jueves, 7 de mayo de 2015

Material sobre la ley que estatiza los ferrocarriles

“Ramal que arranca no para nunca más”
“El ferrocarril debe cesar de estar al servicio de su propio interés. Debe dejar de perseguir la ganancia como objetivo. Debe cambiar por completo la dirección y el sentido de su actividad para ponerse íntegramente al servicio de los requerimientos nacionales.” Raúl Scalabrini Ortiz El proyecto declara de "interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario y rever los vectores del sistema de explotación de del transporte ferroviario de cargas argentino". La afirmación de la cual se parte en el proyecto es que el Estado puede gestionar incluso más eficientemente que el sector privado. Fue durante la primer presidencia de Juan Domingo Perón, que el Estado Nacional llevó adelante un rol activo en la gestión y control de los servicios ferroviarios a través de la nacionalización, llegando a ser un ejemplo en Latinoamérica con una red ferroviaria con más de 43.000 kilómetros de vías en el año 1947. Con el derrocamiento del General Perón en 1955, los ferrocarriles comienzan a perder interés político por parte de los gobiernos de facto y finalmente son directamente perjudicados en 1958 mediante el establecimiento del Plan Larkin que impuso el desmantelamiento de kilómetros de vías y ramales así como el despido de varios empleados. En 1974 con la vuelta de la Presidencia del General Perón se retoma el desarrollo en materia ferroviaria a través de la modernización del sector pero con el comienzo de la dictadura y en las etapas siguientes es cuando más se verá efectivo el desmantelamiento del sistema ferroviario. Durante la dictadura militar, estando el servicio a cargo del Estado, debido a la política liberal, se condujo a un gran deterioro del mismo, un alto déficit operativo, falta de mantenimiento de bienes e infraestructura y bajo nivel de inversión lo que produjo un bajo nivel en la calidad del servicio con cierre de talleres, despidos masivos y finalmente, caída de la demanda.
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"Ramal que para, ramal que cierra" En la década del 90 con las leyes 23.696 y 23.697 de Reforma del Estado y Privatizaciones y de Emergencia Económica, se completa el desmantelamiento del servicio a través de la privatización de los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros y de cargas mediante el sistema de concesión. Numerosas pequeñas ciudades y pueblos quedaron totalmente aisladas por el cierre de ramales quedando totalmente a la deriva. El transporte ferroviarios de cargas comienza a perder peso frente al transporte automotor principalmente camiones que conlleva un costo superior en el traslado de la carga de origen a destino y mayor propensión a sufrir accidentes viales por el aumento del autotransporte. Debido a la política neoliberal, se produjo, asimismo, el cierre de talleres ferroviarios y mediante los retiros voluntarios y despidos, la reducción masiva del empleo. Las políticas neoliberales provocaron que la recesión en el sector ferroviario fuera en aumento y a nivel socio-económico general el estallido de la crisis a principio de siglo XXI con 53% de la población por debajo de la línea de la pobreza, un 24,8% considerada indigente y una tasa de desempleo del 20,7%, valor nunca antes alcanzado en el país. En consecuencia, en el 2002 se declaró la Ley 25.561 que establece la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. En el año 2003, cuando asume Néstor C. Kirchner, el escenario era devastador. En el sector ferroviario, más de 15.000 vías fuera de servicio, estaciones cerradas y pueblos completamente aislados. Tras doce años de crecimiento sostenido con la expansión del PBI entre el 2003 y 2008 a una tasa promedio anual de 8,5%, el Estado Nacional viene implementando una política en materia ferroviaria de renovación de la infraestructura y material rodante, reactivación de ramales de pasajeros de media y larga distancia, construyendo y poniendo en valor estaciones, así como también la reactivación de talleres ferroviarios. Por ejemplo en las líneas metropolitanas General San Martín, Mitre y Sarmiento se renovó completamente el material rodante. Se adquirieron 220 coches y 22 locomotoras para líneas de larga distancia. Se viene desarrollando un proceso de inversión y recuperación del transporte de cargas siendo éste un importante factor en el desarrollo y fomento de las economías regionales, lo cual abarata los costos de transporte, genera mayor competitividad y brindan mayores posibilidades de colocar los productos en el mercado. Los objetivos del Estado establecidos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner son crear una red ferroviaria de logística que se encuentre
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integrada al circuito productivo regional y sea enlace con los países limítrofes contribuyendo a la integración regional; la integración del territorio y conectividad del país; el desarrollo de economías regionales con equidad social y la creación de puestos de empleo.
Antecedentes
Ley de Reordenamiento Ferroviario (N° 26.352) Sancionada en el 2008, la ley introduce el concepto de separación horizontal del sistema ferroviario, es decir, diferencia la gestión de la infraestructura ferroviaria de la operación de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas. Existen dos elementos fundamentales de capital fijo para la operación de una empresa ferroviaria: el material rodante (locomotoras y vagones) y la infraestructura (vías, estaciones, playa de maniobras). Históricamente las empresas ferroviarias tanto privadas como públicas o concesionadas funcionaron verticalmente. En los últimos años, algunos países llevaron adelante modificaciones con el objetivo de equiparar las condiciones de transporte con otros modos. Se escindieron las empresas, quedando la administración de la infraestructura bajo gestión estatal mientras que los operadores públicos mantuvieron el material rodante. De esta manera, se abrió la competencia a que los privados pudieran operar haciendo uso de la infraestructura a través del pago de un peaje. El objetivo es que a través de la competencia entre operadores se genere el desarrollo del transporte ferroviario. Mediante el artículo 7º de esta ley se creó la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOF) que tiene a cargo el servicio de transporte tanto de pasajeros como de cargas así como también el mantenimiento del material rodante. Esta Sociedad es la que actualmente presta los servicios ferroviarios de las líneas Sarmiento, Mitre, General Roca, Belgrano Sur y San Martín. El artículo 2º creó la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (A.D.I.F) que tiene a su cargo el mantenimiento y administración de la infraestructura ferroviaria actual, las que se construyan en el futuro y la gestión del sistema de control de circulación de trenes. Decreto Nº566
El 21 de mayo de 2013 mediante este decreto se creó la Sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima que tiene por objeto "la prestación y explotación comercial de
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servicio de transporte de cargas, la operación y logística de trenes, la atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, infraestructura, equipos, terminales de carga y servicios de telecomunicaciones y todas las demás actividades complementarias y subsidiarias del sector de la red nacional ferroviaria integrada por el Ferrocarril General Belgrano".
Ferrocarriles Argentinos S.E.
El proyecto toma como modelo al instaurado en Francia en donde se unificó el sistema ferroviario de dicho país poniéndolo a cargo de la Societe Nationale des Chemins de Fer (SNCF) constituyendo un gran holding público en donde funcionan dos nuevas divisiones SNCF Mobilités, operadora, y SNCF Réseau que gestiona la infraestructura. Teniendo en cuenta el lugar estratégico que tienen las SOF, ADIF y el Belgrano Cargas y Logística en el desarrollo de las políticas ferroviarias, el proyecto de ley propone constituir la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado para articular las funciones y competencias de las mismas, así como la articulación de todo el sector ferroviario nacional proponiendo líneas de acción, aprobando programas, proyectos, planes tendientes a la mejora del transporte ferroviario, supervisando su implementación y ejecutando cualquier otra acción que conduzca al cumplimiento de sus objetivos. De esta manera, se busca garantizar un sistema de transporte ferroviario más eficiente, sólido, seguro y sustentable. Esta sociedad estará compuesta por un representante de la Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte, por el Presidente del Directorio de ADIF S.E. o de la sociedad que la reemplace en el futuro, por el Presidente del Directorio de BCYL S.A. o de la sociedad que la reemplace en el futuro, por el Presidente del Directivo de Operadora Ferroviaria S.E o de la sociedad que la reemplace en el futuro, un representante de los usuarios y dos representantes designados por el Ministerio del Interior y Transporte a propuesta por organizaciones gremiales inscriptas y representativas del sector ferroviario.
El proyecto establece la transferencia a Ferrocarriles Argentinos del ciento por ciento del capital social de la ADIF y de Operadora Ferroviaria S.E. y del porcentaje de acciones que corresponden a ADIF y a Operadora Ferroviaria S.E en la Sociedad Belgrano Cargas y Logística. Con respecto a las acciones que representan el 16% de capital social que posee el Estado en Nuevo Central Argentino S.A, Ferroexpreso Pampeano S.A. y
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Ferrosur Roca S.A., serán transferidas a Ferrocarriles Argentinos. Con respecto a estas últimas, el Estado Nacional asume la plena administración en relación a la infraestructura en todo el territorio nacional pudiendo renegociar los contratos de concesión suscriptos con estas sociedades anónimas. Otro punto importante del proyecto es el acceso libre (open access) para el servicio de transporte ferroviario de cargas de manera que cualquier operador ferroviario pueda brindar el servicio para transportar cargas con origen y destino a cualquier punto de la red ferroviaria nacional independientemente de quien sea el titular de las instalaciones. Crea, además, el Registro de Operadores de Carga. La administración de la infraestructura ferroviaria (vías, estaciones y playas de maniobras) así como de los sistemas de control de circulación de trenes quedará a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E pudiendo acordar con los operadores de cargas y pasajeros la autorización para obras de mejoramiento o de renovación de los sectores donde presten servicios. Asimismo cabe destacar que se le otorga la facultad a la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E, a la Sociedad Belgrano Cargas y Logística S.A. y a la Administración de Infraestructuras Ferroviaria la posibilidad de prestar los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, correspondiente a la primera, transporte ferroviario de cargas, correspondiente a la segunda y la administración de la infraestructura, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes en caso de la ADIF, a través de sí o por medio de terceros o en asociación con terceros. El proyecto recibió dos principales modificaciones por parte de la Cámara de Diputados correspondientes a la conformación del Directorio la participación de un representante de los usuarios del servicio ferroviario, y por otro lado, el acceso libre en lo que concierne al transporte ferroviario de pasajeros tal como se establece para el transporte de cargas.
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Soberanía ferroviaria
“Por eso el problema ferroviario puede sintetizarse en la siguiente fórmula: adquirir los ferrocarriles equivale a adquirir soberanía”. Raúl Scalabrini Ortiz. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se recuperó al Estado como actor principal en las tomas de decisiones, en la implementación de políticas públicas y en la asignación de recursos que beneficien a todos los argentinos tras décadas de vaciamiento que impusieron las políticas neoliberales llevadas adelante a partir de la Dictadura y profundizadas en la década del 90 con las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica. Las privatizaciones, lejos de administrar más eficientemente el servicio de transporte ferroviario, desincentivaron la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y material rodante, llevaron al servicio al completo deterioro, produjeron tanto un alto déficit operativo como cientos de pérdidas de puestos de trabajo y poblaciones totalmente aisladas. Las empresas privadas que se hicieron cargo de las concesiones lejos de brindar un servicio público, utilizaron al servicio de transporte ferroviario de cargas para transportar su propia producción y así, abaratar sus costos y usufructuaron los recursos públicos para recibir los subsidios del Estado desatendiendo completamente el mantenimiento de las vías y locomotoras.
Gracias a la recuperación de la política como herramienta de transformación de la realidad hoy se puede aspirar a implementar una visión integral y estratégica con respecto al servicio de transporte ferroviario que permita lograr una planificación eficiente de las inversiones y una adecuada administración de la infraestructura. Gracias a esto, hoy se logró la renovación total del material rodante de las líneas General San Martín, Sarmiento y Mitre y próximamente de las líneas General Roca y Belgrano Sur alcanzando los 1000 coches cero kilómetro. Se reactivaron los servicios de transporte de larga distancia como el emblemático que une la Estación Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Mar del Plata y el servicio internacional que une Posadas, Misiones con Encarnación, Paraguay. Hoy el Belgrano Cargas y Logística funciona bajo administración estatal y establece tarifas preferenciales para transportar productos regionales de pequeños productores y PyMES asignándoles una prioridad dentro de la carga del ferrocarril. Es debido a la recuperación del Estado que hoy se ponen en valor y se reactivan los talleres
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ferroviarios que fueron cerrados en los 90 que generan nuevos puestos de trabajo, se renuevan las estaciones y se vuelve a conectar el país.
Gracias a esto, hoy se puede ver realidad el sueño de los argentinos de volver a recuperar los ferrocarriles a manos del Estado, es decir, como afirma Scalabrini Ortiz de adquirir soberanía.
Resumen
• Declara de "interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario y rever los vectores del sistema de explotación de del transporte ferroviario de cargas argentino".
• Se parte de la premisa de que el Estado puede gestionar incluso más eficientemente que el sector privado.
• El proyecto se inspira en el modelo francés de la SNCF.
• Crea Ferrocarriles Argentinos S.E. para integrar y articular las funciones y competencias de las sociedades creadas por la Ley 26.352 y el Decreto N° 566/13 y articulación de todo el sector ferroviario nacional proponiendo prácticas y líneas de acción coordinadas entre ellas, aprobando políticas, planes, programas y proyectos tendientes a la mejora constante del transporte ferroviario que lleven adelante estas sociedades controladas, supervisando su implementación y ejecutando cualquier otra función que haga al cumplimiento de sus objetivos.
• Se busca garantizar un sistema de transporte más sólido, sustentable, seguro y eficiente.
• El directorio de Ferrocarriles Argentinos estará compuesto por un representante de la Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte, el presidente del directorio de la sociedad Belgrano Cargas y Logística, el presidente del directorio de la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E., el presidente del directorio de Operadora Ferroviaria S.E., dos representantes designados por el Ministerio del Interior y Transporte a propuesta de organizaciones gremiales representativas del sector ferroviario. Debido a la modificación que realizó la
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Cámara de Diputados, también formará parte un representante de los usuarios del servicio de transporte ferroviario.
• Serán transferidas a Ferrocarriles Argentinos los certificados nominativos que representan el 100% del capital social de la ADIF y de Operadora Ferroviaria, así como el 75% del capital social del Belgrano Cargas y Logística, pertenecientes al Estado Nacional.
• Se establece el libre acceso (open access) para el servicio de transporte ferroviario de cargas de manera que cualquier operador ferroviario pueda brindar el servicio para transportar cargas con origen y destino a cualquier punto de la red ferroviaria nacional independientemente de quien sea el titular de las instalaciones. Crea, además, el Registro de Operadores de Carga. Gracias a la modificación en Diputados, el libre acceso también se implementará para el servicio de transporte de pasajeros. De esta manera, se promueve aumentar el tráfico y la competitividad para incentivar el desarrollo del sector.
• El Estado tiene plena potestad en la administración de la infraestructura ferroviaria diferenciando la operación de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas que puede ser llevada a cabo tanto por actores públicos como privados. Es decir, se continúa con la implementación del concepto de separación horizontal del sistema ferroviario introducido por la Ley de Reordenamiento Ferroviario sancionada en el 2008 que diferencia la gestión de la infraestructura ferroviaria bajo administración estatal de la operación de los servicios de transporte de pasajeros y de cargas.
• El Estado Nacional debe reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de la circulación de trenes pudiendo renegociar los contratos de concesión de Nuevo Central Argentino S.A, Ferroexpreso Pampeano S.A y Ferrosur Roca S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A Concesionaria, así como los contratos de concesión suscriptos por las provincias.

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