jueves, 17 de septiembre de 2015

El golpe de 1955 y el peronismo en la resistencia

                                    El golpe de 1955 y el peronismo en la resistencia
Comisión de Historia de La Cámpora

No me olvides, no me olvides no me olvides, es la flor del que se fue. No me olvides, no me olvides. No me olvides, volveremos otra vez. Es el novio de la patria de la patria que le espera. Volverán los nomeolvides, volverán en primavera. ¡No me olvides, no me olvides, no me olvides! Canta el pueblo de Perón. No me olvides sobre el pecho, no me olvides pegadito al corazón. Poema de Arturo Jauretche, escrito en 1955. Ante la prohibición de todos los símbolos peronistas, se comenzó a usar la flor del nomeolvides como forma de recordar la lealtad a Perón 

El 16 de septiembre de 1955 se produjo el golpe cívico-militar contra el gobierno democrático de Perón. Ese golpe, más allá de sus brutalidades totalitarias, fue la expresión de una alianza de intereses que reaccionaron contra los diez años de conquistas sociales que había producido el peronismo. Entender su dinámica interna y la resistencia social que se le opuso es importante para comprender la historia reciente de nuestro país, así como también los intereses permanentes de los sectores privilegiados de la Argentina. El peronismo, entre su aparición como sujeto político-social con la movilización del 17 de octubre de 1945 y durante el primer periodo como gobierno, entre 1946 y 1955, dio comienzo a un nuevo ciclo histórico, creando una nueva subjetividad política en los sectores populares. Había nacido una identidad clara, decisiva y divisoria de aguas, en tanto representaba intereses y aspiraciones de una mayoría social. El golpe de Estado de 1955 inauguró un nuevo segmento de este capítulo histórico, donde las clases subalternas, ya sin el control del gobierno se enfrentaron a una correlación de fuerzas cambiantes, en general desfavorable. Esta nueva situación implicó la creación de otras formas de expresión y organización del peronismo. Al mismo tiempo, se produjeron reacomodamientos doctrinarios, a partir de pensarse ya no como un amplio frente que debía conducir un gobierno nacional, sino como un movimiento político que, anulada la vía electoral, debía imaginar escenarios de insurrección, boicot, o huelgas como formas de lucha principales. El nombre que adquirió esta etapa es el de “resistencia peronista”, cuyos puntos extremos que lo limitan en el tiempo van de 1955 hasta 1973, cuando después de 18 años, el peronismo puede acceder nuevamente al gobierno por medio de elecciones. El golpe de estado del 1955 contó con el apoyo de distintos actores socioeconómicos cuyas contradicciones internas determinaron parte de la dinámica y las características de este proceso histórico. Por un lado, la intención de los sectores oligárquicos tradicionales (aliados a un ya residual “imperio” británico -en claro declive respecto a EEUU-) de restaurar el ya viejo modelo agroexportador, sin condiciones históricas para lograrlo. Desde la década del 30, y de forma mucho más notable, desde 1943, la Argentina había dejado de ser aquella economía de simple exportación de materias primas. Ahora existía un mercado interno importante, producciones industriales diversas, un Estado articulando intereses y vastos sectores sociales trabajadores y clases medias que se habían incorporado a la producción y el consumo. El retorno a la Argentina de las pasturas, los terratenientes y los peones de bajos salarios era, sencillamente, impracticable. Los grandes empresarios locales, vinculados a la Unión Industrial Argentina, y que habían sido uno de los grandes beneficiarios de la década peronista tendrán como expectativa, luego del golpe del 55, una mayor acumulación del capital para generar el recambio tecnológico en sus plantas y mayores niveles de competitividad. El fin del peronismo como experiencia de gobierno, les garantizaba el fin de la profundización de las conquistas sociales y laborales, y un freno al avance del poder de los trabajadores dentro de las fábricas. El modelo político que acompañó este momento histórico fue el “desarrollismo”, en sintonía con los planes norteamericanos de “modernización” en América latina desde finales de la década del 50 y los 60. Una forma de ver materializada esta alianza es con la llegada de inversiones industriales en el sector automotriz: los países centrales, representados en las firmas líderes del mercado automotor, lograron penetrar dentro del mercado interno local, volviendo “industria nacional” la fabricación de autos, lo que en verdad se reducía al ensamble de piezas importadas. Así, la burguesía industrial local pasó a ser un socio minoritario dentro de una estructura productiva de alcance global, manejada por grandes empresas internacionales, generando una nueva forma de dependencia, en tanto las mayores rentabilidades quedaban para el capital extranjero, así como el control de todo el proceso productivo y comercial. Una vez consolidado el poder militar a fines de 1955, la disputa interna entre los proyectos de dependencia (uno ligado a la economía agroexportadora, el otro a una industrialización bajo control externo), terminó definiéndose en favor de la última alianza descripta (EEUU y burguesía local). Esta forma de “desarrollo”, sin embargo nunca llegó a producir un salto cualitativo que le permita al país convertirse en una economía industrial en forma plena. La importación de los productos de mayor valor agregado, aún en los sectores donde supuestamente estaba la clave del desarrollo nacional, así como la dependencia de inversiones extranjeras o toma de deuda para suplir el déficit generado por este esquema siguieron funcionando como las lógicas predominantes de la economía argentina. Es importante detenerse en esta cuestión: este nuevo proyecto económico se asentaba en la inversión extranjera como agente dinamizador de la estructura productiva, y la llegada de flujos de capital a nuestro país, permitió momentánea euforia producto de la mejora artificial en la balanza de pagos. Es decir, mientras duró el boom inversor generó mayores divisas, lo que permitió un equilibrio entre los pagos de las importaciones y las exportaciones (algo que, en la última fase del peronismo había sido uno los mayores problemas económicos). Sin embargo, esto funcionaba como un espejismo, porque una vez desarrollado el proceso de inversión, producción, venta y acumulación, la parte de las ganancias empresarias no se reinvertían en el país, sino que se fugaban, volviendo a las casas matrices en los países centrales. De esta manera, la balanza volvía a ser deficitaria. A lo que habría que agregar algo clave: luego del Golpe de 1955, la Argentina ingresaría en el FMI, el Banco Mundial y el Club de Paris, iniciando de a poco el ciclo de deuda externa. Lo que provocó el comienzo de la vinculación con el dólar como elemento cada vez más central en las ecuaciones económicas internas del país. Así, el retiro cíclico de capitales mermaba la cantidad de moneda norteamericana, obligando a aplicar los planes de ajuste y las mega devaluaciones, símbolos de los planes económicos de la época. 

La resistencia peronista en la fábrica Pero como la historia demuestra, ningún modelo, sistema o estructura entra en crisis sólo por su propia dinámica, es necesario que un sujeto social concreto lo cuestione. Los sectores populares, los trabajadores organizados, aún en un marco de retroceso después de la caída del peronismo, lograron frenar, al menos parcialmente, los objetivos de este nuevo modelo de acumulación. Para lograr tener un éxito final, el nuevo proyecto de los sectores dominantes necesitaba mayores grados de explotación en las fábricas (lo que traducido al lenguaje de sus defensores sería mayores grados de “productividad”) lo que chocó con la legislación laboral del peronismo. El miedo a una reacción social incontrolable, los gobiernos anti peronistas no se atrevieron a tocar aquella legislación laboral durante estas décadas. De hecho, la defensa de las conquistas laborales y sociales fue una constante de la resistencia peronista y funcionó como el “programa” tácito de los sectores populares. No casualmente es allí donde el primer gobierno dictatorial posterior al golpe puso su energía represiva: a la proscripción general del peronismo le siguió el encarcelamiento masivo de delegados y activistas gremiales junto a la clausura de sindicatos y los intentos por reemplazar a las conducciones tradicionales por otras no peronistas. El objetivo era debilitar al movimiento obrero, generando condiciones para una “racionalización” del proceso productivo, en otras palabras, el objetivo era transferir el poder dentro de la fábrica de los trabajadores a los empresarios. Pero frente a la impotencia de los dirigentes sindicales (y, en muchos casos, su paulatina vinculación con los gobiernos militares o directamente con las empresas) surgieron comisiones internas clandestinas que bajo nuevos liderazgos juveniles comenzaron a usar el sabotaje pasivo o activo, las huelgas focalizadas y las tomas de fábricas como forma de lucha impidiendo o debilitando ese avance patronal. La resistencia peronista contó con distintas fases, cada una con sus peculiaridades, aunque con una identidad que permitió aglutinarlas como una experiencia común. Una de ellas fue la necesidad de readecuar el funcionamiento de la base social peronista al nuevo escenario: de ser dirección política del Estado a tener que hacer política contra un Estado de carácter represivo y prescriptivo. Todo un aprendizaje social, teniendo en cuenta el acostumbramiento de una década donde lo normal era esperar soluciones desde las instituciones. La primera etapa de la resistencia tendrá a John William Cooke, quien había sido diputado nacional durante el gobierno peronista, al mando, designado por Perón en su primer exilio desde el Paraguay. Cooke quedó encargado de organizar la resistencia integral, entendida esta como una batalla librada en todos los terrenos donde se pudiera expresar la contradicción de intereses entre las masas peronistas y las fuerzas reaccionarias. Esto podía darse en el ámbito sindical (sabotaje, huelgas, etc), el militar (como el levantamiento del general Valle en 1956) y circunstancialmente -y de forma camuflada- el electoral (ya sea llamando al voto en blanco o con alianzas tácticas como el voto por Frondizi en 1958). La idea era generar un desgaste paulatino, de menor a mayor, acumulando pequeñas victorias pero cada vez en mayor cantidad, hasta que la estructura de poder quedara paralizada. El objetivo, en todos los casos era la vuelta de Perón al país, para reiniciar otra etapa de ofensiva, y retornar al gobierno. Si bien esto no se lograría en el corto plazo, como suponían los militantes de la segunda mitad de los años 50, la estrategia se mostró correcta, cuando Perón pudo regresar de la mano de la movilización social y el desgaste del anti peronismo que, en todas sus formas, tuvo que resignarse a convocar a elecciones democráticas en 1973. La masificación de las comisiones internas de fábrica llevaron a una legalización de hecho y luego de derecho de la actividad sindical. Esta situación llevó a los gobiernos militares o civiles pero basado en la proscripción al peronismo (como los de Frondizi o Illia) a cambiar la estrategia hacia el movimiento obrero. La ofensiva sobre la fábrica se fue desacelerando, ante la capacidad de respuesta de los trabajadores contra los empresarios y el Estado. El formato de la represión lisa y llana, y la búsqueda por hacer desaparecer al peronismo como expresión política fueron, finalmente, dejados de lado, al advertirse que eran objetivos imposibles de ser realizados. De alguna manera, los sectores dominantes vuelven a pensar distintas formas de “incorporar” al peronismo al sistema: domesticarlo, negociar con algunas de sus ramas, proponer distintas fórmulas de un “peronismo sin Perón”, como caminos para contener la respuesta social creciente, sin entregar el poder que habían recuperado los sectores conservadores después de 1955. Este cambio de estrategia y la moderación del objetivo de construir una sociedad pos peronista, encubría, en verdad, la imposibilidad de imponer un proyecto económico que rompiera la inercia que aún tenían los cambios que había producido el peronismo entre 1945 y 1955. Las fuerzas oligárquicas, de nuevo con llegada directa a los despachos oficiales habían logrado varios puntos de su agenda: la liberalización del control de cambios y de precios, la abolición del I.A.P.I, la entrada del país a los organismos de créditos internacionales, la aparición de un crecimiento constante de la deuda (antes del golpe de Estado el 1976 la Argentina ya debía 7 mil millones de dólares, con Frondizi, en 1958, la deuda era de 2 mil millones, hasta el final del gobierno de Perón era nula). Pero aún con estas victorias relevantes, el bloque dominante no pudo durante los años 50 y 60 cambiar la matriz productiva del país que había configurado el peronismo. Los términos distributivos entre capital y trabajo no pudieron ser modificados drásticamente, la sociedad de pleno empleo se mantuvo, y la legislación laboral permaneció casi intacta. El rol del Estado, por ende, tampoco fue radicalmente modificado, salvo algunos puntos concretos: se privatizaron los colectivos y el frigorífico Lisandro de La Torre -luego de una guerra callejera sin precedentes en nuestra historia, con una ocupación, huelga general y el despido de 9.000 obreros-, pero la función de servir de articulación con la economía no la perdió, aunque ahora, evidentemente, esa articulación estuvo enfocada en ayudar a consolidarse al nuevo capital concentrado local en alianza con el trasnacional. 

El “empate hegemónico” y el ensayo represivo de Onganía 
Los distintos traspiés de las clases dominantes y la imposibilidad de la resistencia de transformar el desgaste en contraofensiva, llevó a un agotamiento de las fuerzas en conflicto. Este “empate” desembocó en la llegada de otro interregno militar, esta vez encabezado por Juan Carlos Onganía, un hombre de perfil mediocre, ultracatólico, que imaginaba un régimen de 20 o 30 años conducido por él mismo, sin apertura democrática. Durante su mandato, que apenas duró cuatro años, supuestamente enfocado en “modernizar” el país, a partir de aumentar la concentración de capital. El objetivo era que, mediante una mayor inversión tecnológica, se podría reemplazar mano de obra y, de esta manera, debilitar la centralidad que tenían los sindicatos industriales. Al mismo tiempo, se prohibieron los partidos políticos por tiempo indeterminado, se coptó a las burocracias sindicales, se reprimió masivamente al movimiento estudiantil (y aún más, se persiguió a reconocidos docentes universitarios, provocando un exilio en masa, lo que se conoció como “la noche de los bastones largos”). Además, se devaluó la moneda y se congelaron los salarios. En conclusión, estas medidas avanzaron sobre los ingresos de los sectores populares y beneficiaron al capital monopólico internacional, verdadero ganador de esta etapa histórica. Luego de un impasse donde reinó la confusión popular, la movilización social retornó con más fuerza, y con una desconocida alianza hasta el momento: la alianza entre trabajadores industriales y el movimiento estudiantil, que tuvo un protagonismo fundamental durante el “Cordobazo” en 1969, pero impregnó a toda la época. Así, ya entrados los años 60, se produjeron insurrecciones y movilizaciones populares como el Cordobazo, el Rosariazo , el Viborazo etc, donde además de mostrar la deslegitimación del régimen militar, se planteó por primera vez desde el golpe de 1955, una alternativa de poder que superaba la estrategia defensiva en que habían quedado los sectores populares. Todo un ciclo de luchas comenzaba ahora, con la juventud como protagonista, el clima de insurrección social y cultural que emergía en muchos países del mundo en ese momento y las características propias de la Argentina, donde el sujeto peronista encontraba el resquicio para volver a poner en la agenda el regreso del líder exiliado. Así, ya no solo se planteaba la retirada de la dictadura, sino que se ponía en cuestión el papel de las cúpulas sindicales, así como la raíz de la dependencia económica. 

La crisis del gobierno militar y el auge de la movilización social
El Cordobazo terminó por limar el poder ya en declive de Onganía, que debió renunciar. Las fuerzas armadas lo reemplazaron por Marcelo Levingston, que a los pocos meses cedió el lugar a Alejandro Lanusse, quien estaría encargado de buscar una salida política al avance de la movilización popular que ya se había mostrado con fuerza durante el gobierno de Onganía. El gobierno de Lannuse, desde su inicio en 1971 estuvo signado por buscar alguna fórmula política que permitiera a las fuerzas armadas retirarse del gobierno, sin ceder todo al peronismo. De esa manera, durante ese año se levantó la prohibición para la actividad política, y comenzaron a tener visibilidad pública los partidos y dirigentes. En ese contexto, Perón todavía desde el exilio en España logró reunir a buena parte del sistema político democrática, a través de la convocatoria de “La hora del pueblo”. Se reunían allí peronistas, radicales, socialistas y conservadores. Todos pugnaban por el restablecimiento de la democracia sin proscripciones, lo cual constituía el objetivo central del peronismo desde 1955. Frente a esto, el gobierno militar de Lanusse propuso el GAN (Gran Acuerdo Nacional) que pretendía erigirse como un acuerdo entre los partidos políticos y las fuerzas armadas, cuyo fin era salvar el honor de las dictaduras que se habían sucedido en los últimos años, y controlar, al menos en parte, la salida democrática. Sin embargo, Perón rechazó el acuerdo y, ante la decisión del gobierno de que los candidatos a presidente tenían que tener residencia en el país, el líder justicialista decidió conformar el FREJULI, encabezado por Héctor Cámpora, donde confluyeron el peronismo, el movimiento de integración y desarrollo, MID, de Arturo Frondizi y sectores de izquierda. Pero el retorno del peronismo estuvo lejos de ser un juego de alta política solamente. Las condiciones sociales y políticas que permitieron el triunfo de Cámpora y luego el regreso de Perón, se construyeron en la movilización popular que había comenzado después del golpe del 55, pero que a comienzos de los setenta tuvo un nuevo pulso, a partir de la incorporación de miles de jóvenes enrolados en la Juventud Peronista. Toda una generación que, en su gran mayoría apenas tenía recuerdos de infancia del peronismo en el poder, o directamente había nacido durante la proscripción, se sumó a la política. Confluían para eso un ambiente general, en buena parte del mundo, con la explosión cultural de los años sesenta que había puesto a los jóvenes en un lugar protagónico como no se había visto antes. La misma identidad “juvenil” fue una creación de aquellos años, con reivindicaciones propias, como la libertad, el combate a la sociedad de consumo, o la ligazón entre sectores medios intelectuales y el mundo del trabajo. Pero además de ese contexto general, que se vivía tanto en Argentina como en Francia o Estados Unidos, una coyuntura local imprimió un carácter absolutamente único: estos jóvenes se incorporaron a un movimiento existente, con raíces populares inocultables, y una experiencia de lucha pero también de gobierno. El peronismo funcionó así como un gran receptor que en esos años tuvo la elasticidad necesaria para incorporar un nuevo lenguaje, más vinculado a la izquierda por momentos, como la consigna de “socialismo nacional”, que estaba ausente en los orígenes del movimiento, o la dinámica movilizadora y de estructuras de militancia en sectores medios y estudiantiles. Este fenómeno fue contemporáneo con un cierto desprestigio de algunos dirigentes sindicales tradicionales que habían entrado en una dinámica negociadora con los poderes militares de turno y habían, en muchos casos, privilegiado sus propios intereses antes que la pertenencia al movimiento peronista. La juventud sirvió, así, como un aire fresco en la larga lucha que venía llevando a cabo el movimiento peronista para recuperar el poder. Su irrupción a comienzos de los años setenta, en un contexto de crisis del régimen militar, ayudó a que tenga un lugar destacado en la campaña electoral de 1973. 

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