunal. Las publicaciones se realizarán a través de un diario judicial en formato digital, en la página de internet de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resguardando el derecho a la intimidad, al honor de las personas. Asimismo deberán publicarse en el diario judicial, las cuestiones a dirimir en los Acuerdos y reuniones que lleve a cabo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tengan por objeto el dictado de sentencias, acordadas o resoluciones, con antelación no menor a cinco días de su realización.
6. Ley de LIBRE ACCESIBILIDAD de DECLARACIONES JURADAS. Se establece que las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, serán de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona a través de Internet, en forma gratuita. Esta ley modifica y complementa la Ley 25.188 Nacional de Ética Pública. Incorpora a los jueces, y también a las personas que se postulen para el ejercicio de cargos electivos y al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o equivalente. Algunas conclusiones La democratización del Poder judicial y del sistema de administración de justicia en su conjunto fue iniciada por el ex Presidente Néstor Carlos Kirchner, cuando en el año 2003 dictó los Decretos 222/03 y 588/03, que permiten a los ciudadanos emitir opinión a propósito de los magistrados designados para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y demás magistrados inferiores, nacionales y federales, lo que significó comenzar a desandar el camino para consagrar la efectiva participación popular en el sistema de administración de justicia y constituyó una modificación sustancial histórica en el momento en que fue pensado y puesto en práctica. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos orientó su gestión al acceso a la justicia en un sentido amplio que supone el acceso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de toda la población y en especial de los sectores más postergados. Para promover el acceso de todos los ciudadanos a garantizar el ejercicio de sus derechos, se instalaron 35 Centros de Acceso a la Justicia que funcionan en zonas de alta vulnerabilidad de todo el país atendiendo consultas jurídicas, realizando mediaciones comunitarias y facilitando trámites de distintas áreas del Estado. En el mismo sentido, y con el fin de democratizar el acceso a la información jurídica se creó la Editorial Jurídica del Estado, INFOJUS, con una extensa biblioteca digital que es constantemente actualizada que tiene normativa, jurisprudencia y doctrina, a las que se puede acceder de forma gratuita. Y de todos modos, en el marco de la profundización del modelo de desarrollo con inclusión social, debe efectivizarse una participación popular plena, en razón de lo cual, se promueve la sanción de estas leyes que hemos analizado, que son el puntapié inicial, luego de lo cual vendrán las reformas de los códigos de fondo como así de los procedimientos, muchos de los cuales están en tratamiento. Todo ello sin olvidar que el proceso de democratización, va de la mano de un cambio cultural en las prácticas judiciales y en el comportamiento de la comunidad en relación a las cuestiones de administración de la justicia, para lo cual es necesario conocer y tomar parte activa, a todo lo cual, estas leyes contribuyen.
Los seis proyectos de ley enviados al Congreso de la Nación.
La reforma judicial que impulsa nuestro Gobierno Nacional se inspira en un profundo sentido democrático que tiene como eje central garantizar en los tres poderes del Estado, no tan sólo en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo sino que también en el Poder Judicial, el principio de la soberanía popular1, que en nuestro sistema se ejerce por vía del sufragio universal. Repasemos cada uno de los proyectos de ley que integran la reforma, para ver cómo y por qué, esto es así. Es necesario hablar de estos temas, explicarlos con la mayor claridad posible, y comprenderlos, porque se trata de un ámbito en el que en general no participamos todos, sino solo quienes estudian o trabajan con estas cuestiones. Entonces, la población en su conjunto, se encuentra ajena a lo que en esencia se debate. Los proyectos de ley que la Presidenta de la Nación envió al Congreso el 8 de Abril de 2013 para su tratamiento, según había anunciado el 1° de Marzo de 2013 en el Discurso de Apertura de las Sesiones Parlamentarias, son los siguientes:
1. Ley de MODIFICACIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION;
2. Ley de CREACIÓN DE TRES CÁMARAS DE CASACIÓN CON SEDE EN LA CAPITAL FEDERAL.
3. Ley de REGULACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN LOS PROCESOS EN LOS QUE EL ESTADO NACIONAL SEA PARTE;
4. Ley de INGRESO DEMOCRATICO E IGUALITARIO DE PERSONAL AL PODER JUDICIAL DE LA NACION y AL MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION;
5. Ley de PUBLICIDAD de las DECISIONES JUDICIALES.
6. Ley de LIBRE ACCESIBILIDAD de DECLARACIONES JURADAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO.
Vayamos analizando uno por uno cada uno de los proyectos de ley. Al final veremos que los seis proyectos en su conjunto, constituyen un programa ideal para comenzar a garantizar verdadera apertura al conocimiento y a la participación de la comunidad en las cuestiones propias la administración de justicia, que por el momento están reservadas a un ámbito reducido de personas, a la par que generará transparencia y posibilidad de control por parte de la comunidad. 1. Ley de MODIFICACIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION;
El CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION es un órgano del Poder Judicial de la Nación, que según la Constitución Nacional2, tiene a su cargo elaborar ternas de candidatos para cubrir cargos de jueces nacionales y federales y de jueces federales del interior del país. Esas ternas luego serán remitidas al Poder Ejecutivo de la Nación, para que elija uno de los tres candidatos propuestos y, con acuerdo del Senado, se designe al juez para cada cargo. Además el Consejo formula acusación
1 Artículo 22 de la Constitución Nacional: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”. Artículo 33 de la Constitución Nacional: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”. Artículo 37 de la Constitución Nacional: “Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”. 2 Artículo 114 de la Constitución Nacional: “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.
de los jueces por mal desempeño ante un Jurado de Enjuiciamiento. Y también la Constitución prevé que el Consejo administra el Poder Judicial. En la actualidad, el Consejo está integrado por 13 miembros: 6 legisladores, 3 senadores y 3 diputados, 4 por la mayoría y 2 por la minoría; 3 jueces que son elegidos por los jueces asociados a la Asociación de Magistrados; 2 abogados que son elegidos 1 por los abogados de la Capital Federal y 1 por los abogados del interior del país; 1 representante del ámbito académico y científico que lo elige el Consejo Interuniversitario Nacional y 1 representante del Poder Ejecutivo, que lo designa el Presidente de la Nación. La ley de reforma del Consejo proyecta ampliar la cantidad de miembros a un total de 19 y elegir a todos los miembros por vía del sufragio universal conforme al sistema de las P.A.S.O., respetando el artículo 38 de la Constitución Nacional y garantizando la igualdad en la composición de cada uno de los estamentos: seis representantes del Poder Legislativo (3 diputados y 3 senadores, 4 por la mayoría y 2 por la minoría); 6 profesionales del derecho (3 abogados y 3 jueces, representando los dos lados del mostrador de los tribunales, 4 por la mayoría y 2 por la minoría) y 6 ciudadanos del ámbito académico y científico (4 por la mayoría, 2 por la minoría) y 1 representante del P.E.N.. Esto es muy importante, porque se legisla en el marco democrático y de acuerdo a la interpretación del artículo 114 de la Constitución Nacional que más derechos acuerda a los ciudadanos, se legisla en clave de participación popular. Esto constituye una decisión política que se inscribe en un modelo económico y político que concibe a la participación ciudadana y la inclusión social, como ejes estructurales del programa y la acción de gobierno. Entonces los abogados, los jueces y los académicos y científicos, en lugar de ser elegidos por sus colegas, serán elegidos por la totalidad del Pueblo de la Nación Argentina, en elecciones nacionales y por la vía de los partidos políticos. Además se elimina la exigencia para los senadores y diputados de ser abogados e impide que se puedan presentar a concurso quienes hayan desempeñado cargo o función pública durante la última dictadura cívico militar.
Está claro entonces, que la reforma instala una reflexión profunda acerca del poder judicial y del sistema de administración de justicia en su conjunto, porque permite garantizar la participación popular para elegir a los representantes que van elegir jueces y acusarlos por mal desempeño a la par que administrar el Poder Judicial, más allá que esto último haya sido siempre cuestión de disputa entre la Corte y el Consejo, desde que fue creado por la Ley 24.937, en el año 1998. Frente a ello, vemos con claridad, que aquellos que se rasgan las vestiduras diciendo “que se atenta contra la República”, en realidad se oponen a que se proponga la oxigenación del Poder Judicial por vía de garantizar la participación popular en la elección de los consejeros y pretenden que sigan siendo los grupúsculos de asociaciones de magistrados, colegios de abogados y grupos de decanos de las universidades, los que continúen eligiendo a los representantes. Quienes se oponen a la aprobación de esta ley en verdad se oponen a que el Pueblo participe en las cuestiones de la administración de justicia, se oponen a que el Pueblo vote. Entonces retrotraen la situación de la República, a unos más de cien años hacia atrás, cuando en nuestro país se instaló la necesidad de considerar a los nuevos actores sociales y en función de ello, se aprobó la denominada Ley Sáenz Peña, en la que se estableció el voto secreto y universal y se inició entonces, el camino para garantizar la definitiva participación popular que se coronaría con el voto femenino que tendría lugar en el año 1947, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Desde allí, se dejó definitivamente de lado el “voto calificado” o “restringido” según el cual, el sufragio se condiciona a una determinada posición social, económica o de instrucción. Por lo demás, debe tenerse en cuenta que siempre la Constitución previó que a los jueces los elige el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Y que el Consejo de la Magistratura es un órgano que se incorpora con la reforma de la Constitución en 1994, para garantizar la idoneidad de los postulantes a la par que la participación de los tres poderes del Estado y de las personas especializadas, en la elección de los jueces. Ese mecanismo no se pone en crisis con esta reforma. Todo lo contrario. Se profundiza la participación popular en esa instancia, de modo tal que el proceso de selección de jueces, cuenta con un mayor control de la comunidad, superior al que hasta ahora tenía. La totalidad de los proyectos deben ser analizados con este espíritu democrático que los inspira.
Sigamos. 2. La Ley de CREACIÓN DE TRES CÁMARAS DE CASACIÓN CON SEDE EN LA CAPITAL FEDERAL. Para comprender esta ley, debemos imaginar la organización del poder judicial como una pirámide, en cuya base se ubican los juzgados de primera instancia, por sobre ellos las Cámaras de Apelaciones y por sobre ellas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La organización determina el funcionamiento del poder judicial. Cuando un juez de primera instancia dicta una sentencia, las personas que son parte del juicio pueden apelar la sentencia. Entonces intervienen las Cámaras de Apelaciones y dictan una nueva sentencia, confirmando o modificando la resolución de primera instancia. Las sentencias de las Cámaras de Apelaciones también pueden ser cuestionadas, si existen temas constitucionales en juego, y ello se realiza mediante el planteo de un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el fuero penal en cambio, entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte, existe la Cámara Nacional de Casación Penal, que es considerada el superior tribunal y debe entender en las causas, como previo a que intervenga la Corte. Además, el fuero penal cuenta con Tribunales Orales, que se encargan de realizar los juicios orales y públicos, y que se ubican en la pirámide, a la altura de las Cámaras de Apelaciones. Así, cualquier sentencia de los tribunales orales puede ser recurrida con un recurso que resuelve la Cámara Nacional de Casación Penal. Frente a este cuadro, el proyecto de ley propone la regulación del recurso de casación en todos los fueros, para lo cual crea Cámaras de Casación para los fueros Contencioso Administrativo Federal, del Trabajo y la Seguridad Social y Civil y Comercial. Y propone también la creación de los recursos de inconstitucionalidad y de revisión. Con ello se busca unificar el criterio de los jueces para resolver los casos a nivel nacional y federal, lo que se denomina “unificar la jurisprudencia” (la jurisprudencia es la totalidad de las sentencias que se fueron dictando durante los años anteriores) y descomprimir la tramitación de los juicios ante la Corte. Es importante tener en cuenta además, que en la ley se impone un plazo determinado de 80 días para que la Cámara de Casación resuelva un recurso. Esto, para quienes critican la ley y dicen que, en realidad, se crea una instancia más y esto alarga el proceso. ¿Sabemos cuánto tarda un recurso en resolverse una vez que ingresa en la Corte? ¿No lo sabemos? Natural. Nadie lo sabe. Hay recursos que una vez ingresados en la Corte, están por años esperando sentencia definitiva. Por fin, con la creación de las Cámaras de Casación se reorganiza todo el Poder Judicial y se equipara con la existencia de esa instancia para todos los fueros de la organización judicial. 3. Ley de REGULACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN LOS PROCESOS EN LOS QUE EL ESTADO NACIONAL SEA PARTE Las medidas cautelares son decisiones de los jueces que se adoptan en el marco de un proceso judicial, como previo a dictarse la sentencia definitiva, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de una de las partes en el juicio. En la actualidad, cuando el Estado Nacional es parte en el juicio, las medidas cautelares se adoptan sin avisarle al Estado que hay una acción judicial en su contra y duran de manera indefinida, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. En ocasiones, las medidas cautelares tienen como consecuencia que se suspenda una ley o actos de la administración pública, con lo cual se suspende la satisfacción del interés general que esa ley o acto administrativo busca consagrar o proteger. La reforma propone regular las medidas cautelares, obligando a notificar al Estado Nacional de la acción judicial iniciada, para que elabore un informe previo que dé cuenta del interés público comprometido. Por lo demás, las medidas cautelares podrán dictarse por un plazo no mayor a seis meses. Y se habilita una prórroga si ello es indispensable.
Es importante destacar que la ley prevé que aquellas medidas cautelares que sean dictadas en contra del Estado Nacional pero a favor de sectores socialmente vulnerables o cuando se encuentre comprometida la vida digna de cualquier ciudadano o un derecho de naturaleza alimentaria o un derecho de naturaleza ambiental, tendrán eficacia sin el informe previo del Estado Nacional.
4. Ley de INGRESO DEMOCRATICO E IGUALITARIO DE PERSONAL AL PJN y AL MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION El proyecto de ley regula el ingreso al Poder Judicial y al Ministerio Público – Fiscalías y Defensorías – desde los cargos de los empleados y en los cargos en los que se requiera título de abogado, de manera igualitaria y democrática. En la actualidad el ingreso no se encuentra regulado y quienes acceden a los cargos, lo hacen por recomendación de familiares, amigos o conocidos de los jueces, fiscales y defensores; es muy popular la frase que dice que “si no tenés un conocido, no entrás a tribunales”. Entonces se regulará el ingreso de: 1. Empleados y Personal de maestranza en el cargo jerárquico inferior. Los aspirantes deberán rendir un examen y aprobarlo. Luego pasarán a integrar una lista de la que resultarán sorteados mediante sorteo público que se realizará a través de Lotería Nacional, para ocupar las vacantes conforme se vayan produciendo; 2. Funcionarios en los cargos letrados. Se administrarán concursos de oposición y antecedentes. Luego de la evaluación, se elaborará el orden de mérito correspondiente. Producidas las vacantes, se seleccionará a los postulantes de acuerdo al orden de mérito establecido. Todos los concursos realizados tendrán una vigencia de dos años, transcurridos los cuales deberá sustanciarse un nuevo concurso. Este proyecto permitirá el ingreso de todos los argentinos, en igualdad de condiciones, al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación. De esta manera se terminará con el acomodo y los privilegios de la popularmente llamada “familia judicial”, a la par que se permitirá una adecuada oxigenación de los cuadros de los que se nutren tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público de la Nación. La aplicación de la ley no afectará las categorías y derechos del personal contratado, que podrán renovar sus contratos o solicitar su pase a planta de acuerdo a la normativa vigente. 5. Ley de PUBLICIDAD de las DECISIONES JUDICIALES Al amparo del principio de la publicidad de los actos de gobierno, se impulsa un Proyecto de Ley que establece como objeto principal la publicación de: 1. Todas las acordadas y resoluciones que dicten la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los Tribunales de Segunda Instancia en lo Federal de todo el país incluida la Capital Federal, y las Cámaras de Apelaciones de la Capital Federal, en el día de su dictado. 2. Las sentencias de los tribunales antes referidos deberán ser publicadas una vez notificadas a todas las partes; Asimismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tribunales inferiores que integran el Poder Judicial de la Nación deberán publicar una lista con la totalidad de las causas en trámite, indicándose, número de expediente, carátulas, objeto del pleito, fuero de origen, fecha de inicio, estado procesal y fecha de ingreso al tribunal. Las publicaciones se realizarán a través de un diario judicial en formato digital, en la página de internet de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resguardando el derecho a la intimidad, al honor de las personas. Asimismo deberán publicarse en el diario judicial, las cuestiones a dirimir en los Acuerdos y reuniones que lleve a cabo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tengan por objeto el dictado de sentencias, acordadas o resoluciones, con antelación no menor a cinco días de su realización.
6. Ley de LIBRE ACCESIBILIDAD de DECLARACIONES JURADAS. Se establece que las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, serán de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona a través de Internet, en forma gratuita. Esta ley modifica y complementa la Ley 25.188 Nacional de Ética Pública. Incorpora a los jueces, y también a las personas que se postulen para el ejercicio de cargos electivos y al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o equivalente. Algunas conclusiones La democratización del Poder judicial y del sistema de administración de justicia en su conjunto fue iniciada por el ex Presidente Néstor Carlos Kirchner, cuando en el año 2003 dictó los Decretos 222/03 y 588/03, que permiten a los ciudadanos emitir opinión a propósito de los magistrados designados para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y demás magistrados inferiores, nacionales y federales, lo que significó comenzar a desandar el camino para consagrar la efectiva participación popular en el sistema de administración de justicia y constituyó una modificación sustancial histórica en el momento en que fue pensado y puesto en práctica. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos orientó su gestión al acceso a la justicia en un sentido amplio que supone el acceso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de toda la población y en especial de los sectores más postergados. Para promover el acceso de todos los ciudadanos a garantizar el ejercicio de sus derechos, se instalaron 35 Centros de Acceso a la Justicia que funcionan en zonas de alta vulnerabilidad de todo el país atendiendo consultas jurídicas, realizando mediaciones comunitarias y facilitando trámites de distintas áreas del Estado. En el mismo sentido, y con el fin de democratizar el acceso a la información jurídica se creó la Editorial Jurídica del Estado, INFOJUS, con una extensa biblioteca digital que es constantemente actualizada que tiene normativa, jurisprudencia y doctrina, a las que se puede acceder de forma gratuita. Y de todos modos, en el marco de la profundización del modelo de desarrollo con inclusión social, debe efectivizarse una participación popular plena, en razón de lo cual, se promueve la sanción de estas leyes que hemos analizado, que son el puntapié inicial, luego de lo cual vendrán las reformas de los códigos de fondo como así de los procedimientos, muchos de los cuales están en tratamiento. Todo ello sin olvidar que el proceso de democratización, va de la mano de un cambio cultural en las prácticas judiciales y en el comportamiento de la comunidad en relación a las cuestiones de administración de la justicia, para lo cual es necesario conocer y tomar parte activa, a todo lo cual, estas leyes contribuyen.
jueves, 28 de mayo de 2015
Restitución del sable sanmartiniano al Museo Histórico Nacional
LA SOBERANIA ES DEL
PUEBLO
El talismán de la Patria
vuelve a su Pueblo.
Este
domingo 24 de mayo nuestro pueblo vuelve a ser protagonista de la Historia. El
Sable Corvo del Libertador de América vuelve al Museo Histórico Nacional. Este
baluarte del General San Martin es el símbolo que representa nuestra soberanía
nacional y su defensa irrestricta frente a la agresión imperial y sus cómplices
locales a través de la larga marcha de la liberación de nuestra patria.
En
sus últimos días, el Libertador dejó testimonio de su legado a través del
testamento que escribiera en Francia, y cuyo tercer punto versa:
“El sable que me ha acompañado en toda la
guerra de la independencia de la América del Sud, le será entregado al General
de la República Argentina, Don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la
satisfacción que como argentino he tenido, al ver la firmeza con que ha
sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los
extranjeros que trataron de humillarla”. José de San Martin, Generalísimo de la República del Perú
y fundador de su libertad al igual que la de Chile, como así también Brigadier
General de la Confederación Argentina.
Durante la agresión
anglo-francesa, el propio San Martín había escrito a Rosas desde Europa,
lamentando no ponerse a disposición del esfuerzo bélico nacional por su mal
estado de salud. Es así como el sable que acompañó la liberación de América del
Sur, llega a manos del Restaurador de las Leyes como reconocimiento a su
defensa de la soberanía nacional. Entendió San Martín una continuidad histórica
entre su propia tarea y la del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Décadas después, la
familia de Rosas donó el sable al Estado Nacional en 1897. El mismo quedó bajo
la custodia del Museo Histórico Nacional para que todo el Pueblo pueda
contemplarlo.
En pleno Siglo XX, durante los oscuros y gloriosos años de la
Resistencia Peronista, un comando de la Juventud Peronista, compuesto por Osvaldo Agosto, Manuel Félix Gallardo, Alcides Bonaldi y Luis
Sansoulet, recuperó el Sable Corvo de manos
del Estado Gorila y Fusilador. Su intención era llevárselo al General Perón,
exiliado en Madrid. Fue en el año 1963, en plena dictadura de José María Guido;
y durante meses una multitud de jóvenes se acercó clandestinamente al lugar
donde estaba escondido a jurar por la Patria y por Perón. Luego de torturas
policiales a numerosos compañeros, el sable fue devuelto al Estado. Otro
intento de entregarle el sable a Perón fracasó en 1965.
Ya en la Dictadura de Onganía, se retira
el sable del Museo y su destino es el Regimiento
de Granaderos a Caballo General San Martín donde estuvo hasta el día de hoy.
Mientras que las
fuerzas de la antipatria intentaron alejar este símbolo de su verdadero
sentido, el movimiento popular incansablemente luchó por devolverlo a las manos
de los libertadores de nuestra patria. En ese marco, nuestra Presidenta ha
tomado una definición fundamental: el Sable Corvo retorna al lugar que le
corresponde, a la vista de toda la sociedad, en manos del pueblo.
El sable es el
símbolo de nuestra soberanía y de su defensa. No es casualidad que haya sido el
propio San Martin quien lo dejara bajo la custodia de Rosas, la gloriosa
juventud militante de la Resistencia haya luchado por ponerlo en manos de Perón,
y que ahora sea nuestra Presidenta quien lo tome y lo lleve como bandera a la
victoria.
Decía Cristina en el acto por el día de la
Soberanía Nacional:
“Será necesario despojar
nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han
metido. Son más fuertes, más invisibles, más dañinas, más profundas que los
cañonazos. Porque muchas veces nos hacen ver las cosas no con el cristal de la
patria, sino con el cristal de los intereses de otros.”
La
lucha contra la colonización, contra los cristales de los intereses de otros,
es hoy más importante que nunca. Por eso en este acto, todos y todas junto a
nuestra Presidenta gritaremos: ¡Viva la Patria!
SAN MARTIN – ROSAS –
PERON – NESTOR Y CRISTINA
viernes, 22 de mayo de 2015
25 de mayo de 1810
Tenemos Patria
Cerca de la revolución
El 14 de mayo de 1810 llegaron al puerto de Buenos Aires los diarios europeos, con algunos meses atraso como era habitual en esos tiempos. Daban cuenta del avance del ejército francés sobre el reino de España, que había comenzado dos años atrás. A comienzos del siglo XIX las comunicaciones estaban a años luz de las velocidades actuales, sin embargo ya tenían su impacto en la realidad política. Ni bien se esparció la noticia de que la ciudad de Sevilla -uno de los últimos reductos ajenos a la dominación francesa- había caído bajo el poder de Napoleón, las fuerzas criollas que desde hace un tiempo intentaban tener una mayor autonomía respecto de la metrópoli se empezaron a movilizar. Empezaba una semana de agitación política que terminaría con la creación de una Junta de Gobierno, desatando un proceso político revolucionario que terminaría, años después, con la independencia del Río de la Plata.
La revolución de Mayo condensa un proceso que no arrancó esa semana, sino que tuvo su caldo de cultivo en las invasiones inglesas de 1806 y 1807. En el marco de la disputa entre los imperios de Gran Bretaña y España por el control de los mares y los territorios coloniales, los habitantes de Buenos Aires vivieron la experiencia de ser defensores de su propia ciudad. Fueron ellos mismos, los vecinos de a pie, quienes lograron impedir que Buenos Aires cayera en manos extranjeras, lo cual a la vez revelaba la debilidad de la estructura colonial gobernante. Para defender a ciudad del ataque inglés, se crearon milicias armadas, con la particularidad de que las tropas elegían a sus jefes, rompiendo una lógica colonial fundamental como era el orden jerárquico inmutable y la separación del pueblo en la toma de decisiones políticas. Al menos durante esta coyuntura, sectores sociales que nunca habían tenido voz ni voto alcanzaron un protagonismo inédito en la vida pública urbana. Como suele suceder, una vez que se abrió esa puerta era muy difícil volver a la situación anterior. Solo faltaba que el contexto permitiera que aquella experiencia se profundizara. La “democratización” social que produjeron las invasiones inglesas en Buenos Aires puede explicar que, pocos años después, esta ciudad fuera la que liderara el proceso revolucionario en el Río de la Plata. ¿Qué somos?
El 25 de mayo fue también un momento donde se tensionaron las identidades de pertenencia. Los revolucionarios de Mayo no tenían posibilidad de pensarse como “argentinos” (una identidad que se formaría muchos años después) sino “americanos”, con distintos grados de cercanía con la
identidad española, de acuerdo al linaje familiar, a si habían o no estudiado en Europa o la clase social a la que pertenecían. Lo que explica que el primer objetivo revolucionario fuera, antes que la independencia, lograr una mayor autonomía mediante la creación de un gobierno propio. También se jugaba allí la libertad de comercio (durante la colonia, España prohibía a todos sus territorios comerciar con cualquier otra potencia). De tal manera, no es cierto (como señaló la historiografía mitrista) que existiese una identidad nacional previa a la revolución. Los hombres de Mayo, los padres fundadores, fueron empujados a la ruptura con España, impulsados por la necesidad de resistir los embates realistas, más que por una decisión premeditada. La primera opción fue el acuerdo entre los sectores liberales de avanzada a ambas márgenes del Atlántico que tenían el objetivo común de enfrentarse al absolutismo monárquico. Ese conflicto es el conflicto central de la época, que tiene su epicentro en Europa, y repercute en América, potenciado por el carácter colonial del sometimiento a la monarquía. Lo que explica, en parte, las dilaciones y demoras para declarar la independencia entre 1812 y 1815.
La rosca política de Mayo
Entre el 18 y el 25 de mayo los vecinos de Buenos Aires presionan para que el Cabildo -que era el órgano político más importante de la Ciudad- convoque a una reunión con el fin de discutir la formación de un nuevo gobierno. Lo que está ocurriendo es inédito: una construcción de actores políticos libres donde antes sólo había súbditos. Se mezclan allí abogados que tenían lecturas e información de los acontecimientos y debates europeos, como Mariano Moreno, militares de carrera como Cornelio Saavedra y también sectores urbanos y rurales populares, que veían en la revolución un camino para superar las formas de explotación y dominación brutales que imponía el régimen colonial en la población. Como toda revolución, la de Mayo de 1810 no fue una secuencia ordenada de “héroes” que desfilaron enunciando consignas, sino un proceso político complejo, donde sectores con intereses diversos coincidiero en lo fundamental: un mayor grado de libertad y una democratización social y política, después de siglos de colonialismo. Moreno, que no participó del famoso Cabildo Abierto del día 25, pero terminaría integrando la Primera Junta como secretario, expresaba a un sector intelectual muy formado, que se había preparado para hacer carrera en la función pública colonial, pero que al mismo tiempo, en su paso por la Universidad (Moreno estudió en Chuquisaca, en la actual Bolivia) había a Montesquieu, Voltaire y Rousseau, inspiradores de la Revolución Francesa. Antes de volver a Buenos Aires, Moreno conoció la explotación salvaje que se abatía sobre los pueblos indígenas en las minas de Potosí. Con esa experiencia, Moreno volvió a Buenos Aires y se sumó rápidamente a los grupos que, en secreto, conspiraban contra el orden colonial, antes del estallido de la revolución. La formación y vivencias de Moreno lo ubicaron como una de las voces más avanzadas del proceso. La idea de libertad política y comercial iba de la mano de una emancipación social, el fin de la servidumbre indígena y un rol destacado del Estado en la economía. La obra que condensa esta plataforma política para la Revolución es el célebre “Plan revolucionario de operaciones” escrito poco después del triunfo de Mayo1. French, Castelli, Belgrano y Monteagudo, entre otros, se enrolarán en esta línea de pensamiento y acción.
Cornelio Saavedra, que presidió la Junta, era el emergente de aquellas milicias urbanas que habían surgido con las invasiones inglesas. Saavedra, que como Moreno había estudiado en el colegio San Carlos (aunque no terminó los estudios ni fue a la universidad), había hecho una carrera administrativa en el cabildo de Buenos Aires, hasta que la invasión inglesa lo puso al frente del regimiento de Patricios. Como otras milicias, la de Saavedra estaba formada por voluntarios que lo eligieron jefe. De una orientación ideológica mucho más moderada que Moreno, Saavedra representó al mismo tiempo un liderazgo importante sobre sectores populares de la población. En estas dos personalidades se sintetizan las líneas internas dentro de la Revolución, que terminarían de explotar poco tiempo después.
Pero la revolución de Mayo no se agota en los confines de Buenos Aires. Luego del 25 de mayo, con la Junta de gobierno ya formada, el asiento del poder virreinal fue trasladado a Montevideo, el otro puerto de importancia en el Río de la Plata. Desde allí, las fuerzas realistas intentarán frenar a la revolución de Buenos Aires y evitar su expansión al resto de la región. En este contexto, un tiempo después emergió otra de las figuras centrales de este proceso. Gervasio Artigas, que revistaba como militar en el cuerpo de Blandengues de la Banda Oriental, había sido enviado, sin éxito, a combatir a los levantamientos revolucionarios en la provincia de Entre Ríos. Al tiempo, Mariano Moreno, en búsqueda de nuevos aliados para la causa revolucionaria, puso los ojos sobre este jefe militar de la otra orilla del Río de la Plata. No se equivocó. Poco tiempo después, Artigas viajó a Buenos Aires en busca de hombres y recursos para combatir a las fuerzas realistas en Montevideo. Artigas tenía la intención de sitiar la ciudad pero, en medio de la operación militar, Buenos Aires firmó una tregua con el virrey. Artigas debió abandonar el sitio a la ciudad e inicia un éxodo masivo de milicias y población civil hacia la región de las Misiones (lo que hoy es Misiones, Corrientes y Entre Ríos). El contacto con ese mundo rural y popular hizo que la experiencia revolucionaria artiguista, que iría entrando cada vez más en conflicto con el poder de Buenos Aires, tuviera una profundidad única. En el ideario artiguista se puede encontrar la entrega de la tierra pública a las poblaciones de la campaña, la instauración del voto universal masculino, la libre navegación de los ríos, la federalización del puerto y de la aduana y la defensa de las autonomías regionales entre otras medidas. Pero el movimiento revolucionario es todavía más grande. Con apenas meses de diferencia, las revueltas contra el orden colonial se repiten en el Alto Perú, en Venezuela, Colombia, Chile, etc.
Lo que se terminó construyendo como una historia “nacional” (es decir, limitada a un territorio que sólo se definiría mucho después) fue en su momento un terremoto político continental. Las historias parciales que todavía hoy siguen siendo el “sentido común” fueron, en verdad, armadas por la necesidad de los sectores dominantes que se apoderaron de estos procesos de independencia y, por ende, del poder político de las nuevas nacionales –a las que, por lo tanto, pudieron imponerles un relato afín a sus intereses. Las “patrias chicas” fueron, así, un producto de la derrota de los hombres como Moreno, Artigas, San Martín y Bolívar y la victoria de los sectores conservadores, ligados a los intereses comerciales de los puertos, que darían por terminado el ciclo revolucionario, una vez alcanzado el objetivo del libre comercio.
1810 y 2003, dos siglos para poder tener Patria
Volvamos a la revolución de Mayo, a ese día 25, donde un grupo no muy numeroso pero convencido logró torcer un poder que hasta poco tiempo antes parecía inmutable. En esa jornada se produce un quiebre, una ruptura del orden establecido, y se abre un proceso de transformación política y social que llevaría a una larga guerra contra un poder imperial y, finalmente, a la independencia política y la construcción de una nueva identidad de patria. Y, en este sentido, podemos pensar los puentes con nuestro 25 de mayo, aquel donde también se produjo un
quiebre, donde se abrió un proceso de democratización y de transformación. Los lazos con 1810 son, si se lo piensa, profundos.
Cuando Néstor llegó al gobierno el 25 de mayo de 2003, lo hacía en un país que había disuelto prácticamente su organización política, social y económica. El modelo de país para pocos, conducido por una clase dominante que tiene no pocas ligaduras históricas con aquellos sectores que habían llevado el país durante el siglo XIX hacía la dependencia externa, la producción primaria y la desigualdad social, mostraba sus terribles resultados. Tan profunda había sido esta crisis que la misma identidad patriótica estaba en cuestión: ¿qué significaba ser “argentino” después del 2001, cuando los jóvenes emigraban en masa o estaban condenados a la exclusión y el desempleo?
Y también en un sentido más concreto: después del 2001 el andamiaje institucional se parecía bastante al de la crisis colonial de 1810. Gobiernos provinciales sin recursos, o incluso asambleas barriales, intentando suplantar a un gobierno nacional que se había evaporado. Mirado desde esta perspectiva, la reconstrucción de poder político que llevó adelante Néstor desde el 2003 adquiere un valor histórico incalculable. Una frase de Cristina lo sintetiza claramente: “volvimos a tener Patria”. También como aquella vez, lo que parecía un quiebre en nuestra “patria chica”, producto de nuestra crisis, era un cambio de una escala mayor. La llegada de Néstor era parte de un nuevo clima político en América del Sur. Al igual que las revoluciones del siglo XIX la ola de cambios se produjo con poca diferencia temporal en distintos lugares de continente: Venezuela, Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia, en todos caen y los gobiernos neoliberales y se inician procesos populares. Un orden –si no colonial, de una marcada dependencia y una pobreza generalizada- se había agotado y nuevas fuerzas políticas y sociales asumieron el desafío de pensar una alternativa para nuestros países. Con una diferencia histórica que, tal vez, sea fundamental para que esta vez el camino sea distinto al transitado en el siglo XIX: nuestros dirigentes y nuestras sociedades, en cada uno de los países, tienen conciencia de que la suerte de cada “patria chica” depende de la creación de una verdadera Patria Grande.
1 Link a la versión digital del Plan Revolucionario de Operaciones
http://apuntesdelbicentenario.files.wordpress.com/2011/10/plan-operaciones-mariano-moreno.pdf
Cerca de la revolución
El 14 de mayo de 1810 llegaron al puerto de Buenos Aires los diarios europeos, con algunos meses atraso como era habitual en esos tiempos. Daban cuenta del avance del ejército francés sobre el reino de España, que había comenzado dos años atrás. A comienzos del siglo XIX las comunicaciones estaban a años luz de las velocidades actuales, sin embargo ya tenían su impacto en la realidad política. Ni bien se esparció la noticia de que la ciudad de Sevilla -uno de los últimos reductos ajenos a la dominación francesa- había caído bajo el poder de Napoleón, las fuerzas criollas que desde hace un tiempo intentaban tener una mayor autonomía respecto de la metrópoli se empezaron a movilizar. Empezaba una semana de agitación política que terminaría con la creación de una Junta de Gobierno, desatando un proceso político revolucionario que terminaría, años después, con la independencia del Río de la Plata.
La revolución de Mayo condensa un proceso que no arrancó esa semana, sino que tuvo su caldo de cultivo en las invasiones inglesas de 1806 y 1807. En el marco de la disputa entre los imperios de Gran Bretaña y España por el control de los mares y los territorios coloniales, los habitantes de Buenos Aires vivieron la experiencia de ser defensores de su propia ciudad. Fueron ellos mismos, los vecinos de a pie, quienes lograron impedir que Buenos Aires cayera en manos extranjeras, lo cual a la vez revelaba la debilidad de la estructura colonial gobernante. Para defender a ciudad del ataque inglés, se crearon milicias armadas, con la particularidad de que las tropas elegían a sus jefes, rompiendo una lógica colonial fundamental como era el orden jerárquico inmutable y la separación del pueblo en la toma de decisiones políticas. Al menos durante esta coyuntura, sectores sociales que nunca habían tenido voz ni voto alcanzaron un protagonismo inédito en la vida pública urbana. Como suele suceder, una vez que se abrió esa puerta era muy difícil volver a la situación anterior. Solo faltaba que el contexto permitiera que aquella experiencia se profundizara. La “democratización” social que produjeron las invasiones inglesas en Buenos Aires puede explicar que, pocos años después, esta ciudad fuera la que liderara el proceso revolucionario en el Río de la Plata. ¿Qué somos?
El 25 de mayo fue también un momento donde se tensionaron las identidades de pertenencia. Los revolucionarios de Mayo no tenían posibilidad de pensarse como “argentinos” (una identidad que se formaría muchos años después) sino “americanos”, con distintos grados de cercanía con la
identidad española, de acuerdo al linaje familiar, a si habían o no estudiado en Europa o la clase social a la que pertenecían. Lo que explica que el primer objetivo revolucionario fuera, antes que la independencia, lograr una mayor autonomía mediante la creación de un gobierno propio. También se jugaba allí la libertad de comercio (durante la colonia, España prohibía a todos sus territorios comerciar con cualquier otra potencia). De tal manera, no es cierto (como señaló la historiografía mitrista) que existiese una identidad nacional previa a la revolución. Los hombres de Mayo, los padres fundadores, fueron empujados a la ruptura con España, impulsados por la necesidad de resistir los embates realistas, más que por una decisión premeditada. La primera opción fue el acuerdo entre los sectores liberales de avanzada a ambas márgenes del Atlántico que tenían el objetivo común de enfrentarse al absolutismo monárquico. Ese conflicto es el conflicto central de la época, que tiene su epicentro en Europa, y repercute en América, potenciado por el carácter colonial del sometimiento a la monarquía. Lo que explica, en parte, las dilaciones y demoras para declarar la independencia entre 1812 y 1815.
La rosca política de Mayo
Entre el 18 y el 25 de mayo los vecinos de Buenos Aires presionan para que el Cabildo -que era el órgano político más importante de la Ciudad- convoque a una reunión con el fin de discutir la formación de un nuevo gobierno. Lo que está ocurriendo es inédito: una construcción de actores políticos libres donde antes sólo había súbditos. Se mezclan allí abogados que tenían lecturas e información de los acontecimientos y debates europeos, como Mariano Moreno, militares de carrera como Cornelio Saavedra y también sectores urbanos y rurales populares, que veían en la revolución un camino para superar las formas de explotación y dominación brutales que imponía el régimen colonial en la población. Como toda revolución, la de Mayo de 1810 no fue una secuencia ordenada de “héroes” que desfilaron enunciando consignas, sino un proceso político complejo, donde sectores con intereses diversos coincidiero en lo fundamental: un mayor grado de libertad y una democratización social y política, después de siglos de colonialismo. Moreno, que no participó del famoso Cabildo Abierto del día 25, pero terminaría integrando la Primera Junta como secretario, expresaba a un sector intelectual muy formado, que se había preparado para hacer carrera en la función pública colonial, pero que al mismo tiempo, en su paso por la Universidad (Moreno estudió en Chuquisaca, en la actual Bolivia) había a Montesquieu, Voltaire y Rousseau, inspiradores de la Revolución Francesa. Antes de volver a Buenos Aires, Moreno conoció la explotación salvaje que se abatía sobre los pueblos indígenas en las minas de Potosí. Con esa experiencia, Moreno volvió a Buenos Aires y se sumó rápidamente a los grupos que, en secreto, conspiraban contra el orden colonial, antes del estallido de la revolución. La formación y vivencias de Moreno lo ubicaron como una de las voces más avanzadas del proceso. La idea de libertad política y comercial iba de la mano de una emancipación social, el fin de la servidumbre indígena y un rol destacado del Estado en la economía. La obra que condensa esta plataforma política para la Revolución es el célebre “Plan revolucionario de operaciones” escrito poco después del triunfo de Mayo1. French, Castelli, Belgrano y Monteagudo, entre otros, se enrolarán en esta línea de pensamiento y acción.
Cornelio Saavedra, que presidió la Junta, era el emergente de aquellas milicias urbanas que habían surgido con las invasiones inglesas. Saavedra, que como Moreno había estudiado en el colegio San Carlos (aunque no terminó los estudios ni fue a la universidad), había hecho una carrera administrativa en el cabildo de Buenos Aires, hasta que la invasión inglesa lo puso al frente del regimiento de Patricios. Como otras milicias, la de Saavedra estaba formada por voluntarios que lo eligieron jefe. De una orientación ideológica mucho más moderada que Moreno, Saavedra representó al mismo tiempo un liderazgo importante sobre sectores populares de la población. En estas dos personalidades se sintetizan las líneas internas dentro de la Revolución, que terminarían de explotar poco tiempo después.
Pero la revolución de Mayo no se agota en los confines de Buenos Aires. Luego del 25 de mayo, con la Junta de gobierno ya formada, el asiento del poder virreinal fue trasladado a Montevideo, el otro puerto de importancia en el Río de la Plata. Desde allí, las fuerzas realistas intentarán frenar a la revolución de Buenos Aires y evitar su expansión al resto de la región. En este contexto, un tiempo después emergió otra de las figuras centrales de este proceso. Gervasio Artigas, que revistaba como militar en el cuerpo de Blandengues de la Banda Oriental, había sido enviado, sin éxito, a combatir a los levantamientos revolucionarios en la provincia de Entre Ríos. Al tiempo, Mariano Moreno, en búsqueda de nuevos aliados para la causa revolucionaria, puso los ojos sobre este jefe militar de la otra orilla del Río de la Plata. No se equivocó. Poco tiempo después, Artigas viajó a Buenos Aires en busca de hombres y recursos para combatir a las fuerzas realistas en Montevideo. Artigas tenía la intención de sitiar la ciudad pero, en medio de la operación militar, Buenos Aires firmó una tregua con el virrey. Artigas debió abandonar el sitio a la ciudad e inicia un éxodo masivo de milicias y población civil hacia la región de las Misiones (lo que hoy es Misiones, Corrientes y Entre Ríos). El contacto con ese mundo rural y popular hizo que la experiencia revolucionaria artiguista, que iría entrando cada vez más en conflicto con el poder de Buenos Aires, tuviera una profundidad única. En el ideario artiguista se puede encontrar la entrega de la tierra pública a las poblaciones de la campaña, la instauración del voto universal masculino, la libre navegación de los ríos, la federalización del puerto y de la aduana y la defensa de las autonomías regionales entre otras medidas. Pero el movimiento revolucionario es todavía más grande. Con apenas meses de diferencia, las revueltas contra el orden colonial se repiten en el Alto Perú, en Venezuela, Colombia, Chile, etc.
Lo que se terminó construyendo como una historia “nacional” (es decir, limitada a un territorio que sólo se definiría mucho después) fue en su momento un terremoto político continental. Las historias parciales que todavía hoy siguen siendo el “sentido común” fueron, en verdad, armadas por la necesidad de los sectores dominantes que se apoderaron de estos procesos de independencia y, por ende, del poder político de las nuevas nacionales –a las que, por lo tanto, pudieron imponerles un relato afín a sus intereses. Las “patrias chicas” fueron, así, un producto de la derrota de los hombres como Moreno, Artigas, San Martín y Bolívar y la victoria de los sectores conservadores, ligados a los intereses comerciales de los puertos, que darían por terminado el ciclo revolucionario, una vez alcanzado el objetivo del libre comercio.
1810 y 2003, dos siglos para poder tener Patria
Volvamos a la revolución de Mayo, a ese día 25, donde un grupo no muy numeroso pero convencido logró torcer un poder que hasta poco tiempo antes parecía inmutable. En esa jornada se produce un quiebre, una ruptura del orden establecido, y se abre un proceso de transformación política y social que llevaría a una larga guerra contra un poder imperial y, finalmente, a la independencia política y la construcción de una nueva identidad de patria. Y, en este sentido, podemos pensar los puentes con nuestro 25 de mayo, aquel donde también se produjo un
quiebre, donde se abrió un proceso de democratización y de transformación. Los lazos con 1810 son, si se lo piensa, profundos.
Cuando Néstor llegó al gobierno el 25 de mayo de 2003, lo hacía en un país que había disuelto prácticamente su organización política, social y económica. El modelo de país para pocos, conducido por una clase dominante que tiene no pocas ligaduras históricas con aquellos sectores que habían llevado el país durante el siglo XIX hacía la dependencia externa, la producción primaria y la desigualdad social, mostraba sus terribles resultados. Tan profunda había sido esta crisis que la misma identidad patriótica estaba en cuestión: ¿qué significaba ser “argentino” después del 2001, cuando los jóvenes emigraban en masa o estaban condenados a la exclusión y el desempleo?
Y también en un sentido más concreto: después del 2001 el andamiaje institucional se parecía bastante al de la crisis colonial de 1810. Gobiernos provinciales sin recursos, o incluso asambleas barriales, intentando suplantar a un gobierno nacional que se había evaporado. Mirado desde esta perspectiva, la reconstrucción de poder político que llevó adelante Néstor desde el 2003 adquiere un valor histórico incalculable. Una frase de Cristina lo sintetiza claramente: “volvimos a tener Patria”. También como aquella vez, lo que parecía un quiebre en nuestra “patria chica”, producto de nuestra crisis, era un cambio de una escala mayor. La llegada de Néstor era parte de un nuevo clima político en América del Sur. Al igual que las revoluciones del siglo XIX la ola de cambios se produjo con poca diferencia temporal en distintos lugares de continente: Venezuela, Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia, en todos caen y los gobiernos neoliberales y se inician procesos populares. Un orden –si no colonial, de una marcada dependencia y una pobreza generalizada- se había agotado y nuevas fuerzas políticas y sociales asumieron el desafío de pensar una alternativa para nuestros países. Con una diferencia histórica que, tal vez, sea fundamental para que esta vez el camino sea distinto al transitado en el siglo XIX: nuestros dirigentes y nuestras sociedades, en cada uno de los países, tienen conciencia de que la suerte de cada “patria chica” depende de la creación de una verdadera Patria Grande.
1 Link a la versión digital del Plan Revolucionario de Operaciones
http://apuntesdelbicentenario.files.wordpress.com/2011/10/plan-operaciones-mariano-moreno.pdf
jueves, 7 de mayo de 2015
Material sobre la ley que estatiza los ferrocarriles
“Ramal que arranca no para nunca más”
“El ferrocarril debe cesar de estar al servicio de su propio interés. Debe dejar de perseguir la ganancia como objetivo. Debe cambiar por completo la dirección y el sentido de su actividad para ponerse íntegramente al servicio de los requerimientos nacionales.” Raúl Scalabrini Ortiz El proyecto declara de "interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario y rever los vectores del sistema de explotación de del transporte ferroviario de cargas argentino". La afirmación de la cual se parte en el proyecto es que el Estado puede gestionar incluso más eficientemente que el sector privado. Fue durante la primer presidencia de Juan Domingo Perón, que el Estado Nacional llevó adelante un rol activo en la gestión y control de los servicios ferroviarios a través de la nacionalización, llegando a ser un ejemplo en Latinoamérica con una red ferroviaria con más de 43.000 kilómetros de vías en el año 1947. Con el derrocamiento del General Perón en 1955, los ferrocarriles comienzan a perder interés político por parte de los gobiernos de facto y finalmente son directamente perjudicados en 1958 mediante el establecimiento del Plan Larkin que impuso el desmantelamiento de kilómetros de vías y ramales así como el despido de varios empleados. En 1974 con la vuelta de la Presidencia del General Perón se retoma el desarrollo en materia ferroviaria a través de la modernización del sector pero con el comienzo de la dictadura y en las etapas siguientes es cuando más se verá efectivo el desmantelamiento del sistema ferroviario. Durante la dictadura militar, estando el servicio a cargo del Estado, debido a la política liberal, se condujo a un gran deterioro del mismo, un alto déficit operativo, falta de mantenimiento de bienes e infraestructura y bajo nivel de inversión lo que produjo un bajo nivel en la calidad del servicio con cierre de talleres, despidos masivos y finalmente, caída de la demanda.
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"Ramal que para, ramal que cierra" En la década del 90 con las leyes 23.696 y 23.697 de Reforma del Estado y Privatizaciones y de Emergencia Económica, se completa el desmantelamiento del servicio a través de la privatización de los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros y de cargas mediante el sistema de concesión. Numerosas pequeñas ciudades y pueblos quedaron totalmente aisladas por el cierre de ramales quedando totalmente a la deriva. El transporte ferroviarios de cargas comienza a perder peso frente al transporte automotor principalmente camiones que conlleva un costo superior en el traslado de la carga de origen a destino y mayor propensión a sufrir accidentes viales por el aumento del autotransporte. Debido a la política neoliberal, se produjo, asimismo, el cierre de talleres ferroviarios y mediante los retiros voluntarios y despidos, la reducción masiva del empleo. Las políticas neoliberales provocaron que la recesión en el sector ferroviario fuera en aumento y a nivel socio-económico general el estallido de la crisis a principio de siglo XXI con 53% de la población por debajo de la línea de la pobreza, un 24,8% considerada indigente y una tasa de desempleo del 20,7%, valor nunca antes alcanzado en el país. En consecuencia, en el 2002 se declaró la Ley 25.561 que establece la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. En el año 2003, cuando asume Néstor C. Kirchner, el escenario era devastador. En el sector ferroviario, más de 15.000 vías fuera de servicio, estaciones cerradas y pueblos completamente aislados. Tras doce años de crecimiento sostenido con la expansión del PBI entre el 2003 y 2008 a una tasa promedio anual de 8,5%, el Estado Nacional viene implementando una política en materia ferroviaria de renovación de la infraestructura y material rodante, reactivación de ramales de pasajeros de media y larga distancia, construyendo y poniendo en valor estaciones, así como también la reactivación de talleres ferroviarios. Por ejemplo en las líneas metropolitanas General San Martín, Mitre y Sarmiento se renovó completamente el material rodante. Se adquirieron 220 coches y 22 locomotoras para líneas de larga distancia. Se viene desarrollando un proceso de inversión y recuperación del transporte de cargas siendo éste un importante factor en el desarrollo y fomento de las economías regionales, lo cual abarata los costos de transporte, genera mayor competitividad y brindan mayores posibilidades de colocar los productos en el mercado. Los objetivos del Estado establecidos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner son crear una red ferroviaria de logística que se encuentre
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integrada al circuito productivo regional y sea enlace con los países limítrofes contribuyendo a la integración regional; la integración del territorio y conectividad del país; el desarrollo de economías regionales con equidad social y la creación de puestos de empleo.
Antecedentes
Ley de Reordenamiento Ferroviario (N° 26.352) Sancionada en el 2008, la ley introduce el concepto de separación horizontal del sistema ferroviario, es decir, diferencia la gestión de la infraestructura ferroviaria de la operación de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas. Existen dos elementos fundamentales de capital fijo para la operación de una empresa ferroviaria: el material rodante (locomotoras y vagones) y la infraestructura (vías, estaciones, playa de maniobras). Históricamente las empresas ferroviarias tanto privadas como públicas o concesionadas funcionaron verticalmente. En los últimos años, algunos países llevaron adelante modificaciones con el objetivo de equiparar las condiciones de transporte con otros modos. Se escindieron las empresas, quedando la administración de la infraestructura bajo gestión estatal mientras que los operadores públicos mantuvieron el material rodante. De esta manera, se abrió la competencia a que los privados pudieran operar haciendo uso de la infraestructura a través del pago de un peaje. El objetivo es que a través de la competencia entre operadores se genere el desarrollo del transporte ferroviario. Mediante el artículo 7º de esta ley se creó la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOF) que tiene a cargo el servicio de transporte tanto de pasajeros como de cargas así como también el mantenimiento del material rodante. Esta Sociedad es la que actualmente presta los servicios ferroviarios de las líneas Sarmiento, Mitre, General Roca, Belgrano Sur y San Martín. El artículo 2º creó la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (A.D.I.F) que tiene a su cargo el mantenimiento y administración de la infraestructura ferroviaria actual, las que se construyan en el futuro y la gestión del sistema de control de circulación de trenes. Decreto Nº566
El 21 de mayo de 2013 mediante este decreto se creó la Sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima que tiene por objeto "la prestación y explotación comercial de
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servicio de transporte de cargas, la operación y logística de trenes, la atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, infraestructura, equipos, terminales de carga y servicios de telecomunicaciones y todas las demás actividades complementarias y subsidiarias del sector de la red nacional ferroviaria integrada por el Ferrocarril General Belgrano".
Ferrocarriles Argentinos S.E.
El proyecto toma como modelo al instaurado en Francia en donde se unificó el sistema ferroviario de dicho país poniéndolo a cargo de la Societe Nationale des Chemins de Fer (SNCF) constituyendo un gran holding público en donde funcionan dos nuevas divisiones SNCF Mobilités, operadora, y SNCF Réseau que gestiona la infraestructura. Teniendo en cuenta el lugar estratégico que tienen las SOF, ADIF y el Belgrano Cargas y Logística en el desarrollo de las políticas ferroviarias, el proyecto de ley propone constituir la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado para articular las funciones y competencias de las mismas, así como la articulación de todo el sector ferroviario nacional proponiendo líneas de acción, aprobando programas, proyectos, planes tendientes a la mejora del transporte ferroviario, supervisando su implementación y ejecutando cualquier otra acción que conduzca al cumplimiento de sus objetivos. De esta manera, se busca garantizar un sistema de transporte ferroviario más eficiente, sólido, seguro y sustentable. Esta sociedad estará compuesta por un representante de la Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte, por el Presidente del Directorio de ADIF S.E. o de la sociedad que la reemplace en el futuro, por el Presidente del Directorio de BCYL S.A. o de la sociedad que la reemplace en el futuro, por el Presidente del Directivo de Operadora Ferroviaria S.E o de la sociedad que la reemplace en el futuro, un representante de los usuarios y dos representantes designados por el Ministerio del Interior y Transporte a propuesta por organizaciones gremiales inscriptas y representativas del sector ferroviario.
El proyecto establece la transferencia a Ferrocarriles Argentinos del ciento por ciento del capital social de la ADIF y de Operadora Ferroviaria S.E. y del porcentaje de acciones que corresponden a ADIF y a Operadora Ferroviaria S.E en la Sociedad Belgrano Cargas y Logística. Con respecto a las acciones que representan el 16% de capital social que posee el Estado en Nuevo Central Argentino S.A, Ferroexpreso Pampeano S.A. y
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Ferrosur Roca S.A., serán transferidas a Ferrocarriles Argentinos. Con respecto a estas últimas, el Estado Nacional asume la plena administración en relación a la infraestructura en todo el territorio nacional pudiendo renegociar los contratos de concesión suscriptos con estas sociedades anónimas. Otro punto importante del proyecto es el acceso libre (open access) para el servicio de transporte ferroviario de cargas de manera que cualquier operador ferroviario pueda brindar el servicio para transportar cargas con origen y destino a cualquier punto de la red ferroviaria nacional independientemente de quien sea el titular de las instalaciones. Crea, además, el Registro de Operadores de Carga. La administración de la infraestructura ferroviaria (vías, estaciones y playas de maniobras) así como de los sistemas de control de circulación de trenes quedará a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E pudiendo acordar con los operadores de cargas y pasajeros la autorización para obras de mejoramiento o de renovación de los sectores donde presten servicios. Asimismo cabe destacar que se le otorga la facultad a la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E, a la Sociedad Belgrano Cargas y Logística S.A. y a la Administración de Infraestructuras Ferroviaria la posibilidad de prestar los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, correspondiente a la primera, transporte ferroviario de cargas, correspondiente a la segunda y la administración de la infraestructura, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes en caso de la ADIF, a través de sí o por medio de terceros o en asociación con terceros. El proyecto recibió dos principales modificaciones por parte de la Cámara de Diputados correspondientes a la conformación del Directorio la participación de un representante de los usuarios del servicio ferroviario, y por otro lado, el acceso libre en lo que concierne al transporte ferroviario de pasajeros tal como se establece para el transporte de cargas.
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Soberanía ferroviaria
“Por eso el problema ferroviario puede sintetizarse en la siguiente fórmula: adquirir los ferrocarriles equivale a adquirir soberanía”. Raúl Scalabrini Ortiz. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se recuperó al Estado como actor principal en las tomas de decisiones, en la implementación de políticas públicas y en la asignación de recursos que beneficien a todos los argentinos tras décadas de vaciamiento que impusieron las políticas neoliberales llevadas adelante a partir de la Dictadura y profundizadas en la década del 90 con las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica. Las privatizaciones, lejos de administrar más eficientemente el servicio de transporte ferroviario, desincentivaron la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y material rodante, llevaron al servicio al completo deterioro, produjeron tanto un alto déficit operativo como cientos de pérdidas de puestos de trabajo y poblaciones totalmente aisladas. Las empresas privadas que se hicieron cargo de las concesiones lejos de brindar un servicio público, utilizaron al servicio de transporte ferroviario de cargas para transportar su propia producción y así, abaratar sus costos y usufructuaron los recursos públicos para recibir los subsidios del Estado desatendiendo completamente el mantenimiento de las vías y locomotoras.
Gracias a la recuperación de la política como herramienta de transformación de la realidad hoy se puede aspirar a implementar una visión integral y estratégica con respecto al servicio de transporte ferroviario que permita lograr una planificación eficiente de las inversiones y una adecuada administración de la infraestructura. Gracias a esto, hoy se logró la renovación total del material rodante de las líneas General San Martín, Sarmiento y Mitre y próximamente de las líneas General Roca y Belgrano Sur alcanzando los 1000 coches cero kilómetro. Se reactivaron los servicios de transporte de larga distancia como el emblemático que une la Estación Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Mar del Plata y el servicio internacional que une Posadas, Misiones con Encarnación, Paraguay. Hoy el Belgrano Cargas y Logística funciona bajo administración estatal y establece tarifas preferenciales para transportar productos regionales de pequeños productores y PyMES asignándoles una prioridad dentro de la carga del ferrocarril. Es debido a la recuperación del Estado que hoy se ponen en valor y se reactivan los talleres
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ferroviarios que fueron cerrados en los 90 que generan nuevos puestos de trabajo, se renuevan las estaciones y se vuelve a conectar el país.
Gracias a esto, hoy se puede ver realidad el sueño de los argentinos de volver a recuperar los ferrocarriles a manos del Estado, es decir, como afirma Scalabrini Ortiz de adquirir soberanía.
Resumen
• Declara de "interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario y rever los vectores del sistema de explotación de del transporte ferroviario de cargas argentino".
• Se parte de la premisa de que el Estado puede gestionar incluso más eficientemente que el sector privado.
• El proyecto se inspira en el modelo francés de la SNCF.
• Crea Ferrocarriles Argentinos S.E. para integrar y articular las funciones y competencias de las sociedades creadas por la Ley 26.352 y el Decreto N° 566/13 y articulación de todo el sector ferroviario nacional proponiendo prácticas y líneas de acción coordinadas entre ellas, aprobando políticas, planes, programas y proyectos tendientes a la mejora constante del transporte ferroviario que lleven adelante estas sociedades controladas, supervisando su implementación y ejecutando cualquier otra función que haga al cumplimiento de sus objetivos.
• Se busca garantizar un sistema de transporte más sólido, sustentable, seguro y eficiente.
• El directorio de Ferrocarriles Argentinos estará compuesto por un representante de la Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte, el presidente del directorio de la sociedad Belgrano Cargas y Logística, el presidente del directorio de la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E., el presidente del directorio de Operadora Ferroviaria S.E., dos representantes designados por el Ministerio del Interior y Transporte a propuesta de organizaciones gremiales representativas del sector ferroviario. Debido a la modificación que realizó la
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Cámara de Diputados, también formará parte un representante de los usuarios del servicio de transporte ferroviario.
• Serán transferidas a Ferrocarriles Argentinos los certificados nominativos que representan el 100% del capital social de la ADIF y de Operadora Ferroviaria, así como el 75% del capital social del Belgrano Cargas y Logística, pertenecientes al Estado Nacional.
• Se establece el libre acceso (open access) para el servicio de transporte ferroviario de cargas de manera que cualquier operador ferroviario pueda brindar el servicio para transportar cargas con origen y destino a cualquier punto de la red ferroviaria nacional independientemente de quien sea el titular de las instalaciones. Crea, además, el Registro de Operadores de Carga. Gracias a la modificación en Diputados, el libre acceso también se implementará para el servicio de transporte de pasajeros. De esta manera, se promueve aumentar el tráfico y la competitividad para incentivar el desarrollo del sector.
• El Estado tiene plena potestad en la administración de la infraestructura ferroviaria diferenciando la operación de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas que puede ser llevada a cabo tanto por actores públicos como privados. Es decir, se continúa con la implementación del concepto de separación horizontal del sistema ferroviario introducido por la Ley de Reordenamiento Ferroviario sancionada en el 2008 que diferencia la gestión de la infraestructura ferroviaria bajo administración estatal de la operación de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas.
• El Estado Nacional debe reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de la circulación de trenes pudiendo renegociar los contratos de concesión de Nuevo Central Argentino S.A, Ferroexpreso Pampeano S.A y Ferrosur Roca S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A Concesionaria, así como los contratos de concesión suscriptos por las provincias.
“El ferrocarril debe cesar de estar al servicio de su propio interés. Debe dejar de perseguir la ganancia como objetivo. Debe cambiar por completo la dirección y el sentido de su actividad para ponerse íntegramente al servicio de los requerimientos nacionales.” Raúl Scalabrini Ortiz El proyecto declara de "interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario y rever los vectores del sistema de explotación de del transporte ferroviario de cargas argentino". La afirmación de la cual se parte en el proyecto es que el Estado puede gestionar incluso más eficientemente que el sector privado. Fue durante la primer presidencia de Juan Domingo Perón, que el Estado Nacional llevó adelante un rol activo en la gestión y control de los servicios ferroviarios a través de la nacionalización, llegando a ser un ejemplo en Latinoamérica con una red ferroviaria con más de 43.000 kilómetros de vías en el año 1947. Con el derrocamiento del General Perón en 1955, los ferrocarriles comienzan a perder interés político por parte de los gobiernos de facto y finalmente son directamente perjudicados en 1958 mediante el establecimiento del Plan Larkin que impuso el desmantelamiento de kilómetros de vías y ramales así como el despido de varios empleados. En 1974 con la vuelta de la Presidencia del General Perón se retoma el desarrollo en materia ferroviaria a través de la modernización del sector pero con el comienzo de la dictadura y en las etapas siguientes es cuando más se verá efectivo el desmantelamiento del sistema ferroviario. Durante la dictadura militar, estando el servicio a cargo del Estado, debido a la política liberal, se condujo a un gran deterioro del mismo, un alto déficit operativo, falta de mantenimiento de bienes e infraestructura y bajo nivel de inversión lo que produjo un bajo nivel en la calidad del servicio con cierre de talleres, despidos masivos y finalmente, caída de la demanda.
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"Ramal que para, ramal que cierra" En la década del 90 con las leyes 23.696 y 23.697 de Reforma del Estado y Privatizaciones y de Emergencia Económica, se completa el desmantelamiento del servicio a través de la privatización de los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros y de cargas mediante el sistema de concesión. Numerosas pequeñas ciudades y pueblos quedaron totalmente aisladas por el cierre de ramales quedando totalmente a la deriva. El transporte ferroviarios de cargas comienza a perder peso frente al transporte automotor principalmente camiones que conlleva un costo superior en el traslado de la carga de origen a destino y mayor propensión a sufrir accidentes viales por el aumento del autotransporte. Debido a la política neoliberal, se produjo, asimismo, el cierre de talleres ferroviarios y mediante los retiros voluntarios y despidos, la reducción masiva del empleo. Las políticas neoliberales provocaron que la recesión en el sector ferroviario fuera en aumento y a nivel socio-económico general el estallido de la crisis a principio de siglo XXI con 53% de la población por debajo de la línea de la pobreza, un 24,8% considerada indigente y una tasa de desempleo del 20,7%, valor nunca antes alcanzado en el país. En consecuencia, en el 2002 se declaró la Ley 25.561 que establece la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. En el año 2003, cuando asume Néstor C. Kirchner, el escenario era devastador. En el sector ferroviario, más de 15.000 vías fuera de servicio, estaciones cerradas y pueblos completamente aislados. Tras doce años de crecimiento sostenido con la expansión del PBI entre el 2003 y 2008 a una tasa promedio anual de 8,5%, el Estado Nacional viene implementando una política en materia ferroviaria de renovación de la infraestructura y material rodante, reactivación de ramales de pasajeros de media y larga distancia, construyendo y poniendo en valor estaciones, así como también la reactivación de talleres ferroviarios. Por ejemplo en las líneas metropolitanas General San Martín, Mitre y Sarmiento se renovó completamente el material rodante. Se adquirieron 220 coches y 22 locomotoras para líneas de larga distancia. Se viene desarrollando un proceso de inversión y recuperación del transporte de cargas siendo éste un importante factor en el desarrollo y fomento de las economías regionales, lo cual abarata los costos de transporte, genera mayor competitividad y brindan mayores posibilidades de colocar los productos en el mercado. Los objetivos del Estado establecidos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner son crear una red ferroviaria de logística que se encuentre
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integrada al circuito productivo regional y sea enlace con los países limítrofes contribuyendo a la integración regional; la integración del territorio y conectividad del país; el desarrollo de economías regionales con equidad social y la creación de puestos de empleo.
Antecedentes
Ley de Reordenamiento Ferroviario (N° 26.352) Sancionada en el 2008, la ley introduce el concepto de separación horizontal del sistema ferroviario, es decir, diferencia la gestión de la infraestructura ferroviaria de la operación de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas. Existen dos elementos fundamentales de capital fijo para la operación de una empresa ferroviaria: el material rodante (locomotoras y vagones) y la infraestructura (vías, estaciones, playa de maniobras). Históricamente las empresas ferroviarias tanto privadas como públicas o concesionadas funcionaron verticalmente. En los últimos años, algunos países llevaron adelante modificaciones con el objetivo de equiparar las condiciones de transporte con otros modos. Se escindieron las empresas, quedando la administración de la infraestructura bajo gestión estatal mientras que los operadores públicos mantuvieron el material rodante. De esta manera, se abrió la competencia a que los privados pudieran operar haciendo uso de la infraestructura a través del pago de un peaje. El objetivo es que a través de la competencia entre operadores se genere el desarrollo del transporte ferroviario. Mediante el artículo 7º de esta ley se creó la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOF) que tiene a cargo el servicio de transporte tanto de pasajeros como de cargas así como también el mantenimiento del material rodante. Esta Sociedad es la que actualmente presta los servicios ferroviarios de las líneas Sarmiento, Mitre, General Roca, Belgrano Sur y San Martín. El artículo 2º creó la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (A.D.I.F) que tiene a su cargo el mantenimiento y administración de la infraestructura ferroviaria actual, las que se construyan en el futuro y la gestión del sistema de control de circulación de trenes. Decreto Nº566
El 21 de mayo de 2013 mediante este decreto se creó la Sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima que tiene por objeto "la prestación y explotación comercial de
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servicio de transporte de cargas, la operación y logística de trenes, la atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, infraestructura, equipos, terminales de carga y servicios de telecomunicaciones y todas las demás actividades complementarias y subsidiarias del sector de la red nacional ferroviaria integrada por el Ferrocarril General Belgrano".
Ferrocarriles Argentinos S.E.
El proyecto toma como modelo al instaurado en Francia en donde se unificó el sistema ferroviario de dicho país poniéndolo a cargo de la Societe Nationale des Chemins de Fer (SNCF) constituyendo un gran holding público en donde funcionan dos nuevas divisiones SNCF Mobilités, operadora, y SNCF Réseau que gestiona la infraestructura. Teniendo en cuenta el lugar estratégico que tienen las SOF, ADIF y el Belgrano Cargas y Logística en el desarrollo de las políticas ferroviarias, el proyecto de ley propone constituir la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado para articular las funciones y competencias de las mismas, así como la articulación de todo el sector ferroviario nacional proponiendo líneas de acción, aprobando programas, proyectos, planes tendientes a la mejora del transporte ferroviario, supervisando su implementación y ejecutando cualquier otra acción que conduzca al cumplimiento de sus objetivos. De esta manera, se busca garantizar un sistema de transporte ferroviario más eficiente, sólido, seguro y sustentable. Esta sociedad estará compuesta por un representante de la Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte, por el Presidente del Directorio de ADIF S.E. o de la sociedad que la reemplace en el futuro, por el Presidente del Directorio de BCYL S.A. o de la sociedad que la reemplace en el futuro, por el Presidente del Directivo de Operadora Ferroviaria S.E o de la sociedad que la reemplace en el futuro, un representante de los usuarios y dos representantes designados por el Ministerio del Interior y Transporte a propuesta por organizaciones gremiales inscriptas y representativas del sector ferroviario.
El proyecto establece la transferencia a Ferrocarriles Argentinos del ciento por ciento del capital social de la ADIF y de Operadora Ferroviaria S.E. y del porcentaje de acciones que corresponden a ADIF y a Operadora Ferroviaria S.E en la Sociedad Belgrano Cargas y Logística. Con respecto a las acciones que representan el 16% de capital social que posee el Estado en Nuevo Central Argentino S.A, Ferroexpreso Pampeano S.A. y
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Ferrosur Roca S.A., serán transferidas a Ferrocarriles Argentinos. Con respecto a estas últimas, el Estado Nacional asume la plena administración en relación a la infraestructura en todo el territorio nacional pudiendo renegociar los contratos de concesión suscriptos con estas sociedades anónimas. Otro punto importante del proyecto es el acceso libre (open access) para el servicio de transporte ferroviario de cargas de manera que cualquier operador ferroviario pueda brindar el servicio para transportar cargas con origen y destino a cualquier punto de la red ferroviaria nacional independientemente de quien sea el titular de las instalaciones. Crea, además, el Registro de Operadores de Carga. La administración de la infraestructura ferroviaria (vías, estaciones y playas de maniobras) así como de los sistemas de control de circulación de trenes quedará a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E pudiendo acordar con los operadores de cargas y pasajeros la autorización para obras de mejoramiento o de renovación de los sectores donde presten servicios. Asimismo cabe destacar que se le otorga la facultad a la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E, a la Sociedad Belgrano Cargas y Logística S.A. y a la Administración de Infraestructuras Ferroviaria la posibilidad de prestar los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, correspondiente a la primera, transporte ferroviario de cargas, correspondiente a la segunda y la administración de la infraestructura, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes en caso de la ADIF, a través de sí o por medio de terceros o en asociación con terceros. El proyecto recibió dos principales modificaciones por parte de la Cámara de Diputados correspondientes a la conformación del Directorio la participación de un representante de los usuarios del servicio ferroviario, y por otro lado, el acceso libre en lo que concierne al transporte ferroviario de pasajeros tal como se establece para el transporte de cargas.
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Soberanía ferroviaria
“Por eso el problema ferroviario puede sintetizarse en la siguiente fórmula: adquirir los ferrocarriles equivale a adquirir soberanía”. Raúl Scalabrini Ortiz. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se recuperó al Estado como actor principal en las tomas de decisiones, en la implementación de políticas públicas y en la asignación de recursos que beneficien a todos los argentinos tras décadas de vaciamiento que impusieron las políticas neoliberales llevadas adelante a partir de la Dictadura y profundizadas en la década del 90 con las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica. Las privatizaciones, lejos de administrar más eficientemente el servicio de transporte ferroviario, desincentivaron la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y material rodante, llevaron al servicio al completo deterioro, produjeron tanto un alto déficit operativo como cientos de pérdidas de puestos de trabajo y poblaciones totalmente aisladas. Las empresas privadas que se hicieron cargo de las concesiones lejos de brindar un servicio público, utilizaron al servicio de transporte ferroviario de cargas para transportar su propia producción y así, abaratar sus costos y usufructuaron los recursos públicos para recibir los subsidios del Estado desatendiendo completamente el mantenimiento de las vías y locomotoras.
Gracias a la recuperación de la política como herramienta de transformación de la realidad hoy se puede aspirar a implementar una visión integral y estratégica con respecto al servicio de transporte ferroviario que permita lograr una planificación eficiente de las inversiones y una adecuada administración de la infraestructura. Gracias a esto, hoy se logró la renovación total del material rodante de las líneas General San Martín, Sarmiento y Mitre y próximamente de las líneas General Roca y Belgrano Sur alcanzando los 1000 coches cero kilómetro. Se reactivaron los servicios de transporte de larga distancia como el emblemático que une la Estación Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Mar del Plata y el servicio internacional que une Posadas, Misiones con Encarnación, Paraguay. Hoy el Belgrano Cargas y Logística funciona bajo administración estatal y establece tarifas preferenciales para transportar productos regionales de pequeños productores y PyMES asignándoles una prioridad dentro de la carga del ferrocarril. Es debido a la recuperación del Estado que hoy se ponen en valor y se reactivan los talleres
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ferroviarios que fueron cerrados en los 90 que generan nuevos puestos de trabajo, se renuevan las estaciones y se vuelve a conectar el país.
Gracias a esto, hoy se puede ver realidad el sueño de los argentinos de volver a recuperar los ferrocarriles a manos del Estado, es decir, como afirma Scalabrini Ortiz de adquirir soberanía.
Resumen
• Declara de "interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario y rever los vectores del sistema de explotación de del transporte ferroviario de cargas argentino".
• Se parte de la premisa de que el Estado puede gestionar incluso más eficientemente que el sector privado.
• El proyecto se inspira en el modelo francés de la SNCF.
• Crea Ferrocarriles Argentinos S.E. para integrar y articular las funciones y competencias de las sociedades creadas por la Ley 26.352 y el Decreto N° 566/13 y articulación de todo el sector ferroviario nacional proponiendo prácticas y líneas de acción coordinadas entre ellas, aprobando políticas, planes, programas y proyectos tendientes a la mejora constante del transporte ferroviario que lleven adelante estas sociedades controladas, supervisando su implementación y ejecutando cualquier otra función que haga al cumplimiento de sus objetivos.
• Se busca garantizar un sistema de transporte más sólido, sustentable, seguro y eficiente.
• El directorio de Ferrocarriles Argentinos estará compuesto por un representante de la Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte, el presidente del directorio de la sociedad Belgrano Cargas y Logística, el presidente del directorio de la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E., el presidente del directorio de Operadora Ferroviaria S.E., dos representantes designados por el Ministerio del Interior y Transporte a propuesta de organizaciones gremiales representativas del sector ferroviario. Debido a la modificación que realizó la
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Cámara de Diputados, también formará parte un representante de los usuarios del servicio de transporte ferroviario.
• Serán transferidas a Ferrocarriles Argentinos los certificados nominativos que representan el 100% del capital social de la ADIF y de Operadora Ferroviaria, así como el 75% del capital social del Belgrano Cargas y Logística, pertenecientes al Estado Nacional.
• Se establece el libre acceso (open access) para el servicio de transporte ferroviario de cargas de manera que cualquier operador ferroviario pueda brindar el servicio para transportar cargas con origen y destino a cualquier punto de la red ferroviaria nacional independientemente de quien sea el titular de las instalaciones. Crea, además, el Registro de Operadores de Carga. Gracias a la modificación en Diputados, el libre acceso también se implementará para el servicio de transporte de pasajeros. De esta manera, se promueve aumentar el tráfico y la competitividad para incentivar el desarrollo del sector.
• El Estado tiene plena potestad en la administración de la infraestructura ferroviaria diferenciando la operación de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas que puede ser llevada a cabo tanto por actores públicos como privados. Es decir, se continúa con la implementación del concepto de separación horizontal del sistema ferroviario introducido por la Ley de Reordenamiento Ferroviario sancionada en el 2008 que diferencia la gestión de la infraestructura ferroviaria bajo administración estatal de la operación de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas.
• El Estado Nacional debe reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de la circulación de trenes pudiendo renegociar los contratos de concesión de Nuevo Central Argentino S.A, Ferroexpreso Pampeano S.A y Ferrosur Roca S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A Concesionaria, así como los contratos de concesión suscriptos por las provincias.
Historia de los ferrocarriles
Resumen histórico de los Ferrocarriles Argentinos INTRODUCCIÓN En términos históricos, el ferrocarril fue el primer medio de transporte terrestre que permitió a la humanidad desplazarse sin necesidad de tracción animal, es más antiguo que el automóvil: antes de la invención del automotor, la única forma de viajar en tiempos razonables era mediante el tren. La magia del tren está sus rieles, que al ser medios rígidos y ofrecer muy baja fricción, permiten desplazar grandes cantidades de carga o pasajeros con un gasto mínimo de energía; gasto que puede llegar a ser hasta una tercera parte de lo que gastaría un vehículo automotor para desplazar la misma carga Pero, más allá de lo puramente tecnológico, la utilización del ferrocarril como medio de transporte ha derivado también en numerosas discusiones políticas y económicas ya que a la flexibilidad del automotor se le contrapone la rigidez de una infraestructura compleja para el funcionamiento del ferrocarril. Y ahí entra el debate de quién se hace cargo de esa infraestructura y para el beneficio de quién. Los hechos muestran que incluso muchos países capitalistas han optado por mantener una fuerte injerencia estatal en sus respectivos sistemas ferroviarios, a pesar de que el automotor tomara a mediados del siglo XX una importante porción del transporte, particularmente en medianas y cortas distancias y en volúmenes pequeños de carga y pasajeros, donde es más eficiente que el tren. La República Argentina no quedó exenta de esta dialéctica y a lo largo de más de un siglo y medio, se han venido dando procesos políticos, económicos, sociales y tecnológicos que determinaron la actual coyuntura en materia ferroviaria y del transporte en general.
LA EXPOLIACIÓN BRITÁNICA La historia del ferrocarril argentino comienza oficialmente el 12 de enero de 1854, al otorgarse por ley de la provincia de Buenos Aires a una sociedad porteña, la potestad de construir y operar una línea de ferrocarril A diferencia de lo que el mito urbano predica, las primeras líneas férreas fueron construidas y operadas eficientemente por emprendedores locales, muchas veces con una primigenia pero benéfica, gestión estatal. Sin embargo, no tardarían, los llamados financistas ingleses, en darse cuenta de la conveniencia de los negocios ferroviarios, no sólo por la rentabilidad de tales negocios, sino también por su importancia estratégica a los intereses geopolíticos de la Corona Británica: controlando las tarifas, podían determinar en cada una de sus áreas de influencia, que cosa se producía y que cosa no, ahogando la incipiente manufactura local, en pro de fomentar la producción agro-ganadera en la pampa húmeda. Usando intrincados mecanismos y trampas financieras y legales llegaron a controlar la mayor parte de los ferrocarriles de nuestra joven nación. Comprando o construyendo (mediando fraudes y abultados sobreprecios) las líneas férreas en las zonas más productivas del país, dejando abandonadas por completo a su suerte aquellas otras menos favorecidas. Siendo éstas últimas muchas veces atendidas por la mano del Estado, a través de sus ferrocarriles de fomento, líneas ferroviarias estas últimas, que no importaban grandes ganancias, pero que eran necesarias para las economías regionales. Estos abusos se mantuvieron casi sin variantes durante toda esta primera experiencia de gestión privada. Incluso la Ley Mitre de 1907, mantuvo en esencia el statu quo de los financistas ingleses, a quienes se les prorrogaba por 40 años el vencimiento de las prerrogativas impositivas y aduaneras. Es así como desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del XX, se gesta, a modo de telaraña, la red ferroviaria argentina; y en su morfología radial y convergente hacia los puertos, principalmente Buenos Aires, se delata la impronta de aquel viejo imperio colonialista sediento de materias primas .
LA PRIMERA GESTIÓN ESTATAL Hasta la primera mital del siglo XX, podemos decir entonces, que se desarrolló primordialmente un sistema ferroviario británico en Argentina en detrimento de un sistema ferroviario argentino, esto es, pensado federalmente para el desarrollo territorial equilibrado de toda la República. O sea, se desarrolló un modelo de matriz extractiva en contraposición a un modelo de matriz sustentable, inclusiva y productiva. Esto muestra que los choques de modelos preceden a la coyuntura de nuestro siglo XXI y son de origen histórico. Sin embargo, terminada la Segunda Guerra Mundial, a Gran Bretaña se le complicaba seguir manteniendo su vetusta, pero aún operativa, estructura colonialista. Para recuperar los ferrocarriles hubo que llevar a cabo largas y hábiles maniobras de negociación para obtener las empresas británicas y la totalidad de sus propiedades muebles e inmuebles. Los primeros años traen varias idas y vueltas en materia de gestión, puesto que era la primera vez que el Estado tenía que hacerse cargo de una tan extensa como compleja red de servicios públicos. La Administración General de Ferrocarriles deja lugar a una Comisión Especial, que luego originaría la Secretaría de Transporte, y de ésta a su vez, en 1949, surge el Ministerio de Transporte. En 1952, se crea la Empresa Nacional de Transporte (ENT) y los ferrocarriles quedan bajo su órbita. Sin lugar a dudas, la importancia estratégica que se le concede a los ferrocarriles en la gestión Peronista, se plasma en el trazado de una política ferroviaria específica, inédita hasta ese momento en la República Argentina y que aparecerá explícitamente en el segundo plan quinquenal. Al momento de la estatización, había unos 47000 Km de vías operativas y unos 129000 empleados trabajando para el ferrocarril. En menos de una década el número de empleados prácticamente se duplicaría llegando a 200000 en 1954. También, el número de pasajeros transportados se duplica en ese mismo período, lo cual no es más que una manifestación de la dimensión social que adquirieron los ferrocarriles en el gobierno de Perón . Los diversos ramales se agruparon en siete ferrocarriles de acuerdo a su trocha y ubicación geográfica, tomando nombres de próceres con alguna relación a las regiones que cubrían: el Ferrocarril General Bartolomé Mitre (FCGBM) de trocha ancha (1676 mm), cubría la región central, la pampa húmeda; el Ferrocarril General Belgrano (FCGB) de trocha métrica (1000 mm), cubría el norte argentino, una parte del centro y cuyo; los Ferrocarriles General San Martín (FCGSM) y Domingo Faustino Sarmiento (FCDFS) ambos de trocha ancha, cubrían desde el centro hacia el Oeste Argentino, llegando hasta Cuyo; el Ferrocarril General Urquiza (FCGU) de trocha media (1435 mm), llegaba a las provincias mesopotámicas. El Ferrocarril General Roca (FCGR), de trocha ancha, se dirigía hacia el sur, llegando hasta la región patagónica. Todos estos ferrocarriles tenían su estación de cabecera en la ciudad de Buenos Aires. El séptimo, era el Ferrocarril Patagónico, que comprendía diversas líneas patagónicas inconexas de trochas pequeñas (entre 500 y 750 mm) y que poco tiempo después pasarían a formar parte del FCGR.
Los talleres ferroviarios empiezan a multiplicarse para hacer frente a la demanda. Ante la creciente demanda de acero originada de estos talleres y de los astilleros (que también fabricarán material ferroviario) el gobierno no tarda en advertir la necesidad de un plan de desarrollo de la industria metalúrgica, y en 1947 con el patrocinio del Gral. Manuel Savio, se funda la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SoMiSA), una de las empresas más emblemáticas en la historia argentina. A principios de los 50, Perón crea la Fabrica Argentina de Locomotoras (FAdeL) y de sus instalaciones en Liniers, salen entre 1951 y 1953, dos prototipos de poderosas locomotoras diésel-eléctricas (bautizadas “La Justicialista” y “La Argentina”) completamente diseñadas y fabricadas en el país. Estas moles representaron todo un adelanto técnico para la época. Luego del golpe de 1955, las locomotoras FAdeL fueron renombradas “Libertad” y “Roca”, usadas durante algún tiempo, y luego desguazadas. Sus constructores, fueron públicamente difamados y la importancia de su creación, minimizada. El embate neoliberal estaba apenas comenzando.
En 1958 el General norteamericano Thomas Larkin, invitado por Alvaro Alsogaray, ministro de economía de Frondizzi, llega a la Argentina para concretar un estudio en materia de Transporte, con el supuesto objetivo de reducir el déficit y hacer al ferrocarril más rentable. En realidad este pretendido estudio no era más que una máscara, que escondía detrás la aspiración de grandes corporaciones petroleras y automotrices de hacerse con una buena tajada del negocio del transporte argentino. Este Plan Larkin consistía en abandonar el 32% de las vías existentes, despedir 70000 ferroviarios, reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, 70000 vagones y 3000 coches de pasajeros para dejar lugar al transporte automotor. La monolítica ENT se desintegró en varias empresas más pequeñas, entre las cuales figuraba la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino (EFEA). Se inicia así un periodo de declive para el ferrocarril argentino, no exento de conflictos laborales, que se acentuarían en el gobierno de Illia. En 1967 Onganía nombra interventor de los ferrocarriles al Gral. Juan Carlos De Marchi que entiende la importancia estratégica de los ferrocarriles y apoyándose en la letra grande del plan Larkin encaró un plan de genuina renovación y modernización de los ferrocarriles. Un punto clave del plan Larkin, era la desaparición definitiva de la locomoción a vapor; las locomotoras a vapor, no consumen derivados del petróleo, sino carbón o leña. Es por eso que las corporaciones petroleras ponían tanto énfasis en su supresión. Pues bien, De Marchi llegó a un acuerdo con los norteamericanos para “dieselizar” por completo a corto plazo, todo el parque ferroviario argentino. Esto no fue tan mal visto, ya que después de todo, las empresas proveedoras de locomotoras serían tan norteamericanas como General Electric y ALCo. La industria local también tuvo un leve repunte: se acordó con industriales japoneses producir en factorías militares (FM, actual EMFER) y bajo licencia, algunos de los coches eléctricos Toshiba del servicio local. También, bajo licencia de firmas estadounidenses se fabricaron en serie locomotoras diésel en las instalaciones de MaterFer. Administrativamente hablando, la empresa se re-estructura, reduce drásticamente su déficit y hasta renueva su imagen institucional: nace oficialmente por decreto-ley 18360, la legendaria Ferrocarriles Argentinos, era el 17 de Septiembre de 1969 y ésta sería, con su logo estilizado, todo un símbolo para los argentinos por poco más de dos décadas. Sin embargo, en este baile habían quedado afuera las poderosas corporaciones automotrices. Es así como en 1972 el alto mando decide premiar a De Marchi por su gestión, mandándolo lejos, no vaya a ser cosa que vuelva a entrometerse en los asuntos ferroviarios, y lo envía como embajador al Perú . A pesar de esto, en 1973, la ampliación de mercados hacia el bloque socialista, la reducción de la inflación, y una mejora general de la situación económica, permitieron mantener las condiciones favorables en la política ferroviaria, durante el Pacto Social del tercer mandato peronista. Aunque ello no duraría mucho. Durante la última dictadura cívico-militar, se produjo uno de los golpes más duros de toda la historia de la ingeniería del transporte, sus manufacturas y del ferrocarril en especial: noventa compañeros ferroviarios desaparecidos, la red operativa se redujo casi a sus tres cuartas partes, se clausuraron casi la mitad de las estaciones, la cantidad de empleados se redujo a valores inferiores a los de 1947, contando a fines de la década del '70 con menos de 100000 ferroviarios. El taller de Tafí Viejo, emblema de la industria ferroviaria nacional, fue cerrado.
Con la vuelta de la democracia Alfonsín ordena cancelar los levantamientos de vías iniciadas por la dictadura, y reabre Tafí Viejo en 1984. Al año siguiente, se concluye la tan ansiada electrificación del tramo metropolitano del Roca, Hay optimismo sobre la recuperación y se hacen muy elegantes proyectos de modernización que desafortunadamente no van más allá de los tableros de dibujo, porque la situación económica no tarda en volverse difícil. El déficit acumulado por Ferrocarriles Argentinos se vuelve inmanejable; se trazan pues, los primeros planes de una privatización, pero esa era mala palabra todavía en una empresa cuyos trabajadores venían de varias décadas de lucha. Ya casi sobre el filo de la gestión radical, se propone una sociedad mixta, aunque eso tampoco prospera. Sin embargo, lo peor estaba aún
por llegar. Ni siquiera los gobiernos militares habían logrado doblegar totalmente la voluntad del pueblo ferroviario. Como un fantasma del pasado, Alsogaray vuelve a entrar en escena y pone en marcha la privatización. No tardan en estallar conflictos obreros en todos los ramales, pero el proceso es implacable y la respuesta menemista será “Ramal que para, ramal que cierra” a la vera del fatídico decreto numero “666”. En diciembre de 1992, por decreto 2388/92 se ponía fecha al funeral de Ferrocarriles Argentinos: sería el 10 de marzo de 1993. Ese día partieron de las estaciones argentinas, sin ahorro de dramatismo, los últimos trenes de pasajeros de larga distancia. Casi simultáneamente, la otrora empresa estatal, entregaba las últimas concesiones de carga a sus nuevos operadores privados, poco tiempo después, en julio de 1995, se declaraba en liquidación y desaparecía para siempre. LA GESTIÓN PRIVADA Para mediados de los 90, el sistema de gestión de los ferrocarriles seguía el siguiente esquema: mientras la infraestructura -que legalmente todavía seguía perteneciendo al estado- quedaba a cargo del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABiF), los privados gestionarían la operación de los servicios. Las consecuencias en la infraestructura ferroviaria de la mayoría de estos operadores fueron nefastas: muchas veces las empresas concesionarias hacían uso y abuso del material sin invertir en su reparación ni modernización, destrozando vías, vagones y locomotoras, ante la inacción de un Estado cada vez más ausente.Los servicios del interior y los de larga distancia habían desaparecido por completo, salvo un par de experimentos provinciales, como Ferrocarril Central Córdoba (FCCC) que operaba el Tren de las Sierras, servicio más bien de índole turístico. Junto con esto, la destrucción de la capacidad productiva durante los 90's, implicó no solo el cierre de los talleres y fábricas sino también el desmantelamiento de su maquinaria y la pérdida del personal altamente calificado: el emblemático Tafí Viejo, es vuelto a cerrar; la máquina laminadora (fundamental para la fabricación de rieles) es puesta en venta a precio vil, desmantelada y vendida como chatarra, durante la privatización de SOMISA, al pasar ésta a manos de Siderar (Grupo TechInt). En 2000 la ENABIF se disuelve dentro de otro organismo que aglutinaría no solo los ferroviarios sino todos los bienes del Estado que no estaban afectados directamente por éste: Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), una muestra de la irrelevancia que representaban los ferrocarriles para el gobierno de Fernando de la Rúa. Éste sin embargo, decide mantenerle la concesión a TBA, a pesar de las graves denuncias efectuadas en su contra por las diversas irregularidades cometidas en la prestación de los servicios.
En 2001 sobreviene la debacle, no solo en el pueblo cuyo poder adquisitivo se hace trizas, sino también en muchas empresas que ven comprometidas sus inversiones de un material rodante e infraestructura que ya se estaban volviendo obsoletos. En 2002 Duhalde decreta la Ley de emergencia ferroviaria, que entre otras cosas, concedía subsidios a las empresas para evitar que trasladasen al usuario los mayores costos originados de la crisis. También congelaba todas las renovaciones y mejoras de la infraestructura y equipos, con el objetivo de canalizar recursos hacia los alicaídos salarios. A pesar de esto, la crisis se hace sentir y la calidad de los servicios, que se había mantenido más o menos regular durante los 90, ahora empezaba a resentirse. En 2004 a raíz de diversas quejas de los usuarios de la ex-linea San Martín, se revoca la concesión a TMS. Sin embargo, es necesario que alguien siga operando el servicio, y como el proceso de concesiones es largo, se crea mientras tanto, un consorcio denominado Unidad de Gestión Operativa del Ferrocarril de Emergencia (UGOFE) formado por los tres operadores restantes de las otras líneas (aunque los salarios serían pagados directamente por el estado) hasta tanto se abriera el proceso licitatorio, proceso que finalmente nunca se realizó. Pero las irregularidades continúan en las otras dos líneas operadas por
Transportes Metropolitanos, y tres años mas tarde, en 2007 se le revocan todas sus concesiones, UGOFE se hace cargo de los servicios del Roca y del Belgrano Sur. NUEVO ROL DEL ESTADO Usualmente se le critica al Kirchnerismo su tardanza en devolver al Estado un rol protagónico en la gestión y control de los ferrocarriles y se invisibiliza desde los medios hegemónicos el gran esfuerzo fiscal de miles de millones de pesos que el Estado argentino destinó a mantener las tarifas del transporte ferroviario en niveles mínimos durante una década. Además, no es tarea fácil subsanar la situación iniciada en el Plan Larkin, continuada en la última dictadura y concluida durante el menemato: son más de 50 años de pérdidas no solo materiales, sino también institucionales, que no se revierten de un día para el otro. No obstante, luego de los escándalos del Metropolitano, el modelo privado de gestión ferroviaria quedaba seriamente cuestionado frente al nuevo gobierno y se empiezan a tomar algunas medidas que señalan una nueva intervención del estado. Por ley 26352 de 2008 se disuelve ONABE y la infraestructura pasa a estar a cargo de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.) y, mientras que las operadoras privadas existentes siguen permaneciendo, se crea la Sociedad Operadora de Ferrocarriles Sociedad del Estado (SOFSE), que comenzaría gestionando algunos servicios del interior. Después de casi dos décadas de ausencia, el Estado volvía a operar servicios ferroviarios de forma directa. A pesar de esto, el pobre mantenimiento continúa en otras líneas privadas, la ley de emergencia (vigente en ese entonces) hacía que las empresas relajasen no solo sus inversiones en material rodante e infraestructura, sino también sus controles, pero no es fácil controlar empresas que ya estaban mal acostumbradas y cuyos contratos de concesión las favorecían ampliamente. De tal forma que 2012 nos sorprende con terribles accidentes y finalmente se le quitan las concesiones también a TBA y se la expulsa de UGOFE. Se forma otra UGO específica para operar las dos líneas huérfanas: Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS) y forman parte de ella las dos empresas que más o menos se portaron bien: Ferrovías y Metrovías. En sus casi dos décadas como operadora, Ferrovías logró mantener e incluso mejorar levemente el servicio del Ferrocarril Belgrano. Quizás por su trocha, esta línea siempre fue un tanto menospreciada por los porteños, incluso en la época de FA, considerándola un poco más que un tren de montaña, pero esta empresa mantuvo un desempeño razonablemente bueno en la operación y mantenimiento de sus servicios, renovando la infraestructura y los coches. Algo similar pasó con Metrovías y la línea Urquiza, siendo la única que mantuvo sus trenes japoneses casi en estado original. Discusión aparte merecen los subtes. La importancia que adquiere el tema para el Gobierno Nacional se plasma en la creación de una cartera de transporte con rango de ministerio (fusionado con el del Interior), rango que no ostentaba desde los primeros mandatos peronistas, y el nombramiento de Florencio Randazzo a su frente. En 2013 se le rescinde el contrato a la brasileña ALL, y la explotación de las cargas del Urquiza, San Martin, y parte del Sarmiento, quedan en manos del Estado, quien junto con la red de cargas del Ferrocarril Belgrano, forma Trenes Argentinos Cargas y Logística. A partir de entonces se encara una profunda renovación de la infraestructura de estos importantes ramales, que habían sido literalmente depredados por sus anteriores operadores privados. A principios de 2014 UGOFE y UGOMS se disuelven para hacerse cargo de las líneas Mitre y San Martín, la empresa Corredores Ferroviarios S.A. (Metrovías), y del Roca y Belgrano Sur, Argentrén S.A. (Ferrovías). Mientras que, dado el nivel de conflictividad gremial en el Ferrocarril Sarmiento, éste será gestionado directamente por el Estado a través de SOFSE, que pasaría a llamarse Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria (TAOF), y que también se encargaría de los servicios de pasajeros de larga distancia.
Desde el punto de vista operativo, las demandas de modernización del material ferroviario en las líneas de CABA y el cono-urbano bonaerense exceden por demás, la todavía limitada industria nacional. Demandas que por otra parte, no pueden esperar. Por lo tanto, en virtud de los acuerdos comerciales con China, se concreta la modernización ferroviaria más grande de los últimos 30 años: se incorporan más de 400 coches nuevos, remolcados y eléctricos, destinados a los servicios de pasajeros de las líneas San Martín, Mitre y Sarmiento. Se incorporan además, locomotoras nuevas y material remolcado para los servicios de larga distancia.
Sin embargo, a la par de estas adquisiciones, nuestra propia industria empieza a repuntar. La recuperación es lenta pero continua. El primer paso para generar industria, es generar las condiciones, y eso fue lo que se hizo en los primeros años del Kirchnerismo, y no mucho tiempo después empezaron a encenderse lentamente proyectos e inversiones en fábricas ya existentes pertenecientes a grupos privados, y que actualmente ya producen material rodante. Aumentar sus capacidades productivas, y desarrollar grandes proyectos propios para la industria local, es algo que demanda tiempo e inversiones, capacitación de recursos humanos, desarrollo de nuevas tecnología, reactivación de industrias afines (especialmente la siderúrgica) y establecer acuerdos de fabricación con algunas compañías extranjeras, exigiendo transferencia de tecnología, situaciones estas que lenta pero constantemente se vienen produciendo y que ya están dando sus frutos.
Los talleres del Estado también se reactivan: de a poco, la promesa de Néstor se cumple, y Tafí Viejo vuelve a abrir, esta vez como parte de Trenes Argentinos Cargas y Logística, reparando primero y construyendo después vagones de carga de diversos tipos. Otros talleres menos conocidos, pero no por ello menos importantes, se suman también a la reactivación . Finalmente, la industria de la infraestructura también resurge y se comienzan a fabricar por primera vez en la Argentina, los modernos durmientes de hormigón; materiales electrónicos y de señalización y servicios e insumos afines. Todo ello necesario para la vasta renovación encarada por el Gobierno Nacional. La historia ferroviaria argentina muestra con una claridad brutal lo que ocurre cuando se deja sólo en manos privadas, consecuencia de la presión neolibreal, la diagramación y gestión de la política ferroviaria. Sin una fuerte participación y control del Estado, el ferrocarril se vuelve un mero instrumento de las corporaciones y grupos concentrados, y lo aleja de su valor estratégico y social para el desarrollo de la Nación. Y, lejos de lo que los medios hegemónicos quieren hacernos creer con su discurso privatista, éste fenómeno fue comprendido muy bien por la potencias industrializadas del mundo. Que mantienen sus sistemas ferroviarios bajo administración estatal o con una fuerte participación del Estado dentro de los consorcios mixtos.
LA EXPOLIACIÓN BRITÁNICA La historia del ferrocarril argentino comienza oficialmente el 12 de enero de 1854, al otorgarse por ley de la provincia de Buenos Aires a una sociedad porteña, la potestad de construir y operar una línea de ferrocarril A diferencia de lo que el mito urbano predica, las primeras líneas férreas fueron construidas y operadas eficientemente por emprendedores locales, muchas veces con una primigenia pero benéfica, gestión estatal. Sin embargo, no tardarían, los llamados financistas ingleses, en darse cuenta de la conveniencia de los negocios ferroviarios, no sólo por la rentabilidad de tales negocios, sino también por su importancia estratégica a los intereses geopolíticos de la Corona Británica: controlando las tarifas, podían determinar en cada una de sus áreas de influencia, que cosa se producía y que cosa no, ahogando la incipiente manufactura local, en pro de fomentar la producción agro-ganadera en la pampa húmeda. Usando intrincados mecanismos y trampas financieras y legales llegaron a controlar la mayor parte de los ferrocarriles de nuestra joven nación. Comprando o construyendo (mediando fraudes y abultados sobreprecios) las líneas férreas en las zonas más productivas del país, dejando abandonadas por completo a su suerte aquellas otras menos favorecidas. Siendo éstas últimas muchas veces atendidas por la mano del Estado, a través de sus ferrocarriles de fomento, líneas ferroviarias estas últimas, que no importaban grandes ganancias, pero que eran necesarias para las economías regionales. Estos abusos se mantuvieron casi sin variantes durante toda esta primera experiencia de gestión privada. Incluso la Ley Mitre de 1907, mantuvo en esencia el statu quo de los financistas ingleses, a quienes se les prorrogaba por 40 años el vencimiento de las prerrogativas impositivas y aduaneras. Es así como desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del XX, se gesta, a modo de telaraña, la red ferroviaria argentina; y en su morfología radial y convergente hacia los puertos, principalmente Buenos Aires, se delata la impronta de aquel viejo imperio colonialista sediento de materias primas .
LA PRIMERA GESTIÓN ESTATAL Hasta la primera mital del siglo XX, podemos decir entonces, que se desarrolló primordialmente un sistema ferroviario británico en Argentina en detrimento de un sistema ferroviario argentino, esto es, pensado federalmente para el desarrollo territorial equilibrado de toda la República. O sea, se desarrolló un modelo de matriz extractiva en contraposición a un modelo de matriz sustentable, inclusiva y productiva. Esto muestra que los choques de modelos preceden a la coyuntura de nuestro siglo XXI y son de origen histórico. Sin embargo, terminada la Segunda Guerra Mundial, a Gran Bretaña se le complicaba seguir manteniendo su vetusta, pero aún operativa, estructura colonialista. Para recuperar los ferrocarriles hubo que llevar a cabo largas y hábiles maniobras de negociación para obtener las empresas británicas y la totalidad de sus propiedades muebles e inmuebles. Los primeros años traen varias idas y vueltas en materia de gestión, puesto que era la primera vez que el Estado tenía que hacerse cargo de una tan extensa como compleja red de servicios públicos. La Administración General de Ferrocarriles deja lugar a una Comisión Especial, que luego originaría la Secretaría de Transporte, y de ésta a su vez, en 1949, surge el Ministerio de Transporte. En 1952, se crea la Empresa Nacional de Transporte (ENT) y los ferrocarriles quedan bajo su órbita. Sin lugar a dudas, la importancia estratégica que se le concede a los ferrocarriles en la gestión Peronista, se plasma en el trazado de una política ferroviaria específica, inédita hasta ese momento en la República Argentina y que aparecerá explícitamente en el segundo plan quinquenal. Al momento de la estatización, había unos 47000 Km de vías operativas y unos 129000 empleados trabajando para el ferrocarril. En menos de una década el número de empleados prácticamente se duplicaría llegando a 200000 en 1954. También, el número de pasajeros transportados se duplica en ese mismo período, lo cual no es más que una manifestación de la dimensión social que adquirieron los ferrocarriles en el gobierno de Perón . Los diversos ramales se agruparon en siete ferrocarriles de acuerdo a su trocha y ubicación geográfica, tomando nombres de próceres con alguna relación a las regiones que cubrían: el Ferrocarril General Bartolomé Mitre (FCGBM) de trocha ancha (1676 mm), cubría la región central, la pampa húmeda; el Ferrocarril General Belgrano (FCGB) de trocha métrica (1000 mm), cubría el norte argentino, una parte del centro y cuyo; los Ferrocarriles General San Martín (FCGSM) y Domingo Faustino Sarmiento (FCDFS) ambos de trocha ancha, cubrían desde el centro hacia el Oeste Argentino, llegando hasta Cuyo; el Ferrocarril General Urquiza (FCGU) de trocha media (1435 mm), llegaba a las provincias mesopotámicas. El Ferrocarril General Roca (FCGR), de trocha ancha, se dirigía hacia el sur, llegando hasta la región patagónica. Todos estos ferrocarriles tenían su estación de cabecera en la ciudad de Buenos Aires. El séptimo, era el Ferrocarril Patagónico, que comprendía diversas líneas patagónicas inconexas de trochas pequeñas (entre 500 y 750 mm) y que poco tiempo después pasarían a formar parte del FCGR.
Los talleres ferroviarios empiezan a multiplicarse para hacer frente a la demanda. Ante la creciente demanda de acero originada de estos talleres y de los astilleros (que también fabricarán material ferroviario) el gobierno no tarda en advertir la necesidad de un plan de desarrollo de la industria metalúrgica, y en 1947 con el patrocinio del Gral. Manuel Savio, se funda la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SoMiSA), una de las empresas más emblemáticas en la historia argentina. A principios de los 50, Perón crea la Fabrica Argentina de Locomotoras (FAdeL) y de sus instalaciones en Liniers, salen entre 1951 y 1953, dos prototipos de poderosas locomotoras diésel-eléctricas (bautizadas “La Justicialista” y “La Argentina”) completamente diseñadas y fabricadas en el país. Estas moles representaron todo un adelanto técnico para la época. Luego del golpe de 1955, las locomotoras FAdeL fueron renombradas “Libertad” y “Roca”, usadas durante algún tiempo, y luego desguazadas. Sus constructores, fueron públicamente difamados y la importancia de su creación, minimizada. El embate neoliberal estaba apenas comenzando.
En 1958 el General norteamericano Thomas Larkin, invitado por Alvaro Alsogaray, ministro de economía de Frondizzi, llega a la Argentina para concretar un estudio en materia de Transporte, con el supuesto objetivo de reducir el déficit y hacer al ferrocarril más rentable. En realidad este pretendido estudio no era más que una máscara, que escondía detrás la aspiración de grandes corporaciones petroleras y automotrices de hacerse con una buena tajada del negocio del transporte argentino. Este Plan Larkin consistía en abandonar el 32% de las vías existentes, despedir 70000 ferroviarios, reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, 70000 vagones y 3000 coches de pasajeros para dejar lugar al transporte automotor. La monolítica ENT se desintegró en varias empresas más pequeñas, entre las cuales figuraba la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino (EFEA). Se inicia así un periodo de declive para el ferrocarril argentino, no exento de conflictos laborales, que se acentuarían en el gobierno de Illia. En 1967 Onganía nombra interventor de los ferrocarriles al Gral. Juan Carlos De Marchi que entiende la importancia estratégica de los ferrocarriles y apoyándose en la letra grande del plan Larkin encaró un plan de genuina renovación y modernización de los ferrocarriles. Un punto clave del plan Larkin, era la desaparición definitiva de la locomoción a vapor; las locomotoras a vapor, no consumen derivados del petróleo, sino carbón o leña. Es por eso que las corporaciones petroleras ponían tanto énfasis en su supresión. Pues bien, De Marchi llegó a un acuerdo con los norteamericanos para “dieselizar” por completo a corto plazo, todo el parque ferroviario argentino. Esto no fue tan mal visto, ya que después de todo, las empresas proveedoras de locomotoras serían tan norteamericanas como General Electric y ALCo. La industria local también tuvo un leve repunte: se acordó con industriales japoneses producir en factorías militares (FM, actual EMFER) y bajo licencia, algunos de los coches eléctricos Toshiba del servicio local. También, bajo licencia de firmas estadounidenses se fabricaron en serie locomotoras diésel en las instalaciones de MaterFer. Administrativamente hablando, la empresa se re-estructura, reduce drásticamente su déficit y hasta renueva su imagen institucional: nace oficialmente por decreto-ley 18360, la legendaria Ferrocarriles Argentinos, era el 17 de Septiembre de 1969 y ésta sería, con su logo estilizado, todo un símbolo para los argentinos por poco más de dos décadas. Sin embargo, en este baile habían quedado afuera las poderosas corporaciones automotrices. Es así como en 1972 el alto mando decide premiar a De Marchi por su gestión, mandándolo lejos, no vaya a ser cosa que vuelva a entrometerse en los asuntos ferroviarios, y lo envía como embajador al Perú . A pesar de esto, en 1973, la ampliación de mercados hacia el bloque socialista, la reducción de la inflación, y una mejora general de la situación económica, permitieron mantener las condiciones favorables en la política ferroviaria, durante el Pacto Social del tercer mandato peronista. Aunque ello no duraría mucho. Durante la última dictadura cívico-militar, se produjo uno de los golpes más duros de toda la historia de la ingeniería del transporte, sus manufacturas y del ferrocarril en especial: noventa compañeros ferroviarios desaparecidos, la red operativa se redujo casi a sus tres cuartas partes, se clausuraron casi la mitad de las estaciones, la cantidad de empleados se redujo a valores inferiores a los de 1947, contando a fines de la década del '70 con menos de 100000 ferroviarios. El taller de Tafí Viejo, emblema de la industria ferroviaria nacional, fue cerrado.
Con la vuelta de la democracia Alfonsín ordena cancelar los levantamientos de vías iniciadas por la dictadura, y reabre Tafí Viejo en 1984. Al año siguiente, se concluye la tan ansiada electrificación del tramo metropolitano del Roca, Hay optimismo sobre la recuperación y se hacen muy elegantes proyectos de modernización que desafortunadamente no van más allá de los tableros de dibujo, porque la situación económica no tarda en volverse difícil. El déficit acumulado por Ferrocarriles Argentinos se vuelve inmanejable; se trazan pues, los primeros planes de una privatización, pero esa era mala palabra todavía en una empresa cuyos trabajadores venían de varias décadas de lucha. Ya casi sobre el filo de la gestión radical, se propone una sociedad mixta, aunque eso tampoco prospera. Sin embargo, lo peor estaba aún
por llegar. Ni siquiera los gobiernos militares habían logrado doblegar totalmente la voluntad del pueblo ferroviario. Como un fantasma del pasado, Alsogaray vuelve a entrar en escena y pone en marcha la privatización. No tardan en estallar conflictos obreros en todos los ramales, pero el proceso es implacable y la respuesta menemista será “Ramal que para, ramal que cierra” a la vera del fatídico decreto numero “666”. En diciembre de 1992, por decreto 2388/92 se ponía fecha al funeral de Ferrocarriles Argentinos: sería el 10 de marzo de 1993. Ese día partieron de las estaciones argentinas, sin ahorro de dramatismo, los últimos trenes de pasajeros de larga distancia. Casi simultáneamente, la otrora empresa estatal, entregaba las últimas concesiones de carga a sus nuevos operadores privados, poco tiempo después, en julio de 1995, se declaraba en liquidación y desaparecía para siempre. LA GESTIÓN PRIVADA Para mediados de los 90, el sistema de gestión de los ferrocarriles seguía el siguiente esquema: mientras la infraestructura -que legalmente todavía seguía perteneciendo al estado- quedaba a cargo del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABiF), los privados gestionarían la operación de los servicios. Las consecuencias en la infraestructura ferroviaria de la mayoría de estos operadores fueron nefastas: muchas veces las empresas concesionarias hacían uso y abuso del material sin invertir en su reparación ni modernización, destrozando vías, vagones y locomotoras, ante la inacción de un Estado cada vez más ausente.Los servicios del interior y los de larga distancia habían desaparecido por completo, salvo un par de experimentos provinciales, como Ferrocarril Central Córdoba (FCCC) que operaba el Tren de las Sierras, servicio más bien de índole turístico. Junto con esto, la destrucción de la capacidad productiva durante los 90's, implicó no solo el cierre de los talleres y fábricas sino también el desmantelamiento de su maquinaria y la pérdida del personal altamente calificado: el emblemático Tafí Viejo, es vuelto a cerrar; la máquina laminadora (fundamental para la fabricación de rieles) es puesta en venta a precio vil, desmantelada y vendida como chatarra, durante la privatización de SOMISA, al pasar ésta a manos de Siderar (Grupo TechInt). En 2000 la ENABIF se disuelve dentro de otro organismo que aglutinaría no solo los ferroviarios sino todos los bienes del Estado que no estaban afectados directamente por éste: Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), una muestra de la irrelevancia que representaban los ferrocarriles para el gobierno de Fernando de la Rúa. Éste sin embargo, decide mantenerle la concesión a TBA, a pesar de las graves denuncias efectuadas en su contra por las diversas irregularidades cometidas en la prestación de los servicios.
En 2001 sobreviene la debacle, no solo en el pueblo cuyo poder adquisitivo se hace trizas, sino también en muchas empresas que ven comprometidas sus inversiones de un material rodante e infraestructura que ya se estaban volviendo obsoletos. En 2002 Duhalde decreta la Ley de emergencia ferroviaria, que entre otras cosas, concedía subsidios a las empresas para evitar que trasladasen al usuario los mayores costos originados de la crisis. También congelaba todas las renovaciones y mejoras de la infraestructura y equipos, con el objetivo de canalizar recursos hacia los alicaídos salarios. A pesar de esto, la crisis se hace sentir y la calidad de los servicios, que se había mantenido más o menos regular durante los 90, ahora empezaba a resentirse. En 2004 a raíz de diversas quejas de los usuarios de la ex-linea San Martín, se revoca la concesión a TMS. Sin embargo, es necesario que alguien siga operando el servicio, y como el proceso de concesiones es largo, se crea mientras tanto, un consorcio denominado Unidad de Gestión Operativa del Ferrocarril de Emergencia (UGOFE) formado por los tres operadores restantes de las otras líneas (aunque los salarios serían pagados directamente por el estado) hasta tanto se abriera el proceso licitatorio, proceso que finalmente nunca se realizó. Pero las irregularidades continúan en las otras dos líneas operadas por
Transportes Metropolitanos, y tres años mas tarde, en 2007 se le revocan todas sus concesiones, UGOFE se hace cargo de los servicios del Roca y del Belgrano Sur. NUEVO ROL DEL ESTADO Usualmente se le critica al Kirchnerismo su tardanza en devolver al Estado un rol protagónico en la gestión y control de los ferrocarriles y se invisibiliza desde los medios hegemónicos el gran esfuerzo fiscal de miles de millones de pesos que el Estado argentino destinó a mantener las tarifas del transporte ferroviario en niveles mínimos durante una década. Además, no es tarea fácil subsanar la situación iniciada en el Plan Larkin, continuada en la última dictadura y concluida durante el menemato: son más de 50 años de pérdidas no solo materiales, sino también institucionales, que no se revierten de un día para el otro. No obstante, luego de los escándalos del Metropolitano, el modelo privado de gestión ferroviaria quedaba seriamente cuestionado frente al nuevo gobierno y se empiezan a tomar algunas medidas que señalan una nueva intervención del estado. Por ley 26352 de 2008 se disuelve ONABE y la infraestructura pasa a estar a cargo de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.) y, mientras que las operadoras privadas existentes siguen permaneciendo, se crea la Sociedad Operadora de Ferrocarriles Sociedad del Estado (SOFSE), que comenzaría gestionando algunos servicios del interior. Después de casi dos décadas de ausencia, el Estado volvía a operar servicios ferroviarios de forma directa. A pesar de esto, el pobre mantenimiento continúa en otras líneas privadas, la ley de emergencia (vigente en ese entonces) hacía que las empresas relajasen no solo sus inversiones en material rodante e infraestructura, sino también sus controles, pero no es fácil controlar empresas que ya estaban mal acostumbradas y cuyos contratos de concesión las favorecían ampliamente. De tal forma que 2012 nos sorprende con terribles accidentes y finalmente se le quitan las concesiones también a TBA y se la expulsa de UGOFE. Se forma otra UGO específica para operar las dos líneas huérfanas: Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS) y forman parte de ella las dos empresas que más o menos se portaron bien: Ferrovías y Metrovías. En sus casi dos décadas como operadora, Ferrovías logró mantener e incluso mejorar levemente el servicio del Ferrocarril Belgrano. Quizás por su trocha, esta línea siempre fue un tanto menospreciada por los porteños, incluso en la época de FA, considerándola un poco más que un tren de montaña, pero esta empresa mantuvo un desempeño razonablemente bueno en la operación y mantenimiento de sus servicios, renovando la infraestructura y los coches. Algo similar pasó con Metrovías y la línea Urquiza, siendo la única que mantuvo sus trenes japoneses casi en estado original. Discusión aparte merecen los subtes. La importancia que adquiere el tema para el Gobierno Nacional se plasma en la creación de una cartera de transporte con rango de ministerio (fusionado con el del Interior), rango que no ostentaba desde los primeros mandatos peronistas, y el nombramiento de Florencio Randazzo a su frente. En 2013 se le rescinde el contrato a la brasileña ALL, y la explotación de las cargas del Urquiza, San Martin, y parte del Sarmiento, quedan en manos del Estado, quien junto con la red de cargas del Ferrocarril Belgrano, forma Trenes Argentinos Cargas y Logística. A partir de entonces se encara una profunda renovación de la infraestructura de estos importantes ramales, que habían sido literalmente depredados por sus anteriores operadores privados. A principios de 2014 UGOFE y UGOMS se disuelven para hacerse cargo de las líneas Mitre y San Martín, la empresa Corredores Ferroviarios S.A. (Metrovías), y del Roca y Belgrano Sur, Argentrén S.A. (Ferrovías). Mientras que, dado el nivel de conflictividad gremial en el Ferrocarril Sarmiento, éste será gestionado directamente por el Estado a través de SOFSE, que pasaría a llamarse Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria (TAOF), y que también se encargaría de los servicios de pasajeros de larga distancia.
Desde el punto de vista operativo, las demandas de modernización del material ferroviario en las líneas de CABA y el cono-urbano bonaerense exceden por demás, la todavía limitada industria nacional. Demandas que por otra parte, no pueden esperar. Por lo tanto, en virtud de los acuerdos comerciales con China, se concreta la modernización ferroviaria más grande de los últimos 30 años: se incorporan más de 400 coches nuevos, remolcados y eléctricos, destinados a los servicios de pasajeros de las líneas San Martín, Mitre y Sarmiento. Se incorporan además, locomotoras nuevas y material remolcado para los servicios de larga distancia.
Sin embargo, a la par de estas adquisiciones, nuestra propia industria empieza a repuntar. La recuperación es lenta pero continua. El primer paso para generar industria, es generar las condiciones, y eso fue lo que se hizo en los primeros años del Kirchnerismo, y no mucho tiempo después empezaron a encenderse lentamente proyectos e inversiones en fábricas ya existentes pertenecientes a grupos privados, y que actualmente ya producen material rodante. Aumentar sus capacidades productivas, y desarrollar grandes proyectos propios para la industria local, es algo que demanda tiempo e inversiones, capacitación de recursos humanos, desarrollo de nuevas tecnología, reactivación de industrias afines (especialmente la siderúrgica) y establecer acuerdos de fabricación con algunas compañías extranjeras, exigiendo transferencia de tecnología, situaciones estas que lenta pero constantemente se vienen produciendo y que ya están dando sus frutos.
Los talleres del Estado también se reactivan: de a poco, la promesa de Néstor se cumple, y Tafí Viejo vuelve a abrir, esta vez como parte de Trenes Argentinos Cargas y Logística, reparando primero y construyendo después vagones de carga de diversos tipos. Otros talleres menos conocidos, pero no por ello menos importantes, se suman también a la reactivación . Finalmente, la industria de la infraestructura también resurge y se comienzan a fabricar por primera vez en la Argentina, los modernos durmientes de hormigón; materiales electrónicos y de señalización y servicios e insumos afines. Todo ello necesario para la vasta renovación encarada por el Gobierno Nacional. La historia ferroviaria argentina muestra con una claridad brutal lo que ocurre cuando se deja sólo en manos privadas, consecuencia de la presión neolibreal, la diagramación y gestión de la política ferroviaria. Sin una fuerte participación y control del Estado, el ferrocarril se vuelve un mero instrumento de las corporaciones y grupos concentrados, y lo aleja de su valor estratégico y social para el desarrollo de la Nación. Y, lejos de lo que los medios hegemónicos quieren hacernos creer con su discurso privatista, éste fenómeno fue comprendido muy bien por la potencias industrializadas del mundo. Que mantienen sus sistemas ferroviarios bajo administración estatal o con una fuerte participación del Estado dentro de los consorcios mixtos.
lunes, 4 de mayo de 2015
Cristina en Rusia, ¿por qué es un aliado estratégico para la Argentina?
Compañeros/as: les dejo para leer este texto que explica por que Rusia se ha transformado en un aliado clave para el sistema multipolar. Rusia hace de contrapeso junto con los países del Brics a la prepotencia imperial yanki. Para seguir entendiendo el mundo en que vivimos y queremos cambiar
Rusia, clave de bóveda del sistema multipolar
Por Tiberio Graziani
El nuevo sistema multipolar está en fase de consolidación. Los principales actores son los EE.UU., China, India y Rusia. Mientras la Unión Europea está completamente ausente y nivelada en el marco de las indicaciones-diktat procedentes de Washington y Londres, algunos países de la América meridional, en particular Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay manifiestan su firme voluntad de participación activa en la construcción del nuevo orden mundial. Rusia, por su posición central en la masa eurasiática, por su vasta extensión y por la actual orientación imprimida a la política exterior por el tándem Putin-Medvedev, será, muy probablemente, la clave de bóveda de la nueva estructura planetaria. Pero, para cumplir con tal función epocal, tendrá que superar algunos problemas internos: entre los primeros, los referentes a la cuestión demográfica y la modernización del país, mientras, en el plano internacional, tendrá que consolidar las relaciones con China e India, instaurar lo más pronto posible un acuerdo estratégico con Turquía y Japón y, sobre todo, tendrá que aclarar su posición en Oriente Medio y en Oriente Próximo.
CONSIDERACIONES SOBRE EL ESCENARIO ACTUAL
Con el fin de presentar un rápido examen del actual escenario mundial y para comprender mejor las dinámicas en marcha que lo configuran, proponemos una clasificación de los actores en juego, considerándolos ya sea por la función que desempeñan en su propio espacio geopolítico o esfera de influencia, ya sea como entidades susceptibles de profundas evoluciones en base a variables específicas.
El presente marco internacional nos muestra al menos tres clases principales de actores. Los actores hegemónicos, los actores emergentes y, finalmente, el grupo de los seguidores y de los subordinados. Por razones analíticas, hay que añadir a estas tres categorías una cuarta, constituida por las naciones que, excluidas, por diversos motivos, del juego de la política mundial, están buscando su función.
LOS ACTORES HEGEMÓNICOS
Al primer grupo pertenecen los países que, por su particular postura geopolítica, que los identifica como áreas pivote, o por la proyección de su fuerza militar o económica, determinan las elecciones y las relaciones internacionales de las restantes naciones. Además, los actores hegemónicos influyen directamente también sobre algunas organizaciones globales, entre las cuales se encuentran el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre las naciones que presentan tales características, aunque con matices diversos, podemos contar a los Estados Unidos, China, India y Rusia.
La función geopolítica que actualmente ejercen los EE.UU. es la de constituir el centro físico y el mando del sistema occidental nacido al final de la Segunda Guerra Mundial. La característica principal de la nación norteamericana, con respecto al resto del planeta, está representada por su expansionismo, llevado a cabo con una particular agresividad y mediante la extensión de dispositivos militares a escala global. El carácter imperialista debido a su específica condición de potencia marítima le impone comportamientos colonialistas hacia amplias porciones de lo que considera impropiamente su espacio geopolítico (1). Las variables que podrían determinar un cambio de función de los EE.UU. son esencialmente tres: a) la crisis estructural de la economía neoliberal; b) la elefantiasis imperialista; c) las potenciales tensiones con Japón, Europa y algunos países de la América centro-meridional.
China, India y Rusia, en cuanto naciones-continente de vocación terrestre, ambicionan desempeñar sus respectivas funciones macro-regionales en el ámbito eurasiático sobre la base de una común orientación, por otra parte, en fase de avanzada estructuración. Tales funciones, sin embargo, están condicionadas por algunas variables entre las cuales destacamos:
1. las políticas de modernización;
2. las tensiones debidas a las deshomogeneidades sociales, culturales y étnicas dentro de sus propios espacios;
3. la cuestión demográfica que impone adecuadas y diversificadas soluciones para los tres países.
Por cuanto respecta a la variable referente a las políticas de modernización, observamos que, al estar estas demasiado interrelacionadas en los aspectos económico-financieros con el sistema occidental, de modo particular con los Estados Unidos, a menudo quitan a las naciones eurasiáticas la iniciativa en la arena internacional, las exponen a las presiones del sistema internacional, constituido principalmente por la triada ONU, FMI y BM (2) y, sobre todo, les imponen el principio de la interdependencia económica, histórico eje de la expansión económica de los EE.UU. En relación a la segunda variable, observamos que la escasa atención que Moscú, Pekín y Nueva Delhi prestan a la contención o solución de las respectivas tensiones endógenas ofrece a su antagonista principal, los Estados Unidos, la ocasión de debilitar el prestigio de los gobiernos y obstaculizar la estructuración del espacio eurasiático. Finalmente, considerando la tercera variable, apreciamos que políticas demográficas no coordinadas entre las tres potencias eurasiáticas, en particular entre Rusia y China, podrían a la larga crear choques para la realización de un sistema continental equilibrado.
Las relaciones entre los miembros de esta clase deciden las reglas principales de la política mundial.
En consideración de la presencia de hasta 4 naciones-continente (tres naciones eurasiáticas y una norteamericana) es posible definir el actual sistema geopolítico como multipolar.
LOS ACTORES EMERGENTES
La categoría de los actores emergentes reagrupa, en cambio, a las naciones que, valorando particulares bazas geopolíticas o geoestratégicas, tratan de desmarcarse de las decisiones que les imponen uno o más miembros del restringido club del primer tipo. Mientras la finalidad inmediata de los emergentes consiste en la búsqueda de una autonomía regional y, por tanto, en la salida de la esfera de influencia de la potencia hegemónica, que ha de llevarse a cabo mediante articulados acuerdos y alianzas regionales, transregionales y extracontinentales, la finalidad estratégica está constituida por la participación activa en el juego de las decisiones regionales e incluso mundiales. Entre los países que asumen cada vez más la connotación de actores emergentes, podemos enumerar a Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay, la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan, el Japón de Yukio Hatoyama y, aunque con alguna limitación, Pakistán. Todos estos países pertenecen, de hecho, al sistema geopolítico llamado “occidental”, guiado por Washington. El hecho de que muchas naciones de lo que, en el periodo bipolar, se consideraba un sistema cohesionado puedan ser hoy señaladas como emergentes y, por tanto, entidades susceptibles de contribuir a la constitución de nuevos polos de agregación geopolítica induce a pensar que el edificio puesto a punto por los EE.UU. y por Gran Bretaña, tal y como lo conocemos, está, de hecho, en vías de extinción o en una fase de profunda evolución. La creciente “militarización” que la nación guía impone a las relaciones bilaterales con estos países parece sustanciar la segunda hipótesis. La común visión continental de los emergentes sudamericanos y la realización de importantes acuerdos económicos, comerciales y militares constituyen los elementos base para configurar el espacio sudamericano como futuro polo del nuevo orden mundial (3).
Los actores emergentes aumentan sus grados de libertad en virtud de las alianzas y de las fricciones entre los miembros del club de los hegemónicos así como de la conciencia geopolítica de sus clases dirigentes.
El número de los actores emergentes y su colocación en los dos hemisferios septentrionales (Turquía y Japón) y meridional (países latinoamericanos) además de acelerar la consolidación del nuevo sistema multipolar, trazan sus dos ejes principales: Eurasia y América indiolatina.
LOS SEGUIDORES-SUBORDINADOS Y LOS SUBORDINADOS
La designación de actores seguidores y subordinados, aquí propuesta, pretende subrayar las potencialidades geopolíticas de los pertenecientes a esta clase con respecto a su transición a las otras. Hay que calificar como seguidores-subordinados a los actores que consideran útil, por afinidad, intereses varios o por condiciones históricas particulares, formar parte de la esfera de
influencia de una de las naciones hegemónicas. Los seguidores-subordinados reconocen al país hegemónico la función de nación-guía. Entre estos podemos mencionar, por ejemplo, la República Sudafricana, Arabia Saudí, Jordania, Egipto, Corea del Sur. Los subordinados de este tipo, dado que siguen a los EE.UU. como nación guía, a menos que surjan convulsiones provocadas o gestionadas por otros, compartirán su destino geopolítico. La relación que mantienen estos actores y el país hegemónico es de tipo, mutatis mutandis, vasallático.
En cambio, se pueden considerar completamente subordinados los actores que, exteriores al espacio geopolítico natural del país hegemónico, padecen su dominio. La clase de los países subordinados está marcada por la ausencia de una conciencia geopolítica autónoma o, mejor todavía, por la incapacidad de sus clases dirigentes de valorar los elementos mínimos y suficientes para proponer y, por tanto, elaborar una doctrina geopolítica propia. Las razones de esta ausencia son múltiples y variadas, entre estas podemos mencionar la fragmentación del espacio geopolítico en demasiadas entidades estatales, la colonización cultural, política y militar ejercida por la nación hegemónica, la dependencia económica hacia el país dominante, las estrechas y particulares relaciones que mantienen el actor hegemónico y las clases dirigentes nacionales, que, configurándose como auténticas oligarquías, están preocupadas más de su supervivencia que de los intereses populares nacionales que deberían representar y sostener. Las naciones que constituyen la Unión Europea entran en esta categoría, con excepción de Gran Bretaña por la conocida special relationshipque mantiene con los EE.UU. (4).
La pertenencia de la Unión Europea a esta clase de actores se debe a su situación geopolítica y geoestratégica. En el ámbito de las doctrinas geopolíticas estadounidenses, Europa siempre ha sido considerada, desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial, una cabeza de puente tendida hacia el centro de la masa eurasiática (5). Tal papel condiciona las relaciones entre la Unión Europea y los países exteriores al sistema occidental, en primer lugar, Rusia y los países de Oriente Próximo y de Oriente Medio. Además de determinar el sistema de defensa de la UE y sus alianzas militares, este particular papel influye, a menudo incluso profundamente, en la política interior y las estrategias económicas de sus miembros, en concreto, las referentes al aprovisionamiento de recursos energéticos (6) y de materiales estratégicos, así como las elecciones en materia de investigación y desarrollo tecnológico. La situación geopolítica de la Unión Europea parece haberse agravado ulteriormente con el nuevo curso que Sarkozy y Merkel han imprimido a las respectivas políticas exteriores, dirigidas más a la constitución de un mercado trasatlántico que al reforzamiento del europeo.
Las variables que, en el momento actual, podrían permitir a los países miembros de la Unión Europea pasar a la categoría de los emergentes tienen que ver con la calidad y el grado de intensificación de sus relaciones con Moscú en referencia a la cuestión del aprovisionamiento energético (North y South Stream), a la cuestión de la seguridad (OTAN) y a la política próximo y medio-oriental (Irán e Israel). Que lo que acabamos de escribir es algo posible lo demuestra el caso de Turquía. A pesar de la hipoteca de la OTAN que la vincula al sistema occidental, Ankara, apelando precisamente a las relaciones con Moscú en lo referente a la cuestión energética, y asumiendo, respecto a las directivas de Washington, una posición excéntrica sobre la cuestión israelo-palestina, está en el camino hacia la emancipación de la tutela americana (7).
Los seguidores y subordinados, debido a su debilidad, representan el posible terreno de choque sobre el que podrían confrontarse los polos del nuevo orden mundial.
Los excluidos
En la categoría de los excluidos entran lógicamente todos los otros estados. Desde un punto de vista geoestratégico, los excluidos constituyen un obstáculo a las miras de uno o más actores de los actores hegemónicos. Entre los pertenecientes a este grupo, asumen un particular relieve, con respecto a los EE.UU. y el nuevo sistema multipolar, Siria, Irán, Myanmar y Corea del Norte. En el marco de la estrategia estadounidense para cercar la masa eurasiática, de hecho, el control de las áreas que actualmente se encuentran bajo la soberanía de esas naciones representa un objetivo prioritario que ha de ser alcanzado a corto-medio plazo. Siria e Irán se interponen a la realización del proyecto norteamericano del Nuevo Gran Oriente Medio, es decir, al control total sobre la larga y amplia franja que desde Marruecos llega a las repúblicas centroasiáticas, auténtico soft
underbelly de Eurasia; Myanmar constituye una potencial vía de acceso en el espacio chino-indio a partir del Océano Índico y un emplazamiento estratégico para el control del Golfo de Bengala y del Mar de Andamán; Corea del Norte, además de ser una vía de acceso hacia China y Rusia, junto al resto de la península coreana (Corea del Sur) constituye una base estratégica para el control del Mar Amarillo y del Mar del Japón.
Los excluidos más arriba citados, en base a las relaciones que cultivan con los nuevos actores hegemónicos (China, India, Rusia) y con algunos emergentes podrían entrar nuevamente en el juego de la política mundial y asumir, por tanto, un importante papel funcional en el ámbito del nuevo sistema multipolar. Este es el caso de Irán. Irán goza del status de país observador en el ámbito de la OTSC, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, considerada por muchos analistas la respuesta rusa a la OTAN, y es candidato al ingreso en la Organización para la Cooperación de Shangai, entre cuyos miembros figuran Rusia, China y las repúblicas centroasiáticas. Además, tiene sólidas relaciones económico-comerciales con los mayores países de la América indiolatina.
LA REESCRITURA DE LAS NUEVAS REGLAS
Los países que pertenecen a la clase de los actores hegemónicos anteriormente descrita tratan de proyectar, por primera vez después de la larga fase bipolar y la breve unipolar, su influencia sobre todo el planeta con la finalidad de contribuir, con recorridos y metas específicas, a la realización de la nueva configuración geopolítica global. A finales de la primera década del siglo XXI se asiste, por tanto, al retorno de la política mundial, articulada esta vez en términos continentales (8). La puesta en juego está constituida, no sólo por el acaparamiento de los recursos energéticos y de las materias primas, por el dominio de importantes nudos estratégicos, sino, sobre todo, considerando el número de actores y la complejidad del escenario mundial, por la reescritura de nuevas reglas. Estas reglas, resultantes de la delimitación de nuevas esferas de influencia, definirán, con toda probabilidad durante un largo periodo, las relaciones entre los actores continentales y, por tanto, también un nuevo derecho. No ya un derecho internacional exclusivamente construido sobre las ideologías occidentales, sustancialmente basado en el derecho de ciudadanía como se ha desarrollado a partir de la Revolución Francesa y en el concepto de estado-nación, sino un derecho que tenga en cuenta las soberanías políticas tal y como se manifiestan y se estructuran concretamente en los diversos ámbitos culturales de todo el planeta.
Los Estados Unidos, aunque actualmente se encuentren en un estado de profunda postración causado por una compleja crisis económico-financiera (que ha evidenciado, por otra parte, las carencias y debilidades estructurales de la potencia bioceánica y de todo el sistema occidental), por el duradero impasse militar en el teatro afgano y por la pérdida del control de vastas porciones de la América meridional, prosiguen, sin embargo, en continuidad con las doctrinas geopolíticas de los últimos años, con la acción de presión hacia Rusia, área geopolítica que constituye su verdadero objetivo estratégico con vistas a la hegemonía planetaria. En el momento actual, la desestructuración de Rusia, o, por lo menos, su debilitamiento, representaría para los Estados Unidos, no sólo un objetivo que persigue al menos desde 1945, sino también una ocasión para ganar tiempo y poner remedios eficaces para la solución de su propia crisis interna y para reformular el sistema occidental.
Precisamente, teniendo bien presente tal objetivo, resulta más fácil interpretar la política exterior adoptada recientemente por la administración Obama con respecto a Pekín y Nueva Delhi. Una política que, aunque tendente a recrear un clima de confianza entre las dos potencias euroasiáticas y los Estados Unidos, no parece dar en absoluto los resultados esperados, a causa del excesivo pragmatismo y de la exagerada ausencia de escrúpulos que parecen caracterizar tanto al presidente Barack Obama como a su Secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton. Un ejemplo de esa ausencia de escrúpulos y del pragmatismo, así como de la escasa diplomacia, entre otros muchos, es el referente a las relaciones contrastantes que Washington ha mantenido recientemente con el Dalai Lama y con Pekín.
Tales comportamientos, dadas las condiciones de debilidad en que se encuentra la exhyperpuissance, son un rasgo del cansancio y del nerviosismo con que el actual liderazgo estadounidense trata de enfrentarse y taponar el progresivo ascenso de las mayores naciones
eurasiáticas y la reafirmación de Rusia como potencia mundial. Las relaciones que Washington cultiva con Pekín y Nueva Delhi trascurren por dos vías. Por un lado, sobre la base del principio de interdependencia económica y mediante la ejecución de específicas políticas financieras y monetarias, los EE.UU. tratan de insertar a China e India en el ámbito del que denominan como sistema global. Este sistema, en realidad, es la proyección del occidental a escala planetaria, ya que las reglas en las que se basaría son precisamente las de este último. Por otro lado, a través de una continua y apremiante campaña denigratoria, la potencia estadounidense trata de desacreditar a los gobiernos de las dos naciones eurasiáticas y de desestabilizarlas, sirviéndose de sus contradicciones y de sus tensiones internas. La estrategia actual es sustancialmente la versión actualizada de la política llamada decongagement (containment, engagement), aplicada, esta vez, no sólo a China sino también, parcialmente, a India.
Sin embargo, hay que subrayar que el dato cierto de esta administración demócrata, que tomó posesión en Washington en enero de 2009, es la creciente militarización con la que tiende a condicionar las relaciones con Moscú. Más allá de la retórica pacifista, el premio Nobel Obama, de hecho, sigue, con la finalidad de alcanzar la hegemonía global, las líneas-guía trazadas por las precedentes administraciones, que se reducen, de forma sumamente sintética, a dos: a) potenciación y extensión de las guarniciones militares; b) balcanización de todo el planeta según parámetros étnicos, religiosos y culturales.
Ante la clara y manifiesta tendencia de los EE.UU. hacia el dominio global –en los últimos tiempos marcadamente sustentada por el corpus ideológico-religioso veterotestamentario (9) más que por un cuidadoso análisis del momento actual que llevase la impronta de la Realpolitik –China, India y Rusia, al contrario, parecen ser bien conscientes de las condiciones actuales que les llaman a una asunción de responsabilidades tanto a nivel continental como global. Tal asunción parece desarrollarse mediante acciones tendentes a la realización de una mayor y mejor articulada integración eurasiática así como mediante el apoyo de las políticas pro-continentales de los países sudamericanos.
LA CENTRALIDAD DE RUSIA
La reencontrada estatura mundial de Rusia como protagonista del escenario global impone algunas reflexiones de orden analítico para comprender su posicionamiento tanto en el ámbito continental como global, así como también las variables que podrían modificarlo a corto y medio plazo.
Mientras en relación a la masa euroafroasiática, la función central de Rusia como suheartland, tal y como fue sustancialmente formulada por Mackinder, es nuevamente confirmada por el actual marco internacional, más problemática y más compleja resulta, en cambio, su función en el proceso de consolidación del nuevo sistema multipolar.
Espina dorsal de Eurasia y puente eurasiático entre Japón y Europa
Los elementos que han permitido a Rusia reafirmar su importancia en el contexto eurasiático, muy esquemáticamente, son:
1. reapropiación por parte del Estado de algunas industrias estratégicas;
2. contención de los impulsos secesionistas;
3. uso “geopolítico” de los recursos energéticos;
4. política dirigida a la recuperación del “exterior próximo”;
5. constitución del partenariado Rusia-OTAN, como mesa de discusión destinada a contener el proceso de ampliación del dispositivo militar atlántico;
6. tejido de relaciones a escala continental, orientadas a una integración con las repúblicas centroasiáticas, China e India;
7. constitución y cualificación de aparatos de seguridad colectiva (OTCS y OCS).
Si la gestión, antes de Putin y ahora de Medvedev, del agregado de elementos más arriba considerados ha mostrado, en las presentes condiciones históricas, la función de Rusia como espina dorsal de Eurasia, y, por tanto, como área gravitacional de cualquier proceso orientado a la integración continental, sin embargo, no ha puesto en evidencia su carácter estructural, importante para las relaciones ruso-europeas y ruso-japonesas, es decir, el de ser el puente eurasiático entre la península europea y el arco insular constituido por Japón.
Rusia, considerada como puente eurasiático entre Europa y Japón, obliga al Kremlin a una elección estratégica decisiva para los desarrollos del futuro escenario mundial: la desestructuración del sistema occidental. Moscú puede conseguir tal objetivo con éxito, a medio y largo plazo, intensificando las relaciones que cultiva con Ankara por cuanto respecta a las grandes infraestructuras (South Stream) y poniendo en marcha otras nuevas con respecto a la seguridad colectiva. Acuerdos de este tipo provocarían ciertamente un terremoto en toda la Unión Europea, obligando a los gobiernos europeos a tomar una posición neta entre la aceptación de una mayor subordinación a los intereses estadounidenses o la perspectiva de un partenariado euro-ruso (en la práctica, eurasiático, considerando las relaciones entre Moscú, Pekín y Nueva Delhi), que respondiera en mayor medida a los intereses de las naciones y de los pueblos europeos (10). Una iniciativa análoga debería ser tomada por Moscú con respecto a Japón, incluyéndose como socio estratégico en el contexto de las nuevas relaciones entre Pekín y Tokio y, sobre todo, poniendo en marcha, siempre junto a China, un proceso apropiado de integración de Japón en el sistema de seguridad eurasiático en el ámbito de la Organización para la Cooperación de Shangai (11).
Clave de bóveda del nuevo orden mundial
Con respecto al nuevo orden mundial, Rusia parece poseer los elementos base para cumplir una función epocal, la de clave de bóveda de todo el sistema. Uno de los elementos está constituido precisamente por su centralidad en el ámbito eurasiático como hemos expuesto anteriormente, otros dependen de sus relaciones con los países de la América meridional, de su política en Oriente Próximo y en Oriente Medio y de su renovado interés por la zona ártica. Estos cuatro factores resultan problemáticos ya que están estrechamente ligados a la evolución de las relaciones existentes entre Moscú y Pekín. China, como se sabe, ha estrechado, al igual que Rusia, sólidas alianzas económico-comerciales con los países emergentes de la América indiolatina, lleva en Oriente Medio y en Oriente Próximo una política de pleno apoyo a Irán y, además, manifiesta una gran atención por los territorios siberianos y árticos (12). Considerando lo que acabamos de recordar, si las relaciones entre Pekín y Moscú se desarrollan en sentido todavía más acentuadamente eurasiático, prefigurando una especie de alianza estratégica entre los dos colosos, la consolidación del nuevo sistema multipolar se beneficiará de una aceleración, en caso contrario, sufrirá una ralentización o entrará en una situación de estancamiento. La ralentización o el estancamiento proporcionarían el tiempo necesario para que el sistema occidental pudiera reconfigurarse y volviera a entrar, por tanto, en el juego en las mismas condiciones que los otros actores.
El nudo gordiano de Oriente Próximo y de Oriente Medio – la obligación de una elección de campo
Entre los elementos más arriba considerados, referentes a la función global que Rusia podría desempeñar, la política próximo y medio-oriental del Kremlin parece ser la más problemática. Esto es así a causa de la importancia que este tablero representa en el marco general del gran juego mundial y por el significado particular que ha asumido, a partir de la crisis de Suez de 1956, en el interior de las doctrinas geopolíticas estadounidenses. Como se recordará, la política rusa, o mejor, soviética, en Oriente Próximo, después de una primera orientación pro-sionista de los años 1947-48, que, por otra parte, se extendió hasta febrero de 1953, cuando se consumó la ruptura formal entre Moscú y Tel Aviv, se dirigió decididamente hacia el mundo árabe. En el sistema de alianzas de la época, el Egipto de Nasser se convirtió en el país central de esta nueva dirección del Kremlin, mientras el neo-estado sionista representó el special partner de Washington. Entre altibajos, Rusia, tras la licuefacción de la URSS, mantuvo esta orientación filo-árabe, aunque con algunas dificultades. En el cambiado marco regional, determinado por tres acontecimientos principales: a) inserción de Egipto en la esfera de influencia estadounidense; b) eliminación de Irak; c) perturbación del área afgana que atestiguan el retroceso de la influencia rusa en la región y el contextual avance, también militar, de los Estados Unidos, el país central de la política próximo y medio-oriental rusa está lógicamente representado por la República Islámica de Irán.
Mientras esto ha sido ampliamente comprendido por Pekín, en el marco de la estrategia orientada a su reforzamiento en la masa continental euroafroasiática, no se puede decir lo mismo de Moscú. Si el Kremlin no se da prisa y declara abiertamente su elección de campo a favor de Teherán,
disponiéndose de esa manera a cortar el nudo gordiano que constituye la relación entre Washington y Tel Aviv, correrá el riesgo de anular su potencial función en el nuevo orden mundial.
* Tiberio Graziani es director de Eurasia. Rivista di studi geopolitici – www.eurasia-rivista.org
1. El sistema occidental, tal y como se ha afirmado desde 1945 hasta nuestros días, está estructuralmente compuesto por dos principales espacios geopolíticos distintos, el angloamericano y el de la América indiolatina, a los que se añaden porciones del espacio eurasiático. Estas últimas están constituidas por Europa (península eurasiática y cremallera euroafroasiática) y por Japón (arco insular eurasiático). La América indiolatina, Europa y Japón han de ser considerados, por tanto, en relación al sistema « occidental », más propiamente, como esferas de influencia de la potencia del otro lado del Océano.
2. La ONU, el FMI y el BM, en el ámbito de la confrontación entre el sistema occidental guiado por los EE.UU. y las potencias eurasiáticas, de hecho, desempeñan la función de dispositivos geopolíticos por cuenta de Washington.
3. Por cuanto respecta al redescubrimietno de la vocación continental de la América centromeridional en el ámbito del debate geopolítico, madurado en relación a la oleada globalizadora de los últimos veinte años, nos remitimos, entre otros, a los trabajos de Luiz A. Moniz Bandeira, Alberto Buela, Marcelo Gullo, Helio Jaguaribe, Carlos Pereyra Mele, Samuel Pinheiro Guimares, Bernardo Quagliotti De Bellis; señalamos, además, la reciente publicación de Diccionario latinoamericano de seguridad y geopolitíca (dirección editorial a cargo de Miguel Ángel Barrios), Buenos Aires 2009.
4. Luca Bellocchio, L’eterna alleanza? La special relationship angloamericana tra continuità e mutamento, Milán 2006.
5. Por motivaciones geoestratégicas análogas, siempre referentes al cerco de la masa eurasiática, los EE.UU. consideran Japón una de sus cabezas de puente, muy semejante a la europea.
6. En el específico sector del gas y del petróleo, la influencia estadounidense y, en parte, británica determinan la elección de los miembros de la UE respecto a sus socios extra-europeos, a las rutas para el transporte de los recursos energéticos y la proyección de las consiguientes infraestructuras.
7. Un enfoque teórico referente a los procesos de transición de un Estado de una posición de subordinación a una de autonomía respecto a la esfera de influencia en que se inscribe, ha sido recientemente tratado por el argentino Marcelo Gullo en el ensayoLa insubordinación fundante. Breve historia de la construcción del poder de las naciones, Buenos Aires 2008.
8. A tal respecto, son significativos los llamamientos constantes de Caracas, Buenos Aires y Brasilia a la unidad continental. En el apasionado discurso de toma de posesión de la presidencia de Uruguay, que tuvo lugar en la Asamblea general del parlamento nacional el 1 de marzo de 2010, el recién elegido José Mujica Cordano, ex tupamaro, subrayó con vigor que “Somos una familia balcanizada, que quiere juntarse, pero no puede. Hicimos, tal vez, muchos hermosos países, pero seguimos fracasando en hacer la Patria Grande. Por lo menos hasta ahora. No perdemos la esperanza, porque aún están vivos los sentimientos: desde el Río Bravo a las Malvinas vive una sola nación, la nación latino-americana”.
9. Eso también en consideración de la política “prosionista” que Washington lleva en Oriente Próximo y en Oriente Medio. Véase a tal propósito el largo ensayo de J. Mearsheimer e Stephen M. Walt, La Israel lobby e la politica estera americana, Milán, 2007 (Hay versión española, El lobby israelí, Taurus, 2007).
10. Una hipótesis de partenariado euro-ruso, basado en el eje París-Berlín-Moscú, fue propuesto en un contexto diverso del actual en el brillante ensayo de Henri De Grossouvre, Paris, Berlin, Moscou. La voie de la paix et de l’independénce, Lausana 2002.
11. La ampliación de las estructuras continentales (globales en el caso de la OTAN) de seguridad y defensa parece ser el índice del grado de consolidación del sistema multipolar. Además de la OTAN, la OTSC y las iniciativas en el ámbito de la OCS, hay que recordar también el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
12. Linda Jakobson, China prepares for an ice-free Arctic, Sipri Insights on Peace and Securiry, no. 2010/2 Marzo 2010.
Rusia, clave de bóveda del sistema multipolar
Por Tiberio Graziani
El nuevo sistema multipolar está en fase de consolidación. Los principales actores son los EE.UU., China, India y Rusia. Mientras la Unión Europea está completamente ausente y nivelada en el marco de las indicaciones-diktat procedentes de Washington y Londres, algunos países de la América meridional, en particular Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay manifiestan su firme voluntad de participación activa en la construcción del nuevo orden mundial. Rusia, por su posición central en la masa eurasiática, por su vasta extensión y por la actual orientación imprimida a la política exterior por el tándem Putin-Medvedev, será, muy probablemente, la clave de bóveda de la nueva estructura planetaria. Pero, para cumplir con tal función epocal, tendrá que superar algunos problemas internos: entre los primeros, los referentes a la cuestión demográfica y la modernización del país, mientras, en el plano internacional, tendrá que consolidar las relaciones con China e India, instaurar lo más pronto posible un acuerdo estratégico con Turquía y Japón y, sobre todo, tendrá que aclarar su posición en Oriente Medio y en Oriente Próximo.
CONSIDERACIONES SOBRE EL ESCENARIO ACTUAL
Con el fin de presentar un rápido examen del actual escenario mundial y para comprender mejor las dinámicas en marcha que lo configuran, proponemos una clasificación de los actores en juego, considerándolos ya sea por la función que desempeñan en su propio espacio geopolítico o esfera de influencia, ya sea como entidades susceptibles de profundas evoluciones en base a variables específicas.
El presente marco internacional nos muestra al menos tres clases principales de actores. Los actores hegemónicos, los actores emergentes y, finalmente, el grupo de los seguidores y de los subordinados. Por razones analíticas, hay que añadir a estas tres categorías una cuarta, constituida por las naciones que, excluidas, por diversos motivos, del juego de la política mundial, están buscando su función.
LOS ACTORES HEGEMÓNICOS
Al primer grupo pertenecen los países que, por su particular postura geopolítica, que los identifica como áreas pivote, o por la proyección de su fuerza militar o económica, determinan las elecciones y las relaciones internacionales de las restantes naciones. Además, los actores hegemónicos influyen directamente también sobre algunas organizaciones globales, entre las cuales se encuentran el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre las naciones que presentan tales características, aunque con matices diversos, podemos contar a los Estados Unidos, China, India y Rusia.
La función geopolítica que actualmente ejercen los EE.UU. es la de constituir el centro físico y el mando del sistema occidental nacido al final de la Segunda Guerra Mundial. La característica principal de la nación norteamericana, con respecto al resto del planeta, está representada por su expansionismo, llevado a cabo con una particular agresividad y mediante la extensión de dispositivos militares a escala global. El carácter imperialista debido a su específica condición de potencia marítima le impone comportamientos colonialistas hacia amplias porciones de lo que considera impropiamente su espacio geopolítico (1). Las variables que podrían determinar un cambio de función de los EE.UU. son esencialmente tres: a) la crisis estructural de la economía neoliberal; b) la elefantiasis imperialista; c) las potenciales tensiones con Japón, Europa y algunos países de la América centro-meridional.
China, India y Rusia, en cuanto naciones-continente de vocación terrestre, ambicionan desempeñar sus respectivas funciones macro-regionales en el ámbito eurasiático sobre la base de una común orientación, por otra parte, en fase de avanzada estructuración. Tales funciones, sin embargo, están condicionadas por algunas variables entre las cuales destacamos:
1. las políticas de modernización;
2. las tensiones debidas a las deshomogeneidades sociales, culturales y étnicas dentro de sus propios espacios;
3. la cuestión demográfica que impone adecuadas y diversificadas soluciones para los tres países.
Por cuanto respecta a la variable referente a las políticas de modernización, observamos que, al estar estas demasiado interrelacionadas en los aspectos económico-financieros con el sistema occidental, de modo particular con los Estados Unidos, a menudo quitan a las naciones eurasiáticas la iniciativa en la arena internacional, las exponen a las presiones del sistema internacional, constituido principalmente por la triada ONU, FMI y BM (2) y, sobre todo, les imponen el principio de la interdependencia económica, histórico eje de la expansión económica de los EE.UU. En relación a la segunda variable, observamos que la escasa atención que Moscú, Pekín y Nueva Delhi prestan a la contención o solución de las respectivas tensiones endógenas ofrece a su antagonista principal, los Estados Unidos, la ocasión de debilitar el prestigio de los gobiernos y obstaculizar la estructuración del espacio eurasiático. Finalmente, considerando la tercera variable, apreciamos que políticas demográficas no coordinadas entre las tres potencias eurasiáticas, en particular entre Rusia y China, podrían a la larga crear choques para la realización de un sistema continental equilibrado.
Las relaciones entre los miembros de esta clase deciden las reglas principales de la política mundial.
En consideración de la presencia de hasta 4 naciones-continente (tres naciones eurasiáticas y una norteamericana) es posible definir el actual sistema geopolítico como multipolar.
LOS ACTORES EMERGENTES
La categoría de los actores emergentes reagrupa, en cambio, a las naciones que, valorando particulares bazas geopolíticas o geoestratégicas, tratan de desmarcarse de las decisiones que les imponen uno o más miembros del restringido club del primer tipo. Mientras la finalidad inmediata de los emergentes consiste en la búsqueda de una autonomía regional y, por tanto, en la salida de la esfera de influencia de la potencia hegemónica, que ha de llevarse a cabo mediante articulados acuerdos y alianzas regionales, transregionales y extracontinentales, la finalidad estratégica está constituida por la participación activa en el juego de las decisiones regionales e incluso mundiales. Entre los países que asumen cada vez más la connotación de actores emergentes, podemos enumerar a Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay, la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan, el Japón de Yukio Hatoyama y, aunque con alguna limitación, Pakistán. Todos estos países pertenecen, de hecho, al sistema geopolítico llamado “occidental”, guiado por Washington. El hecho de que muchas naciones de lo que, en el periodo bipolar, se consideraba un sistema cohesionado puedan ser hoy señaladas como emergentes y, por tanto, entidades susceptibles de contribuir a la constitución de nuevos polos de agregación geopolítica induce a pensar que el edificio puesto a punto por los EE.UU. y por Gran Bretaña, tal y como lo conocemos, está, de hecho, en vías de extinción o en una fase de profunda evolución. La creciente “militarización” que la nación guía impone a las relaciones bilaterales con estos países parece sustanciar la segunda hipótesis. La común visión continental de los emergentes sudamericanos y la realización de importantes acuerdos económicos, comerciales y militares constituyen los elementos base para configurar el espacio sudamericano como futuro polo del nuevo orden mundial (3).
Los actores emergentes aumentan sus grados de libertad en virtud de las alianzas y de las fricciones entre los miembros del club de los hegemónicos así como de la conciencia geopolítica de sus clases dirigentes.
El número de los actores emergentes y su colocación en los dos hemisferios septentrionales (Turquía y Japón) y meridional (países latinoamericanos) además de acelerar la consolidación del nuevo sistema multipolar, trazan sus dos ejes principales: Eurasia y América indiolatina.
LOS SEGUIDORES-SUBORDINADOS Y LOS SUBORDINADOS
La designación de actores seguidores y subordinados, aquí propuesta, pretende subrayar las potencialidades geopolíticas de los pertenecientes a esta clase con respecto a su transición a las otras. Hay que calificar como seguidores-subordinados a los actores que consideran útil, por afinidad, intereses varios o por condiciones históricas particulares, formar parte de la esfera de
influencia de una de las naciones hegemónicas. Los seguidores-subordinados reconocen al país hegemónico la función de nación-guía. Entre estos podemos mencionar, por ejemplo, la República Sudafricana, Arabia Saudí, Jordania, Egipto, Corea del Sur. Los subordinados de este tipo, dado que siguen a los EE.UU. como nación guía, a menos que surjan convulsiones provocadas o gestionadas por otros, compartirán su destino geopolítico. La relación que mantienen estos actores y el país hegemónico es de tipo, mutatis mutandis, vasallático.
En cambio, se pueden considerar completamente subordinados los actores que, exteriores al espacio geopolítico natural del país hegemónico, padecen su dominio. La clase de los países subordinados está marcada por la ausencia de una conciencia geopolítica autónoma o, mejor todavía, por la incapacidad de sus clases dirigentes de valorar los elementos mínimos y suficientes para proponer y, por tanto, elaborar una doctrina geopolítica propia. Las razones de esta ausencia son múltiples y variadas, entre estas podemos mencionar la fragmentación del espacio geopolítico en demasiadas entidades estatales, la colonización cultural, política y militar ejercida por la nación hegemónica, la dependencia económica hacia el país dominante, las estrechas y particulares relaciones que mantienen el actor hegemónico y las clases dirigentes nacionales, que, configurándose como auténticas oligarquías, están preocupadas más de su supervivencia que de los intereses populares nacionales que deberían representar y sostener. Las naciones que constituyen la Unión Europea entran en esta categoría, con excepción de Gran Bretaña por la conocida special relationshipque mantiene con los EE.UU. (4).
La pertenencia de la Unión Europea a esta clase de actores se debe a su situación geopolítica y geoestratégica. En el ámbito de las doctrinas geopolíticas estadounidenses, Europa siempre ha sido considerada, desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial, una cabeza de puente tendida hacia el centro de la masa eurasiática (5). Tal papel condiciona las relaciones entre la Unión Europea y los países exteriores al sistema occidental, en primer lugar, Rusia y los países de Oriente Próximo y de Oriente Medio. Además de determinar el sistema de defensa de la UE y sus alianzas militares, este particular papel influye, a menudo incluso profundamente, en la política interior y las estrategias económicas de sus miembros, en concreto, las referentes al aprovisionamiento de recursos energéticos (6) y de materiales estratégicos, así como las elecciones en materia de investigación y desarrollo tecnológico. La situación geopolítica de la Unión Europea parece haberse agravado ulteriormente con el nuevo curso que Sarkozy y Merkel han imprimido a las respectivas políticas exteriores, dirigidas más a la constitución de un mercado trasatlántico que al reforzamiento del europeo.
Las variables que, en el momento actual, podrían permitir a los países miembros de la Unión Europea pasar a la categoría de los emergentes tienen que ver con la calidad y el grado de intensificación de sus relaciones con Moscú en referencia a la cuestión del aprovisionamiento energético (North y South Stream), a la cuestión de la seguridad (OTAN) y a la política próximo y medio-oriental (Irán e Israel). Que lo que acabamos de escribir es algo posible lo demuestra el caso de Turquía. A pesar de la hipoteca de la OTAN que la vincula al sistema occidental, Ankara, apelando precisamente a las relaciones con Moscú en lo referente a la cuestión energética, y asumiendo, respecto a las directivas de Washington, una posición excéntrica sobre la cuestión israelo-palestina, está en el camino hacia la emancipación de la tutela americana (7).
Los seguidores y subordinados, debido a su debilidad, representan el posible terreno de choque sobre el que podrían confrontarse los polos del nuevo orden mundial.
Los excluidos
En la categoría de los excluidos entran lógicamente todos los otros estados. Desde un punto de vista geoestratégico, los excluidos constituyen un obstáculo a las miras de uno o más actores de los actores hegemónicos. Entre los pertenecientes a este grupo, asumen un particular relieve, con respecto a los EE.UU. y el nuevo sistema multipolar, Siria, Irán, Myanmar y Corea del Norte. En el marco de la estrategia estadounidense para cercar la masa eurasiática, de hecho, el control de las áreas que actualmente se encuentran bajo la soberanía de esas naciones representa un objetivo prioritario que ha de ser alcanzado a corto-medio plazo. Siria e Irán se interponen a la realización del proyecto norteamericano del Nuevo Gran Oriente Medio, es decir, al control total sobre la larga y amplia franja que desde Marruecos llega a las repúblicas centroasiáticas, auténtico soft
underbelly de Eurasia; Myanmar constituye una potencial vía de acceso en el espacio chino-indio a partir del Océano Índico y un emplazamiento estratégico para el control del Golfo de Bengala y del Mar de Andamán; Corea del Norte, además de ser una vía de acceso hacia China y Rusia, junto al resto de la península coreana (Corea del Sur) constituye una base estratégica para el control del Mar Amarillo y del Mar del Japón.
Los excluidos más arriba citados, en base a las relaciones que cultivan con los nuevos actores hegemónicos (China, India, Rusia) y con algunos emergentes podrían entrar nuevamente en el juego de la política mundial y asumir, por tanto, un importante papel funcional en el ámbito del nuevo sistema multipolar. Este es el caso de Irán. Irán goza del status de país observador en el ámbito de la OTSC, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, considerada por muchos analistas la respuesta rusa a la OTAN, y es candidato al ingreso en la Organización para la Cooperación de Shangai, entre cuyos miembros figuran Rusia, China y las repúblicas centroasiáticas. Además, tiene sólidas relaciones económico-comerciales con los mayores países de la América indiolatina.
LA REESCRITURA DE LAS NUEVAS REGLAS
Los países que pertenecen a la clase de los actores hegemónicos anteriormente descrita tratan de proyectar, por primera vez después de la larga fase bipolar y la breve unipolar, su influencia sobre todo el planeta con la finalidad de contribuir, con recorridos y metas específicas, a la realización de la nueva configuración geopolítica global. A finales de la primera década del siglo XXI se asiste, por tanto, al retorno de la política mundial, articulada esta vez en términos continentales (8). La puesta en juego está constituida, no sólo por el acaparamiento de los recursos energéticos y de las materias primas, por el dominio de importantes nudos estratégicos, sino, sobre todo, considerando el número de actores y la complejidad del escenario mundial, por la reescritura de nuevas reglas. Estas reglas, resultantes de la delimitación de nuevas esferas de influencia, definirán, con toda probabilidad durante un largo periodo, las relaciones entre los actores continentales y, por tanto, también un nuevo derecho. No ya un derecho internacional exclusivamente construido sobre las ideologías occidentales, sustancialmente basado en el derecho de ciudadanía como se ha desarrollado a partir de la Revolución Francesa y en el concepto de estado-nación, sino un derecho que tenga en cuenta las soberanías políticas tal y como se manifiestan y se estructuran concretamente en los diversos ámbitos culturales de todo el planeta.
Los Estados Unidos, aunque actualmente se encuentren en un estado de profunda postración causado por una compleja crisis económico-financiera (que ha evidenciado, por otra parte, las carencias y debilidades estructurales de la potencia bioceánica y de todo el sistema occidental), por el duradero impasse militar en el teatro afgano y por la pérdida del control de vastas porciones de la América meridional, prosiguen, sin embargo, en continuidad con las doctrinas geopolíticas de los últimos años, con la acción de presión hacia Rusia, área geopolítica que constituye su verdadero objetivo estratégico con vistas a la hegemonía planetaria. En el momento actual, la desestructuración de Rusia, o, por lo menos, su debilitamiento, representaría para los Estados Unidos, no sólo un objetivo que persigue al menos desde 1945, sino también una ocasión para ganar tiempo y poner remedios eficaces para la solución de su propia crisis interna y para reformular el sistema occidental.
Precisamente, teniendo bien presente tal objetivo, resulta más fácil interpretar la política exterior adoptada recientemente por la administración Obama con respecto a Pekín y Nueva Delhi. Una política que, aunque tendente a recrear un clima de confianza entre las dos potencias euroasiáticas y los Estados Unidos, no parece dar en absoluto los resultados esperados, a causa del excesivo pragmatismo y de la exagerada ausencia de escrúpulos que parecen caracterizar tanto al presidente Barack Obama como a su Secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton. Un ejemplo de esa ausencia de escrúpulos y del pragmatismo, así como de la escasa diplomacia, entre otros muchos, es el referente a las relaciones contrastantes que Washington ha mantenido recientemente con el Dalai Lama y con Pekín.
Tales comportamientos, dadas las condiciones de debilidad en que se encuentra la exhyperpuissance, son un rasgo del cansancio y del nerviosismo con que el actual liderazgo estadounidense trata de enfrentarse y taponar el progresivo ascenso de las mayores naciones
eurasiáticas y la reafirmación de Rusia como potencia mundial. Las relaciones que Washington cultiva con Pekín y Nueva Delhi trascurren por dos vías. Por un lado, sobre la base del principio de interdependencia económica y mediante la ejecución de específicas políticas financieras y monetarias, los EE.UU. tratan de insertar a China e India en el ámbito del que denominan como sistema global. Este sistema, en realidad, es la proyección del occidental a escala planetaria, ya que las reglas en las que se basaría son precisamente las de este último. Por otro lado, a través de una continua y apremiante campaña denigratoria, la potencia estadounidense trata de desacreditar a los gobiernos de las dos naciones eurasiáticas y de desestabilizarlas, sirviéndose de sus contradicciones y de sus tensiones internas. La estrategia actual es sustancialmente la versión actualizada de la política llamada decongagement (containment, engagement), aplicada, esta vez, no sólo a China sino también, parcialmente, a India.
Sin embargo, hay que subrayar que el dato cierto de esta administración demócrata, que tomó posesión en Washington en enero de 2009, es la creciente militarización con la que tiende a condicionar las relaciones con Moscú. Más allá de la retórica pacifista, el premio Nobel Obama, de hecho, sigue, con la finalidad de alcanzar la hegemonía global, las líneas-guía trazadas por las precedentes administraciones, que se reducen, de forma sumamente sintética, a dos: a) potenciación y extensión de las guarniciones militares; b) balcanización de todo el planeta según parámetros étnicos, religiosos y culturales.
Ante la clara y manifiesta tendencia de los EE.UU. hacia el dominio global –en los últimos tiempos marcadamente sustentada por el corpus ideológico-religioso veterotestamentario (9) más que por un cuidadoso análisis del momento actual que llevase la impronta de la Realpolitik –China, India y Rusia, al contrario, parecen ser bien conscientes de las condiciones actuales que les llaman a una asunción de responsabilidades tanto a nivel continental como global. Tal asunción parece desarrollarse mediante acciones tendentes a la realización de una mayor y mejor articulada integración eurasiática así como mediante el apoyo de las políticas pro-continentales de los países sudamericanos.
LA CENTRALIDAD DE RUSIA
La reencontrada estatura mundial de Rusia como protagonista del escenario global impone algunas reflexiones de orden analítico para comprender su posicionamiento tanto en el ámbito continental como global, así como también las variables que podrían modificarlo a corto y medio plazo.
Mientras en relación a la masa euroafroasiática, la función central de Rusia como suheartland, tal y como fue sustancialmente formulada por Mackinder, es nuevamente confirmada por el actual marco internacional, más problemática y más compleja resulta, en cambio, su función en el proceso de consolidación del nuevo sistema multipolar.
Espina dorsal de Eurasia y puente eurasiático entre Japón y Europa
Los elementos que han permitido a Rusia reafirmar su importancia en el contexto eurasiático, muy esquemáticamente, son:
1. reapropiación por parte del Estado de algunas industrias estratégicas;
2. contención de los impulsos secesionistas;
3. uso “geopolítico” de los recursos energéticos;
4. política dirigida a la recuperación del “exterior próximo”;
5. constitución del partenariado Rusia-OTAN, como mesa de discusión destinada a contener el proceso de ampliación del dispositivo militar atlántico;
6. tejido de relaciones a escala continental, orientadas a una integración con las repúblicas centroasiáticas, China e India;
7. constitución y cualificación de aparatos de seguridad colectiva (OTCS y OCS).
Si la gestión, antes de Putin y ahora de Medvedev, del agregado de elementos más arriba considerados ha mostrado, en las presentes condiciones históricas, la función de Rusia como espina dorsal de Eurasia, y, por tanto, como área gravitacional de cualquier proceso orientado a la integración continental, sin embargo, no ha puesto en evidencia su carácter estructural, importante para las relaciones ruso-europeas y ruso-japonesas, es decir, el de ser el puente eurasiático entre la península europea y el arco insular constituido por Japón.
Rusia, considerada como puente eurasiático entre Europa y Japón, obliga al Kremlin a una elección estratégica decisiva para los desarrollos del futuro escenario mundial: la desestructuración del sistema occidental. Moscú puede conseguir tal objetivo con éxito, a medio y largo plazo, intensificando las relaciones que cultiva con Ankara por cuanto respecta a las grandes infraestructuras (South Stream) y poniendo en marcha otras nuevas con respecto a la seguridad colectiva. Acuerdos de este tipo provocarían ciertamente un terremoto en toda la Unión Europea, obligando a los gobiernos europeos a tomar una posición neta entre la aceptación de una mayor subordinación a los intereses estadounidenses o la perspectiva de un partenariado euro-ruso (en la práctica, eurasiático, considerando las relaciones entre Moscú, Pekín y Nueva Delhi), que respondiera en mayor medida a los intereses de las naciones y de los pueblos europeos (10). Una iniciativa análoga debería ser tomada por Moscú con respecto a Japón, incluyéndose como socio estratégico en el contexto de las nuevas relaciones entre Pekín y Tokio y, sobre todo, poniendo en marcha, siempre junto a China, un proceso apropiado de integración de Japón en el sistema de seguridad eurasiático en el ámbito de la Organización para la Cooperación de Shangai (11).
Clave de bóveda del nuevo orden mundial
Con respecto al nuevo orden mundial, Rusia parece poseer los elementos base para cumplir una función epocal, la de clave de bóveda de todo el sistema. Uno de los elementos está constituido precisamente por su centralidad en el ámbito eurasiático como hemos expuesto anteriormente, otros dependen de sus relaciones con los países de la América meridional, de su política en Oriente Próximo y en Oriente Medio y de su renovado interés por la zona ártica. Estos cuatro factores resultan problemáticos ya que están estrechamente ligados a la evolución de las relaciones existentes entre Moscú y Pekín. China, como se sabe, ha estrechado, al igual que Rusia, sólidas alianzas económico-comerciales con los países emergentes de la América indiolatina, lleva en Oriente Medio y en Oriente Próximo una política de pleno apoyo a Irán y, además, manifiesta una gran atención por los territorios siberianos y árticos (12). Considerando lo que acabamos de recordar, si las relaciones entre Pekín y Moscú se desarrollan en sentido todavía más acentuadamente eurasiático, prefigurando una especie de alianza estratégica entre los dos colosos, la consolidación del nuevo sistema multipolar se beneficiará de una aceleración, en caso contrario, sufrirá una ralentización o entrará en una situación de estancamiento. La ralentización o el estancamiento proporcionarían el tiempo necesario para que el sistema occidental pudiera reconfigurarse y volviera a entrar, por tanto, en el juego en las mismas condiciones que los otros actores.
El nudo gordiano de Oriente Próximo y de Oriente Medio – la obligación de una elección de campo
Entre los elementos más arriba considerados, referentes a la función global que Rusia podría desempeñar, la política próximo y medio-oriental del Kremlin parece ser la más problemática. Esto es así a causa de la importancia que este tablero representa en el marco general del gran juego mundial y por el significado particular que ha asumido, a partir de la crisis de Suez de 1956, en el interior de las doctrinas geopolíticas estadounidenses. Como se recordará, la política rusa, o mejor, soviética, en Oriente Próximo, después de una primera orientación pro-sionista de los años 1947-48, que, por otra parte, se extendió hasta febrero de 1953, cuando se consumó la ruptura formal entre Moscú y Tel Aviv, se dirigió decididamente hacia el mundo árabe. En el sistema de alianzas de la época, el Egipto de Nasser se convirtió en el país central de esta nueva dirección del Kremlin, mientras el neo-estado sionista representó el special partner de Washington. Entre altibajos, Rusia, tras la licuefacción de la URSS, mantuvo esta orientación filo-árabe, aunque con algunas dificultades. En el cambiado marco regional, determinado por tres acontecimientos principales: a) inserción de Egipto en la esfera de influencia estadounidense; b) eliminación de Irak; c) perturbación del área afgana que atestiguan el retroceso de la influencia rusa en la región y el contextual avance, también militar, de los Estados Unidos, el país central de la política próximo y medio-oriental rusa está lógicamente representado por la República Islámica de Irán.
Mientras esto ha sido ampliamente comprendido por Pekín, en el marco de la estrategia orientada a su reforzamiento en la masa continental euroafroasiática, no se puede decir lo mismo de Moscú. Si el Kremlin no se da prisa y declara abiertamente su elección de campo a favor de Teherán,
disponiéndose de esa manera a cortar el nudo gordiano que constituye la relación entre Washington y Tel Aviv, correrá el riesgo de anular su potencial función en el nuevo orden mundial.
* Tiberio Graziani es director de Eurasia. Rivista di studi geopolitici – www.eurasia-rivista.org
1. El sistema occidental, tal y como se ha afirmado desde 1945 hasta nuestros días, está estructuralmente compuesto por dos principales espacios geopolíticos distintos, el angloamericano y el de la América indiolatina, a los que se añaden porciones del espacio eurasiático. Estas últimas están constituidas por Europa (península eurasiática y cremallera euroafroasiática) y por Japón (arco insular eurasiático). La América indiolatina, Europa y Japón han de ser considerados, por tanto, en relación al sistema « occidental », más propiamente, como esferas de influencia de la potencia del otro lado del Océano.
2. La ONU, el FMI y el BM, en el ámbito de la confrontación entre el sistema occidental guiado por los EE.UU. y las potencias eurasiáticas, de hecho, desempeñan la función de dispositivos geopolíticos por cuenta de Washington.
3. Por cuanto respecta al redescubrimietno de la vocación continental de la América centromeridional en el ámbito del debate geopolítico, madurado en relación a la oleada globalizadora de los últimos veinte años, nos remitimos, entre otros, a los trabajos de Luiz A. Moniz Bandeira, Alberto Buela, Marcelo Gullo, Helio Jaguaribe, Carlos Pereyra Mele, Samuel Pinheiro Guimares, Bernardo Quagliotti De Bellis; señalamos, además, la reciente publicación de Diccionario latinoamericano de seguridad y geopolitíca (dirección editorial a cargo de Miguel Ángel Barrios), Buenos Aires 2009.
4. Luca Bellocchio, L’eterna alleanza? La special relationship angloamericana tra continuità e mutamento, Milán 2006.
5. Por motivaciones geoestratégicas análogas, siempre referentes al cerco de la masa eurasiática, los EE.UU. consideran Japón una de sus cabezas de puente, muy semejante a la europea.
6. En el específico sector del gas y del petróleo, la influencia estadounidense y, en parte, británica determinan la elección de los miembros de la UE respecto a sus socios extra-europeos, a las rutas para el transporte de los recursos energéticos y la proyección de las consiguientes infraestructuras.
7. Un enfoque teórico referente a los procesos de transición de un Estado de una posición de subordinación a una de autonomía respecto a la esfera de influencia en que se inscribe, ha sido recientemente tratado por el argentino Marcelo Gullo en el ensayoLa insubordinación fundante. Breve historia de la construcción del poder de las naciones, Buenos Aires 2008.
8. A tal respecto, son significativos los llamamientos constantes de Caracas, Buenos Aires y Brasilia a la unidad continental. En el apasionado discurso de toma de posesión de la presidencia de Uruguay, que tuvo lugar en la Asamblea general del parlamento nacional el 1 de marzo de 2010, el recién elegido José Mujica Cordano, ex tupamaro, subrayó con vigor que “Somos una familia balcanizada, que quiere juntarse, pero no puede. Hicimos, tal vez, muchos hermosos países, pero seguimos fracasando en hacer la Patria Grande. Por lo menos hasta ahora. No perdemos la esperanza, porque aún están vivos los sentimientos: desde el Río Bravo a las Malvinas vive una sola nación, la nación latino-americana”.
9. Eso también en consideración de la política “prosionista” que Washington lleva en Oriente Próximo y en Oriente Medio. Véase a tal propósito el largo ensayo de J. Mearsheimer e Stephen M. Walt, La Israel lobby e la politica estera americana, Milán, 2007 (Hay versión española, El lobby israelí, Taurus, 2007).
10. Una hipótesis de partenariado euro-ruso, basado en el eje París-Berlín-Moscú, fue propuesto en un contexto diverso del actual en el brillante ensayo de Henri De Grossouvre, Paris, Berlin, Moscou. La voie de la paix et de l’independénce, Lausana 2002.
11. La ampliación de las estructuras continentales (globales en el caso de la OTAN) de seguridad y defensa parece ser el índice del grado de consolidación del sistema multipolar. Además de la OTAN, la OTSC y las iniciativas en el ámbito de la OCS, hay que recordar también el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
12. Linda Jakobson, China prepares for an ice-free Arctic, Sipri Insights on Peace and Securiry, no. 2010/2 Marzo 2010.
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